Los oídos sordos de la 4T en el caso Excélsior
Norberto Vázquez
La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de solucionar el conflicto de los cooperativistas con Grupo Imagen no ha tenido eco en la STPS de Luisa María Alcalde.
Su ruta de lucha ha sido larga y tediosa. Lo peor: muchos de los que comenzaron la defensa de sus derechos a lo largo de un drama lleno de corrupción y avaricia, sólo han encontrado la muerte. Los personajes hablan por si solos, Regino Díaz, Martha Sahagún y hoy la pesada contienda legal contra el Grupo Imagen de Olegario Vázquez Aldir. Todos. Líderes del periódico, gobiernos en turno y empresarios, han metido la mano. Y los socios cooperativistas siguen en las mismas.
Los promotores de la 4T en campaña les prometieron solución, los cooperativistas creyeron en ellos e incluso les organizaron eventos para promocionar el voto a su favor. Así lo hicieron. Hoy ya en el poder, ya nos les contestan el teléfono. Pregúntenle al senador Ricardo Monreal.
Otra más. A pesar de que desde el 22 de septiembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia mañanera dio indicaciones a la titular de la Secretaría del Trabajo y Precisión Social (STPS), Luisa María Alcalde, de atender y esclarecer el asunto del fraude a los cientos de cooperativistas del Viejo Excélsior SC de RL, su situación sigue igual: sin justicia, sin rendición de cuentas y, por lo mismo, con los edificios de la Esquina de la Información abandonados desde 2018.
Ese mismo día, licenciados del Área Jurídica de la STPS contactaron y citaron a Francisco Becerra Cruz, presidente y representante legal de los cooperativistas, para conocer cómo es que fueron despojados de su patrimonio.
No sólo lo citaron una vez, sino fueron cuatro veces más, para así, conocer con exactitud qué fue del periódico Excélsior.
En ese lapso también fue citado el director general de Grupo Imagen, Ernesto Rivera, por cierto, sobrino del ex arzobispo Norberto Rivera, quien sólo declaró que compraron los activos de Excélsior con apego a Derecho y, por lo mismo, se le pidió que lo comprobara a lo que respondió que se le permitiera enviarles la documentación que así lo “avala”.
Dicho papeleo de suma importancia, a decir de Francisco Becerra, tardó en llegar más de seis meses a la Secretaría del Trabajo, con “el pretexto de la pandemia”.
Al dar aviso a Becerra Cruz de lo anterior, este enseguida se presentó para constatar la documentación enviada al Área Jurídica de la STPS la cual, hasta la fecha, no ha podido ver ya que le dijeron que fue reenviada, con carácter de urgente a la oficina de Luisa María Alcalde.
A partir de entonces, y a casi dos años de lo ordenado por el presidente López Obrador, los cooperativistas del Viejo Excélsior siguen en la incertidumbre y su representante legal sin que siquiera le contesten las llamadas telefónicas que les ha hecho. También, sin responder a un escrito por lo sucedido a pesar de contener su sello de recibido desde entonces por parte de la STPS.
El problema es que los cooperativistas se enfrentan a un heredero de los favores de su padre Olegario Vázquez Raña, durante los sexenios del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y es que a pesar de ser una familia tradicionalmente alineada al PRI, Olegario Vázquez Aldir se insertó en el mundo de los negocios multifacéticos con los panistas: hospitales, medios de comunicación como Grupo Imagen y Excélsior, los casinos y el equipo de fútbol Querétaro.
Se volvió socio con la izquierda de la mano de Epigmenio Ibarra, director de Argos TV —a quién por eso y a regañadientes le da un espacio con Ciro Gómez— pero también se sabe, en la derecha con los panistas. Además de tentar de cerca a la ilegalidad con negocios sospechosos, como lo fue su adquisición del Canal 28 de TV y adquirir el negocio de los hermanos Rodríguez Borgio, investigados por lavado de dinero y relaciones probables con el crimen organizado por la Fiscalía General de la República.
Según el acta circunstanciada UEIORPIFAM/74/2013 de la SEIDO, los indiciados serían los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, propietarios de las casas de apuestas Big Bola, del equipo Querétaro antes de la venta a Vázquez Aldir, y de la Caja Popular Libertad, ligada al preso número uno de la 4T, Juan Collado.
Frente a este escenario, es importante que el gobierno del presidente López Obrador, cumpla con lo que prometió con los cooperativistas de Excélsior. Los socios cooperativistas mueren uno a uno, y nada más la justicia de la 4T, no les llega.
