Dilemas en lo Judicial y sus Consecuencias Económicas
Mario Sandoval Chávez
El pasado 7 de agosto el ministro presidente de la SCJN, anuncio que renunció a la ampliación de mandato de dos años más que había sido aprobado por el Senado de la República, por lo que su periodo de 2019, concluye como fue elegido originalmente en diciembre de 2022. Su decisión, señaló, está tomada independientemente de que lo que se resuelva en el pleno de la SCJN. Sin duda no hubo consenso y unidad en el resto de los ministros, con relación a la propuesta de modificar el artículo 13 de la Reforma Judicial. Se consideró por el congreso y es seguro que el Presidente de México no lo promovió sin la previa consulta para que el actual Ministro Presidente era la persona indicada para llevar a cambio la citada Reforma, toda vez que se pretende en sus argumentos atacar la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está compuesta por once Magistrados, uno de ellos se designa como Ministro Presidente por un periodo de 4 años. Relacionados con la SCJN el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los ministros son propuestos a designación del Presidente de la República validados por el Senado de la República con un encargo de 15 años. De los once actuales, tres han sido propuesto por el Presidente López Obrador, 2 del presidente Peña Nieto y los otros 8 Ministros por los gobiernos de Calderón y Fox. Así que la controversia a resolver en la corte tenía menos del 30% de posibilidades de confirmar al Ministro Presidente actual, quien optó desde mi punto de vista por no fracturar la corte internamente haciéndose a un lado y aunque promete terminar su encargo, ya quedó debilitado por la forma en que se hizo a un lado.
De igual manera en esta semana hubo otra acción bochornosa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien se encarga de resolver las controversias en materia electoral, creado en 1996 y que ha tenido asuntos polémicos como las elecciones de 2006 y 2012, o bien los casos de Puebla y Baja California. De acuerdo a la Constitución mexicana es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y tiene competencia para resolver de manera definitiva e inatacable legalmente las impugnaciones de las elecciones federales o estatales de diputados, senadores, gobernadores y presidente de la república.
Este Tribunal resuelve de manera colegiada las impugnaciones presentadas. En noviembre de 2020 se nombró como Magistrado Presidente a José Luis Vargas Valdez, nueve meses después es removido por sus propios colegas magistrados, varios de ellos cuestionados por sus polémicas decisiones y el interés de prolongar sus posiciones. La SCJN y el Senado son quienes han tenido que ver en sus nombramientos y el tiempo de los encargos a los Magistrados de este Tribunal, por lo que la filiación política y de intereses comunes ha sido la base para su designación. Ahora la SCJN no interviene porque no tiene facultades, pero antes si intervino y ahí están las consecuencias. La rebelión interna refleja que hay una crisis y que no es creíble que en menos de un año los que aprobaron la designación de Vargas Valdez ahora recién descubren sus anomalías y excesos. Para esto temas el elector o el ciudadano no cuenta, por lo que para la mayoría pasa de largo estos acontecimientos que tienen y tendrán efectos en la vida política del país.
Mención especial también lo es identificar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un tribunal contencioso administrativo, dotado de total autonomía para resolver las controversias que se suscitan ente la administración pública federal y los particulares. Sus sentencias son recurribles en los Tribunales Federales del Poder judicial de la Federación. Este Tribunal esta integrados por magistrados que son nombrados por el Presidente de la República. Hay una Sala Superior, 46 Salas Regionales y una junta de gobierno y administración. Su nombramiento en el caso de la primera Sala es por 15 años y en el resto por 10 años. Así las cosas la mayoría de los actuales correspondió su nombramiento a los gobiernos anteriores, por lo que la filiación política sigue siendo la variable, este tribunal resuelve asuntos de impugnación contra el SAT principalmente o bien decretos y acuerdos por arte de autoridades fiscales u organismos como la Condusef, la CNBV o bien normas administrativas federales.
Las designaciones de Ministros, Magistrados y Jueces, por parte de grupos políticos en el poder en turno, es una constante que refleja la percepción para la mayoría de los ciudadanos en términos de corrupción, impunidad, dilación procesal, nepotismo y que además se adereza con los nombramientos de patentes para notarios o agentes aduanales y lo más relevante se protegen entre ellos ante sus fallas. De tal manera que las palabras antes mencionadas ha sido una constante desde los años 70s y si bien siempre han existido, han quedado patentadas como marcas registradas en los gobiernos independientemente de su color o filiación.
Lo anterior lo refiero porque tiene efectos directos en la actividad de negocios, ya sea por las controversias a leyes o decretos. Que tienen impacto en sectores como el de Servicios Financieros, Energía y Petróleo, Industria Automotriz, Textil, Metal mecánica, Agro negocios, Minería, Transporte Publico y de Carga, Comercio, Servicios e Informalidad. Y con consecuencias directas en el empleo, salarios, seguridad, educación, salud y la Justicia.
En el periodo de crecimiento de 1940 a 1970, se impulsó la industria nacional y la banca mexicana fue factor clave en ello para ser parte del llamado modelo estabilizador de desarrollo. Época que se caracteriza por una activa banca de desarrollo y privada enfocados al crédito productivo, además de que se generó una fuerte competencia en servicios bancarios y que detonó desarrollo regional en el sector bancario, es donde despegan los créditos empresariales, hipotecarios, personales y tarjeras de crédito. En ese periodo las controversias legales en tribunales no llegaban a tener el efecto negativo entre los agentes económicos como sucede en la actualidad. Si bien siempre hubo grupos favorecidos por el gobierno en turno y sus intereses creados, parecía más bien un tema tolerado porque había crecimiento en general no había desempleo y una muy baja tasas de informalidad.
A partir de los 70s y hasta el 82, la tendencia fue de gobiernos que se volcaron con fines políticos en la participación en todo tipo de negocios paraestatales, generaban empleo, sindicatos proteccionistas, ineficiencia y se cubría con deuda y más deuda, hipotecando con activos patrimoniales como Pemex y depender de los precios del petróleo para tener flujo de caja, el cual se destinaba al dispendio y gasto sin control, en 1982 había más de 1500 paraestatales, que lo mismo producían textiles, bicicletas, o artículos que no eran estratégicos. Agotaron a la gallina de los huevos de oro y nuestro poder judicial solo fue omiso y protegió a los responsables.
En el periodo de 1982 a 2000, se generó una fuerte actividad pública para desprenderse de la mayoría de las paraestatales, no solo de las no estratégicas. Lo malo es que se vendían con la etiqueta de black Friday o buen fin, se desprendían de los activos a precio de ganga, pero se mantuvieron los pasivos y servicios de deuda hipotecando más al país y la mayoría de los causantes que eran personas físicas a pagar por las siguientes cuatro generaciones de mexicanos (Fobaproa), así se perdieron sectores clave como el financiero o ferrocarriles (previos o durante el inicio del TLC) que pasaron al control de extranjeros.
En la crisis de los 90s se generó una cultura de no pago, ya no era solo una estrategia de las grandes corporaciones litigar en tribunales, sino que de esa fecha a la actualidad, todo tipo de empresas y personas buscan evadir sus obligaciones de pago, sin buscar la mediación, sino que apuestan a caducidad o prescripciones. Los que litigamos asuntos en materia civil y mercantil, identificamos la dilación procesal, la soberbia y el olimpo del claustro jurisprudencial de jueces, secretarios de acuerdo y hasta de los archivistas en los juzgados del fuero común y federales.
Todas la acciones en el ámbito judicial, generan reacciones en las actividades económicas, así que al ver las diferencias en los criterios de magistrados en la SCJN o el Tribunal Electoral, tendrán impacto en las decisiones económicas de inversión y estabilidad, no puede ser que haya posiciones encontradas para ver qué es lo mejor para México y no solo para el poder político y económico. La Reforma Judicial está en la mesa, no puede quedar en letra muerta y seguir mal como vamos, hay que meterle velocidad a los asuntos judiciales, ser parte de la solución y no parte del problema.
Están muy bien pagados, sin rendición de cuentas ni sanciones más allá de las que hacen públicas cuando les conviene ante cierto sector de la opinión pública en temas de acoso sexual, nepotismo o corrupción. Pero la percepción de la mayoría es que la justica en México es lenta, muy lenta, no es justa y menos gratuita. El buen juez por su casa empieza.
twitter@MarioSanFisan
CEO FISAN SOFOM ENR
Ex Presidente Nacional AMFE
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