Ciudad de México.- A pesar de los esfuerzos realizados en la promoción y garantía de los derechos de los indígenas, existen pendientes y singularidades que no sólo afectan la preservación de sus tradiciones, sino también su patrimonio, en particular sus propiedades.
Tal es el caso del territorio wixarika en Nayarit, donde se registran cerca de 62 posesiones irregulares que abarcan alrededor de 10 mil 400 hectáreas, sostuvo el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (PRI).
Con estos actos, señaló, se incurre en una evidente violación de los derechos jurídico-legales y humanos de la comunidad indígena y en la perpetuación de este delito.
Orozco Sánchez Aldana, secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal, dijo que a pesar de que Tribunales Agrarios reconocen jurídicamente la propiedad de las tierras de los indígenas, los invasores se niegan a restituirla. Con ello, “desconocen nuestro Estado de derecho al violentar las garantías de estas comunidades”, aseguró.
Consideró que para solucionar este problema es necesario otorgar recursos suficientes al Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), a fin de garantizar una solución definitiva a este conflicto que “cada vez se agrava más”, apuntó.
El diputado propuso exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para que asignen recursos extraordinarios al Cosomer e iniciar la atención inmediata de las resoluciones de juicios de restitución de tierras contra posesionarios irregulares.
El exhorto, turnado a la Tercera Comisión de la Permanente, señala que las dependencias federales deben garantizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, recursos presupuestarios suficientes a dicho programa.
Asimismo, atender el conflicto agrario que padecen las comunidades indígenas, particularmente el pueblo wixarika de San Sebastián Teponahuaxtlán, del municipio de Mezquitic, Jalisco.
El legislador argumentó que en nuestro país las comunidades indígenas continúan relegadas, lo que genera condiciones de alta marginación y exclusión; tal es el caso del pueblo wixarika que habita en zonas de los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas.
Lamentablemente, continuó, al ser poseedores legales de una gran extensión de tierras, son acosados y violentados por la invasión de sus propiedades, en lugar de que representen una oportunidad legítima para mejorar sus condiciones de vida.
Recordó que a pesar de que en 1953, por resolución Presidencial, se les otorgó el reconocimiento y titulación de sus tierras en 240 mil 447 hectáreas, se desconoce deliberadamente este acto al ser víctimas de invasiones ilegales.
En 2003, a través del Cosomer, se aplicaron 293 millones 614 mil 416 pesos para dar solución al conflicto; sin embargo, el monto no fue suficiente para arreglar de manera definitiva el altercado. En 2016, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 determinó el reconocimiento jurídico de la propiedad a la comunidad wixarika y dispuso la restitución de 184 hectáreas, en primer término.
Esta resolución judicial, dijo José Luis Orozco, no mitigó el problema; por el contrario, generó situaciones graves y alarmantes de hostigamiento y violencia hacia los integrantes de la comunidad wixarika, derivando incluso en el asesinato de dos líderes de esta comunidad, el pasado 20 de mayo de este año.
Ante ello, agregó, “los diputados tenemos la facultad y la corresponsabilidad de devolver a los integrantes de la comunidad wixarika lo que les arrebataron, así como garantizarles un entorno propicio para el libre y digno desarrollo de su vida en condiciones favorables; de no hacerlo, se afectaría la preservación de su cultura, sus tradiciones y su patrimonio”.
