El lavado de dinero, ¿prioridad de la 4T?
Norberto Vázquez
Pablo Gómez fue un perseguido político por el régimen priista, y ahora, a él le tocará, emprender la persecución contra los delincuentes de cuello blanco que pululan en el sistema económico nacional
El gobierno de la 4T ha emprendido un ríspido combate contra el lavado de dinero desde el inicio del sexenio, donde importantes figuras de la farándula y personajes relacionados con el calderonismo y el peñismo, se han visto envueltas en pesquisas que les sigue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que presidía hasta hace unos días, Santiago Nieto, y que ahora encabezará Pablo Gómez. Esto no es nuevo, el blanqueo de capitales ha sino un lastre en las últimas tres décadas donde el crimen organizado ha sido el principal operador de estas conductas financieras ilícitas, que de alguna forma, hay que decirlo, forma parte del círculo vicioso con que funciona el sistema económico nacional.
Pero ya cuando estas operaciones involucran un entramado que desfalcó a las arcas públicas, es digno de comentar, para que todas las baterías del Estado resuelvan estas controversias.
Hagamos cuentas, ¿cuántos delincuentes de cuello blanco no han operado en las entrañas del poder administrativo en México? Al respecto, nunca se han realizado investigaciones serias donde políticos, empresarios y ahora resulta que artistas han sido cómplices en estos actos catalogados como lavado de dinero.
Por ejemplo, la UIF está investigando a la famosa cantante Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó la institución. En un breve mensaje, el organismo presidido por Gómez confirmó que existe una investigación contra la artista y su esposo por defraudación fiscal y por lavado de dinero.
Otro caso. De manera reciente, la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda y captura contra la popular presentadora mexicana Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, a quienes UIF acusa de lavado de dinero. Y es que a mediados de septiembre trascendió que Gómez Mont y Álvarez Puga fueron acusados de peculado (malversación de fondos), delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los tres mil millones de pesos, por lo que se emitió una orden de arresto en su contra.
Pero aquí hagamos un alto. Las presuntas acusaciones que pesan sobre Inés Gómez y su pareja, son sobre contratos fantasma que cobraron a la Secretaría de Gobernación para dar servicio en materia de seguridad cibernética a los reclusorios del país, adscritos a esta secretaría de Estado. Aquí la pregunta. ¿Quién o quienes los apoyaron para este fraude desde el interior de la Secretaría de Gobernación? Porque no creo que en este mega desfalco, la pareja haya actuado de manera solitaria sin que nadie al interior de la dependencia federal se haya dado cuenta. Que funcionarios se llevaron un reparto de utilidades.
Recordemos que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, por su propia naturaleza, tiene características específicas que requieren para su prevención y combate de la intervención de diversas autoridades y sector privado en un plano de colaboración plena.
Las autoridades financieras y la UIF, tienen modelos preventivos, persecutorias y de impartición de justicia del delito de lavado de dinero que requiere de un conocimiento profundo de las diferentes entidades que integran el sistema financiero, así como de las diversas actividades económicas que por sus propias características pudieran resultar vulnerables para que los delincuentes las pudieran utilizar para lavar las ganancias procedentes de sus actividades ilícitas.
En otras palabras, el lavado de dinero consiste en ocultar la fuente ilegal del producto de actividades delictivas con la expectativa de utilizarlo para realizar actividades legales e ilegales, para decirlo de forma simple, el lavado de dinero es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio.
Aquí el entramado es saber como el narcotráfico y los delincuentes de cuello blanco, han utilizado el sistema financiero nacional por años en un proceso para ocultar o disfrazar la existencia, el origen, o uso de recursos generados a través de actividades ilícitas a efecto de integrarlos en la economía con apariencia de legitimidad. En el caso de Inés Gómez, se daba en viajes suntuosos con amigas de la farándula y compra de casas en Miami, Florida.
Que tal cuando incluso, la 4T denunció penalmente a un grupo de iglesias por lavado de dinero y evasión de impuestos. Estas organizaciones religiosas han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y, por tanto, han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La 4T va enserio contra el lavado de dinero. Una actividad que tendrá que decirse, ha sido cómplice silencioso de las finanzas públicas donde nadie ha dicho nada y nadie ha visto nada.
Ahora que paradoja, Pablo Gómez fue un perseguido político por el régimen priista, y ahora, a él le tocará, emprender la persecución contra los delincuentes de cuello blanco que pululan en el sistema económico nacional.
