Ciudad de México.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, advirtió que la propuesta de reforma eléctrica del gobierno federal implica regresar a México a un modelo cercano al de 1960.
Al participar en el décimo foro del Parlamento Abierto en la materia, sostuvo que la iniciativa presidencial no logrará lo que el Ejecutivo quiere para los mexicanos ni para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
«Queremos que los mexicanos tengan acceso a una energía barata y limpia, queremos una CFE fuerte y vigorosa, pero esta propuesta de reforma no logra lo que el presidente quiere para México y los mexicanos», aseveró.
El empresario expuso que el modelo privado en México ha contribuido al dinamismo económico, así como a mantener finanzas públicas sanas, la sustentabilidad ambiental y la integración global.
Sostuvo que participación privada en el sector eléctrico ha logrado avances, entre los que se encuentra que las empresas puedan acceder a suministro más competitivo, al fortalecimiento financiero de la propia CFE, y al avance acelerado en la transición a fuentes limpias.
Salazar Lomelín indicó que la Comision no va a desaparecer ni está en riesgo su existencia, «así lo demuestran sus resultados financieros».
Advirtió que el debate se ha centrado en el tema de la generación eléctrica, sin embargo, «tanto la transmisión como la distribución son monopolios del Estado».
«Qué más control necesita el Estado cuando independientemente de quién genera y cómo se genera la electricidad, se tiene todo el control de los costos y de la manera de llevarlo a los consumidores, ahí está la soberanía señores diputados», apuntó.
En esa materia, recomendó permitir que la Iniciativa Privada pueda invertir en esos rubros, lo que ayudará a reducir los costos de generación, permitiendo acceder a fuentes de energía renovables y de bajo costo; «al tener una red más robusta, el suministro eléctrico para los mexicanos es más seguro y de mayor calidad».
El titular del CCE también lamentó que los ponentes a favor han señalado a las empresas privadas de operar ilegalmente.
«Esto no es cierto, lo hemos dicho siempre, que se castigue a quien haya violado la ley, no se requiere una reforma constitucional para aplicar las leyes que tenemos, es obligación de la autoridad aplicarlas», concluyó.
