La privatización de la tierra en México
- A 25 años de las reformas salinistas
- Disminuye la propiedad social: INEGI
- Más de 6 millones de hectáreas son explotas por personas ajenas a los campesinos e indígenas, auténticos dueños
Guillermo Correa
Hace 25 años el país se estremeció con una iniciativa de Carlos Salinas de Gortari para cambiar el Artículo 27 Constitucional con la finalidad de acabar con el reparto agrario e iniciar la privatización de la tierra, con lo que dio al traste con el motivo principal de la Revolución Mexicana, cambios que si bien avanzaron en un principio con dificultades se conoce ahora que funcionan y es el propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística el que en un informe reciente asegura que la demanda principal del campesinado mexicano, base de la Reforma Agraria, ha caído para prefigurar de una nueva cuenta un escenario rural en el que domina la propiedad privada.
Se trata de la actualización del documento titulado Marco Censal Agropecuario 2016 que ofrece datos alentadores para algunos y preocupantes por lo que respecta a los campesinos e indígenas del país, pues la llamada propiedad social de la tierra ha disminuido según el reporte del INEGI, que –dice- por primera vez en la historia se cuenta con el mosaico de terrenos rurales en México a un máximo nivel de detalle geográfico y estadístico.
De esta forma sabemos ahora que en el país hay 9.3 millones de terrenos rurales en los que la actividad principal es la ganadería, cifras que representan a 190.3 millones de hectáreas y el 96.9 por ciento de la superficie total nacional. De ese total, 7.1 millones corresponden a la propiedad social, a ejidos y comunidades agrarias que ocupan 101 millones de hectáreas. A reserva de tocar en próxima ocasión algunos temas derivados del informe –inconsistencias, agrícolas sobre todo, que se deben explicar– lo que importa ahora es lo relacionado con la cuestión agraria. Primero que a lo largo de los últimos años los terrenos originales se han fraccionado aún más. Pero lo que llama la atención es que entre 2007 y 2016 se observa una reducción de la superficie de propiedad social –ejidos y comunidades–, al pasar del 51.5 por ciento del total nacional, al 47.3 por ciento, lo que representa una reducción mayor a los 4 puntos porcentuales; en tanto, la superficie de la propiedad privada creció durante el mismo periodo en casi 5 puntos, al pasar del 38.8 por ciento de total nacional en 2007 al 43.6 por ciento en 2016. Un dato preocupante más es el rentismo que se da en el 3.8 por ciento de la tierra de campesinos y nativos. El INEGI sólo ofrece los datos censales, pero no explica el fenómeno.
Per se da el caso de que en la misma semana pasada se dio a conocer un estudio sobre El Régimen de la Propiedad Agraria en México, de Francisco López Bárcenas, especialista en el tema, al que ha dedicado la mayor parte de su vida y quien dice que la obra se trata de una especia de manual de primeros auxilios en la materia para que los campesinos, ejidatarios, pequeños propietario o comuneros, de manera individual o colectiva, puedan defender sus derechos.
La primera razón del por qué ha disminuido la propiedad social de la tierra se encuentra en las reformas de 1992 a la Constitución, a la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria y a la aprobación de una Ley Agraria cuyo sustento fue permitir que las tierras circularan en el mercado, lo que se ha hecho a través de la compraventa y el arrendamiento –explica el autor–, fundamentalmente, siempre y cuando se cumplan con requisitos que en la práctica, juicio propio, son burlados con frecuencia. Cabe señalar que antes de los cambios estaba prohibido comercializar los terrenos ejidales o comunales, los cuales únicamente podrían trasmitirse por herencia.
Dice Francisco López Bárcenas: A dos décadas de aquellas reformas profundas al marco jurídico mexicano los resultados comienzan a mirarse. De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional (RAN), hasta el año 2000 se inscribieron 35,803 actos de enajenación de tierras, mientras para el 2008, la cifra había aumentado a 62,055, lo que significa un incremento de 73.3 por ciento de este tipo de actos. De lo anterior, agrega, se puede inferir que conforme el tiempo pasa aumenta la compraventa de tierras ejidales y comunales, principalmente en zonas conurbadas y costeras. De donde se deduce que el destinos de los terrenos que pasan del régimen social al privado no es la agricultura, sino desarrollo turísticos e inmobiliarios. López Bárcenas subraya que la cantidad que registra el RAN es sólo indicativa ya que muchos actos de este tipo no se registran pues no es una obligación legal hacerlo; lo que es obligación es registrarlo en el Registro Público de la Propiedad, pero de ello no se cuenta con datos públicos oficiales.
Por otro lado, siempre citando al autor, según el Censo Agrícola y Ganadero 2007, en el país se encuentran rentadas 2 millones 667 mil hectáreas, 667 mil en aparcería, un millón 557 mil prestadas y “bajo otra forma” un millón 435 mil hectáreas. En suma, 6 millones 300 mil hectáreas de tierra son usufructuadas por personas ajenas a los titulares de los derechos ejidales o comunales.
“El dato puede parecer menor pero si se lee en contexto no lo es tanto. Resulta que estas tierras si se destinan a la agricultura y en conjunto, las que se dedican a este tipo de actividad ascienden a 31 millones de hectáreas y de estas 22 millones se cultivan, de ahí que las tierras cuyo titular no las siembra representan el 28.8 por ciento de las tierras cultivables. Como es de suponer el arrendamiento lo realizan los agricultores que se dedican a la exportación de alimentos”.
Existen otras actividades para las que también se rentan las tierras, indica López Bárcenas. Y son los negocios de las empresas trasnacionales mineras, de explotación y extracción de hidrocarburos, petróleo, gas, generación eléctrica, hidráulica, eólica o solar. Afirma: En las dos últimas décadas ha sido cuando estas compañías se han introducido en nuestro país ocupando gran parte del territorio nacional -tan sólo la minera hasta el año 2010 tenía concesionado el 28.58 del territorio- y la manera de ocupar lo nacional ha sido principalmente el arrendamiento. Hay varias razones para ello, una es que les resulta más barato pues una vez que las han explotado pueden abandonarlas y marcharse sin problemas, otras es que la Lay Agraria -la Salinas- les permite un plazo más amplio que el Código Civil, además de que la primera es omisa mientras el segundo obliga al arrendatario a responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares o sirvientes…
Valioso el trabajo de Francisco López Bárcenas, la edición es de este año, cuenta con 120 páginas y se puede leer gracias al Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas A. C., y al Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano A. C., Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A. C.
DESDE EL CENTRO
En la cumbre del G20 Donald Trump se encontró con un cerco de aliados contra sus políticas en materia de cuidado del ambiente, comercio y migraciones. También reiteró su intención de que se construya un muro pagado por México, a lo cual el presidente Enrique Peña Nieto ni siquiera se inmutó, lo mismo que Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores… El presidente de la AMSDA, Héctor Padilla Gutiérrez, reforzó acciones a favor del medio ambiente y buscará multiplicar las plantaciones comerciales de biocombustibles en el país, donde podría aprovecharse la higuerilla, las excretas del ganado, caña de azúcar y el sorgo… Luis Videgaray inició este lunes las negociaciones del TLACAN con el senador John Cornyn, representante de Texas. Ojalá en canciller piense en beneficiar al campo nacional y no ofrezca dádivas como lo hizo con el azúcar.
