- Los armeros estadounidenses se arman contra México
- Estado mexicano, listo para presentar argumentos sólidos
- Será un hecho histórico sentar en el banquillo de acusados a fabricantes
Juan Barrera Barrera
El 4 de agosto el gobierno de México demandó en Massachusetts a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas, implicándolas directamente en el tráfico ilegal hacia México y responsabilizándolas indirectamente de la violencia criminal y asesinato de miles de mexicanos con armas de esa procedencia.
Pero este lunes los fabricantes tomaron la ofensiva cuando se cumplía la fecha para responder la demanda del gobierno de México, y pidieron al juez que deseche la demanda civil en su contra. Argumentan que el Estado mexicano no tiene la facultad legal de llevarlos a juicio porque no ha demostrado que sean responsables de la ola de violencia que azota al país.
De inmediato, el miércoles, el juez Dennis Saylor, de la Corte federal de Massachusetts, dio como plazo al gobierno de México el 23 de enero de 2022 para responder a las 11 empresas fabricantes de armas, y al mismo tiempo fijó para el 27 del mismo mes para celebrar la audiencia sobre la petición de desechar el caso a solicitud de los fabricantes armeros.
A finales de febrero se abrirá una nueva fase de contrargumentaciones por parte de las empresas demandadas y posteriormente el juez deberá decidir si admite la demanda de juicio o la rechaza. Será un proceso jurídico muy largo que podría llevarse varios meses.
Estrategia bilateral y multilateral
México se ha echado en hombros un gran reto frente la poderosísima industria de armas de fuego de la potencia del norte para lograr algo sin precedentes: que los fabricantes asuman su responsabilidad en las miles de muertes en territorio mexicano por el uso de sus productos.
Con el objetivo de reducir la capacidad de fuego de las organizaciones criminales en nuestro territorio, el Estado mexicano ha emprendido una ofensiva diplomática y legal para reducir el tráfico de armas hacia nuestro país. La estrategia corre por dos vías: la bilateral y la multilateral.
La demanda es un asunto de suma prioridad para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de tal suerte que el problema lo ha llevado, este lunes, el canciller Marcelo Ebrard al mismo seno del consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que presidirá México durante el mes de noviembre.
“México hace un contundente llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo”, expuso el jefe de la diplomacia mexicana desde Nueva York, Marcelo Ebrard, en su ofensiva desde el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ebrard Casaubon, artífice de la querella junto con el asesor legal de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio Alcántara, en su calidad de presidente temporal del Consejo, acusó que el tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas y ligeras, así como su acumulación y proliferación en distintas zonas del mundo, es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
“Es un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil: destruye el tejido social, propicia la violencia, en especial contra grupos vulnerables, genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad”, denunció ante miembros permanentes y no permanentes del Consejo, así como de otros Estados de la ONU.
Sin argumentos válidos, la estrategia de fabricantes contra México
El gobierno mexicano ha trabajado la estrategia durante dos años, los pros y contras, y las posibilidades reales de ganar la demanda civil contra la poderosa industria bélica. Los argumentos de la parte mexicana son muy sólidos. Se pretende resarcir parte del daño causado durante décadas de violencia del narcotráfico que es el principal comprador de forma ilegal de las armas que producen las empresas estadounidenses.
Tres son los factores que han incrementado el tráfico de armas desde Estados Unidos. Incremento en la producción de armas de asalto desde mediados de 2000; la flexibilización de las normas estatales para adquirir armas y una nula regulación para su adquisición. A ello hay que sumar el tráfico hormiga a través de más de 3 mil kilómetros compartidos de frontera. Se calcula que anualmente medio millón de armas pasan a México de forma ilegal, de las cuales el 80 por ciento caen en manos de las organizaciones delincuenciales.
Los poderosos fabricantes, habituados a los litigios, han centrado su estrategia de defensa en ataques contra el gobierno de México. Espetan que México presentó la demanda civil porque busca culpar a los fabricantes y distribuidores de armas de fuego, y porque es incapaz de controlar a los cárteles de la droga en su propio territorio.
Pero a pesar de que la parte quejosa ha precisado que la demanda no tiene nada que ver con la Segunda Enmienda que permite legalmente a los estadounidenses poseer armas, los fabricantes acusaron al gobierno mexicano de incompetente y corrupto, que intenta imponer sus políticas de control de armas, en violación al derecho constitucional de tener y portar armas en Estados Unidos.
México llevará a los armeros a la Suprema Corte
La iniciativa legal de México contra la poderosa industria de armas de fuego es titánica que aunque está radicada en un distrito que no controlan los jueces conservadores, los fabricantes harán lo imposible para que el Estado mexicano no logre sentarlos en el banquillo de los acusados ante la Suprema Corte de Justicia de su país.
Todos saben, incluyéndolos a ellos, que tienen responsabilidad en el tráfico ilegal de armas hacia México, que son utilizadas primordialmente por las organizaciones criminales, dejando muerte, dolor y secuelas irreversibles en miles de familias de las víctimas.
Es de recordar que demanda civil fue abordada por el Estado mexicano como una “cuestión de principio y una obligación moral” para evitar el dolor y afectación a las miles de familias afectadas por el uso de armas ilegales. Sin embargo, es del conocimiento público que los fabricantes ni sus armas tienen moral.
La parte demandante tiene todos los elementos legales y morales para ganar el juicio a los productores de armas de fuego y de ser así sentaría un precedente histórico que bien podrían aprovechar otros países.
