La ley y el desorden… su efecto en los negocios
Mario Sandoval Chávez
En seis meses más, el 31 de diciembre de 2022, termina el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su gestión como ministro presidente inicio el 1 de diciembre de 2019. Desde el año 2009 es ministro de la corte, propuesto por el ex presidente Felipe Calderon y que sin embargo se le ha identificado por sus detractores y críticos como cercano al presidente López Obrador, toda vez que se impulsaba una ampliación de mandato en la SCJN, que buscaba una reforma efectiva al poder judicial, que finalmente declinó pues no contaba con el apoyo de sus colegas, en especial con el grupo más conservador. La SCJN es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación.
La SCJN está conformada por once ministros, uno de los cuales se designa como su presidente, quien es responsable de la dirección de la SCJN y su representante ante los otros poderes Legislativo y Ejecutivo. Sin duda la autonomía de los poderes es el elemento clave en una democracia participativa, sin embargo, la opinión publica en nuestro país, por décadas ha generado dudas y en ocasiones confirmadas del alineamiento de las instrucciones del Poder Ejecutivo. Situación compleja históricamente y que a nuestro país ha costado en credibilidad la autonomía de las instituciones.
De los once ministros actuales, cinco fueron propuestos por el ex presidente Calderón, dos por el ex presidente Peña Nieto y cuatro por el presidente López Obrador. No hay duda que, al ser propuestos por el presidente en turno, la alineación y orientación política será con quien los propuso, eso sí investida de neutralidad, honestidad y legalidad que será apoyada o criticada por los partidos políticos según su conveniencia.
Ahora bien, si esto sucede en la SCJN, se confirma más notoriamente en los tribunales del fuero común esto en cada entidad y la Ciudad de México, sucede lo mismo. El presidente del Tribunal de cada entidad es apoyado por el gobernante en turno, por lo que su afinidad y cercanía política es el principal requisito no escrito. Precisamente por ello la autonomía del poder Judicial se pone en duda y hay razones cualitativas y cuantitativas para ello.
Tanto a nivel federal como a nivel local, los requisitos que destacan para ser ministros, magistrados o jueces son en general; Ser ciudadano mexicano, mínimo 35 años para los ministros y 30 años en los jueces, contar con título de licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años para los ministros y cinco años para los jueces, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito, haber residido dos años anteriores a la designación.
En el caso de los ministros de la SCJN no haber sido Secretario de Estado, Fiscal, Senador, Diputado, Titular del Poder Ejecutivo (gobernador) durante el año previo a su nombramiento y finalmente se establece que deberán distinguirse por su probidad y capacidad en la impartición de justicia. En los Juzgados federales y del fuero común son actores clave los Secretarios de Acuerdos y los Actuarios, aplican criterios similares con la salvedad de experiencia de tres años. Lo anterior de manera general establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Estados.
Lo anterior ha generado que si bien pueden ser académicos y funcionarios públicos con alto grado de especialización en diversas leyes y jurisprudencia (les gusta memorizar artículos y leyes). También es un hecho que no está en los requisitos lo más importante que es la experiencia práctica en el litigio y sus resultados como litigantes, esto es cuantos años de experiencia judicial puede tener un juez si las sentencias o laudos en firme en México son de cinco años y para ejecutar sentencias o laudos son de 7 a 10 años. Que experiencia en materia de litigios en primera instancia, apelación y amparo tienen como litigantes, en mi opinión deben tener mínimo 10 años como litigantes y con resultados probados antes de ser postulados a jueces o magistrados o ministros y en el caso de secretarios y actuarios mínimo de 5 años como litigantes. La experiencia práctica hace al maestro.
Hoy el nepotismo, el influyentísimo político y económico siguen siendo la base de elección, por lo que encontraremos que hay familiares en primer y segundo grado trabajando en tribunales, incluso en los mismos juzgados, el requisito de experiencia probada como litigante no es exigida y entonces la improvisación y la imposición son factor. Hoy se le da tema a la equidad de género y los derechos humanos, pero no a la capacidad y resultados. Se toman acciones ante comportamientos obvio de acoso, de enriquecimiento inexplicable o de revanchismo interno.
No hay sanción pública ni federal ni de fuero común por la inejecución de sentencias de jueces ineptos o corruptos, por lo que la percepción de justicia en México es negativa tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Siendo un país con Leyes de diversas materias y que han sido actualizadas incluyendo el uso de medios electrónicos, sin embargo, la pereza procesal y la falta de rendición de cuentas, más allá del discurso, no ha sido aplicado en la realidad. Hago mi énfasis en materia CIVIL y MERCANTIL, en donde los asuntos comerciales se ventilan y deberían resolver para dar seguridad a los negocios y en consecuencia a la inversión y el empleo en México.
El sector financiero tiene diferentes etapas en la recuperación de crédito, el de la promoción, que impulsa el negocio y si algo sale mal, culpa a su área de crédito por autorizar sus propuestas, luego se turna a jurídico, donde éstos contratan a abogados externos en especial en los asuntos más complejos, luego los asuntos se dilatan por años, primero cambiando administración interna las entidades financieras y el problema sigue ahí pendiente, con la salvedad que lo convierten en castigos y reservas que financieramente se compensan con comisiones y tasas altas a los clientes buenos que sí pagan.
En el sector financiero nos ha faltado unidad y hacer labor de diálogo con el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Los asuntos litigiosos no pueden ser tan largos en materia civil y mercantil, eso inhibe la inversión y la dispersión de crédito con oportunidad y sin exceso de garantías reales, los proyectos deben valer por sí mismo y la garantía es cubrir la contingencia, pero cuando se antepone la garantía, el crédito sin duda es mayor riesgo.
Los financieros deben estudiar y actualizarse más sobre temas jurídicos financieros para que comprendan el tema de riesgo de liquidez y capital y sus efectos legales, que puedan valorar lo derechos litigiosos comercialmente, para eso se necesita práctica y salir del tema de la planeación especulativa y los conceptos Fintech que son una evolución si de la tecnología, pero con riesgos de modelos ponzi digitalizados.
No hay duda que tenemos leyes de avanzada, que hemos actualizado el Código de Comercio y los Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles. Sin embargo, aún hay grandes distancias en la aplicación de herramientas digitales, si bien el poder judicial de la federación ya opera en línea para consultar, promover y notificar digitalmente, a excepción de la CDMX, en otras entidades salvo asuntos en materia de apelación, los procesos siguen siendo presenciales o limitados a asuntos que necesariamente requieren de corresponsalía legal en sus entidades. El Consejo de la Judicatura Federal, los Supremos Tribunales de los Estados, el TSJ CDMX, deberían coordinarse para comprometerse a digitalizar los procesos en todo el país, de tal manera que despachos, exhortos y promociones sean vía electrónica, se bajen costos y se reduzcan los tiempos procesales al 50% de los que hoy se ejecutan, eso sin duda bajaría costos de dinero y de apertura al crédito productivo. Es decir, generar CONFIANZA.
La ley no puede estar arriba de los intereses de la mayoría, ni al margen de la misma, pues de lo contrario solo genera caos y desorden. Necesitamos robustecer el poder judicial en materia civil y mercantil con gente capaz y con experiencia, no en base a meritocracia de la burocracia orgánica, política o de familias de diferentes generaciones cuyos apellidos se reciclan en el poder judicial. Pueden ser muy buenos, pero afuera también hay litigantes de excelente calidad. Necesitamos ese cambio y salto de calidad en beneficio de la credibilidad y la justicia para las personas y las empresas en México.
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
Ex Presidente Nacional AMFE
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@MarioSanFisan
