Comunidades indígenas se quejan de que los acuerdos con la 4T para la aprobación del tren son poco claros. Por la compra de tierras para incorporarlas al proyecto en 2020, Fonatur pagó 641 millones 332 mil 311 pesos, mientras que en lo que va del 2021, se han erogado 84 millones 858 mil 059 pesos
Norberto Vázquez
Los beneficios, se dijo, eran precisamente para las comunidades aledañas al proyecto. Una zona de influencia en su mayoría de ascendencia Maya que por siglos han padecido el desgano en la inclusión social por parte de gobiernos municipales, estatales y federales.
Con el anuncio de la 4T para llevar el progreso a esa zona, hubo una reunión de la que poco, o casi nada se sabe, entre autoridades de los tres niveles de gobierno, la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y decenas de representantes indígenas, ejidatarios y comunidades de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La ruta del Tren Maya para acceder a tierras comunitarias donde pasará el trazado de la vía, así como su incorporación como un bien del Estado, ha tenido su peculiar estrategia por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Sobre todo, en el modus operandi para convencer a la comunidad Maya.
El Gobierno de México no ha buscado el consentimiento previo de los pueblos originarios, sobre la ejecución del megaproyecto del Tren Maya, sino únicamente, “conocer sus opiniones”. Así lo acredita, el Acta de Asamblea Regional Consultiva Maya, Respecto a la Consulta Libre, Previa e Informada, sobre el “Proyecto de Desarrollo Tren Maya” a la que el reportero tuvo acceso, vía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Este cónclave llevado a cabo en la comunidad de Xul-Há, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, incumplió con el principio de “informar”, toda vez que la información disponible, a manera de datos sobre el proyecto, sus componentes y montos de inversión, no ha permitido ni el análisis, ni la comprensión de las afectaciones de este megaproyecto sobre los territorios y la vida de las comunidades indígenas.
Por parte de Fonatur asistió Luis Miguel del Villar Ponce; por la subsecretaría de Desarrollo Democrática, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rosario Téllez; mientras que Jerónimo López, asistió por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asistieron Christian Luna y Saraí Gómez; en contraste, Esperanza Namihira, dio voz como Especialista Ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas para el apoyo de proyectos.
En total, se advierte, que se tuvo una presencia de 384 personas todos de los pueblos maya y ch’ol (mujeres 118 y hombres 226), siendo autoridades indígenas un total de 74, correspondientes a un total de 54 comunidades, mismas que representan un total de 72.73% de las comunidades convocadas, así como 70 autoridades estatales y federales, seis observadores y cinco de prensa.
La información ofrecida por la autoridad en esta acta, se limitó a caracterizar de manera general el proyecto ferroviario y a recalcar los supuestos beneficios promocionales, en completa ausencia de estudios de impacto. Esto, sin duda, implica una violación a la libre determinación del pueblo Maya, en razón de su aceptación o rechazo a un proyecto, obra o actividad dentro de su área de influencia, suficiente para afectarles su modo de vida.
No se informó a las autoridades comunitarias que el megaproyecto no ha sido sometido al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), para conocer las afectaciones, no sólo por la colocación de vías del ferrocarril, sino además por el impacto de las 18 estaciones y los “polos de desarrollo” programados.
Todo esto fue muy sigiloso, incluso para su difusión en medios de comunicación, pues de acuerdo al documento, los convocantes, en este caso la Secretaría de Gobernación, el Fonatur y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sólo permitieron la entrada a un selecto grupo de reporteros: una mujer y cuatro hombres. Ni uno más.
Por ejemplo, Noé Lara Estrada, Coordinador Rural de la Comunidad de Morocoy, se quejó de la nula información sobre los “polos de desarrollo”, –como nombran a las más de siete ciudades de 50 mil habitantes– que el gobierno y el capital privado buscan crear en la Península de Yucatán, causales históricos del despojo de tierras comunitarias, del aumento de la demanda de servicios y sus costos de acceso, de la inseguridad y del desplazamiento forzado de personas y pueblos.
Matilde Cucum González, delegada de la comunidad de Icaiche, expresó que en materia ambiental, tampoco se informó que el Fonatur pretende que el proyecto completo sea evaluado por partes y no de forma integral, e incluso, busca quedar exento de la evaluación ambiental en algunos tramos o sustituir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por “un informe preventivo”.
A pesar de que la propiedad de la tierra es un elemento fundamental para el desarrollo del megaproyecto, se evidenció en esta acta, que fue insuficiente la información vertida sobre los Fideicomisos para Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras), a través de los cuales Fonatur, pretende que los ejidos aporten la tierra para la inversión inmobiliaria y la construcción de los polos de desarrollo que conlleva este megaproyecto. La información disponible, ha sido trivial y escaza, enfocada a convencer a los ejidos de que participen en los Fibras.
Al mismo tiempo, a través del INAI, se solicitó saber el pago realizado en la compra de tierras para incorporarlas a este proyecto que pertenecían a ejidatarios, así como las tierras que se han expropiado para articularlas al proyecto.
La respuesta fue que por la compra de tierras para incorporarlas al Tren Maya, Fonatur pagó en 2020; 641 millones 332 mil 311 pesos, mientras que en lo que va del 2021 –a la fecha de la solicitud– se han erogado, 84 millones 858 mil 059 pesos “a particulares, por concepto de compra venta de tierras para la constitución del derecho de vía del proyecto Tren Maya”.
Peticiones comunitarias
Raymundo Zavala, delegado de Xulhá, pidió que se traten las aguas negras y se rehabilite la laguna ya que en la comunidad sólo se cuenta con fosa aséptica, además de que se haga un reordenamiento territorial y que no se apropien de los espacios en la laguna, “como en Bacalar que cerraron los accesos a la laguna, que se les dé un espacio para que lo disfruten todos que no se limite o prohíba el paso a nadie”.
José Quezada, comisario de Morocoy, señaló sobre el convenio entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la empresa Aviomar –presuntamente para edificar un aeropuerto– al cual se le ha dado seguimiento. “El INAH no ha respondido, ya que no hay claridad, si se llevará acabo o no el convenio, ya que es una problemática importante y se puede acceder a los beneficios para poder mejorar la zona arqueológica”.
Rogelio Carrillo, del comisariado Tomás Garrido Canabal, hizo su solicitud para el pago de servicios ambientales pidió que se les responda, ya que necesitan mil 500 hectáreas, otro problema, narró Carrillo es que no los tomaron en cuenta en el programa Sembrando Vida, la falta de caminos y que se mejoren los precios de la agricultura y la ganadería.
Una importante intervención fue la del representante de la comunidad 21 de Mayo –su nombre fue borrado del documento— quién expuso el problema de camino de Arroyo Negro hasta el entronque con Caobas, cuyo tramo carretero no ha podido seguir por una deficiencia en el aspecto jurídico, además de que su comunidad tiene un problema de índole limítrofe a causa del INEGI, ya que nunca se realizó una consulta indígena sobre este punto por lo que pidió ayuda a las autoridades presente en el evento.
Otro participante cuyo nombre fue quitado del documento, ejidatario de la Unión, dijo que “hay muchas necesidades como la falta de medicinas, de carreteras, los programas federales no llegan. Es un ejido maderable, pero en algún momento se acabará, por lo cual es necesario que se apoye al desarrollo del turismo”.
Según los acuerdo a que se llegaron en la asamblea, destaca uno casi redactado de manera unilateral, que establece que “todas las opiniones sobre el proyecto de desarrollo van en el sentido de aprobarlo, ya que no hubo intervenciones que se opongan al proyecto, hubo participaciones, si bien no dijeron explícitamente que aceptan el proyecto, se entiende que están de acuerdo porque solicitan se les apoye con algún servicio o atención”.
Además, se instauró una Comisión de Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de los Acuerdos Alcanzado en esta Asamblea, integrado por 60 representantes comunitarios que asistieron a la reunión.
Derivado del contenido de esta acta, queda claro que nunca se facilitó el diálogo para que los asistentes pudieran analizar y discutir sobre el proyecto Tren Maya, para que las autoridades comunitarias plantearan de manera incluyente, sus problemáticas, canalizando sus necesidades históricas e incorporarlas a la llegada del tren. Según este escrito, exigieron resolución y la atención a necesidades reales, antes de pensar en un tren. Pero no los tomaron en cuenta.
