Litigios con aseguradoras, un alto riesgo para la 4T
Norberto Vázquez
Seguros Atlas, es la muestra de un sector que en México se está acostumbrando a ir a tribunales antes que hacer frente a sus compromisos con sus clientes por la poca regulación de las autoridades
Con la austeridad republicana impuesta por el gobierno de la 4T, lo que menos quiere la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, es contratar a empresa que no vayan a cumplir sus compromisos, y peor aún, que se tenga que recurrir al litigio para hacerles pagar las pólizas a las que se comprometieron.
Sí, estoy hablando de la industria de las aseguradoras. Ese nicho amparado en “la letra chiquita”, que ni la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), ni el Poder Legislativo, mucho menos la limitada Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) han podido frenar el mar de juicios legales que existen contra las firmas aseguradoras por incumplimientos. Por si fuera poco, también retan al gobierno federal con juicios prolongados que duran años. Le cuento.
El actual gobierno, con miras a la conclusión de contratos por parte de las entidades federales este fin de año, las dependencias gubernamentales buscan terminar su relación con empresas que hayan estado en la mira de las autoridades. Se habla de empresas como Seguros Atlas, señalada por no hacer efectivas las pólizas de sus asegurados. Caso concreto es el de la Compañía Mexicana de Exportaciones (Comesa), pues lleva más de tres lustros en una disputa legal con la aseguradora, exigiendo el pago de 3.5 millones de dólares, por lo que Seguros Atlas podría formar parte de las empresas que no entren en planes de contratos y licitaciones con la 4T y sufra los efectos de la austeridad republicana.
Documentación en poder de esta columna, revela que desde 2005, Comesa, una paraestatal incorporada a la Secretaría de Energía que ofrece soluciones integrales para la exploración y producción de hidrocarburos, pidió el reembolso de estos 3.5 mdd, por indemnización de activos robados en sus instalaciones. Atlas, simplemente dijo “que no estaba obligada a ello en términos de la póliza contratada”.
Comesa, pidió en 2007 a la Condusef, un dictamen técnico y fijara su postura sobre el caso. Mediante este dictamen, la institución determinó que Atlas pagara mínimo 2.2 mdd, menos el 25% de deducible previsto en el contrato de origen. Inmediatamente, Atlas promovió un juicio de nulidad frente a este dictamen “conciliatorio” ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En otras palabras, Atlas les dijo a Comesa y a Condusef que se fueran muy lejos “con su dictamen”.
El caso subió de tono y siguió en lo civil. Diverso juzgados de la Ciudad de México, han sido mudos testigos de las resoluciones a favor de Comesa. Y una y otra vez, la firma aseguradora vuelve a su estratagema y se ampara. Fue hasta el 2016, que se le obligó a Atlas a pagar 4.1 mdd a la empresa paraestatal. De esa indemnización, luego de 15 años de disputas legales, nadie sabe si se hizo efectiva.
Una más. En 2019, Luis Alberto Miranda, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infornavit) en Morelos, denunció que la firma durante dos años nunca respondió a la aplicación de los seguros en las casas afectadas por los sismos de 2017 –del 7 y 19 de septiembre— por lo cual buscaron demandarlos penalmente, ya que no respondían a inmuebles dañados en zonas de ese estado como Tetelcingo, Cuautla, Pochotal, Juitepec, Aculapa y Yautepec. Igual que lo de Comesa, no se sabe si cumplieron con el Infonavit sus compromisos.
De manera reciente, conversaba con un experto litigante en materia de seguros sobre este tema. Su reflexión, es que el mercado asegurador en México está muy viciado. Para él, los tribunales colegiados en todo el país y la Suprema Corte, son los fieles escaparates que reflejan cientos de demandas legales todos los años contra aseguradoras por parte de ciudadanos, gobiernos municipales y estatales, empresas públicas y privadas, e incluso, secretarías de Estado.
En abril de 2013, se publicó en el DOF la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), misma que entró en vigor a partir de abril de 2015. El objetivo central de la LISF, era robustecer el marco jurídico de los sectores de seguros y de fianzas para mejorar su solvencia, estabilidad y seguridad, conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales. En concreto, para evitar el litigio con sus clientes.
En la nueva normatividad, se incorporó el llamado seguro de “caución”. Le explico, éste consiste en el pago de una indemnización al asegurado para resarcirlo por daños patrimoniales sufridos por incumplimiento de obligaciones legales o contractuales por parte de la aseguradora. Es decir, se prevé el litigo, que como se documentó, pueden tardar años.
Hoy, la 4T está jugando con fuego. La Sedena, el Infonavit y el Gobierno de la CDMX tienen contratos con Seguros Atlas. Si con su austeridad republicana, lo que menos quieren es invertir en juicios, deberían ir al fondo, y revisar en términos generales al sector asegurador. Ya son muchas las voces, que piden poner en orden a un nicho muy poco regulado.
