Testigos protegidos: justicia de “dichos” en México
Norberto Vázquez
Herramienta jurídica en el Derecho mexicano copiada de la cultura legal de Estados Unidos con muchas lagunas de operatividad para uso de venganzas políticas.
La figura del testigo protegido se ha configurado en México como la principal herramienta para solucionar casos de Estado. Han dañado reputaciones de inocentes. Sus testimonios han involucrado a países enteros. Sólo son palabras de mafiosos. No se investiga.
En el sistema jurídico mexicano, con el objetivo de generar una cultura de denuncia entre la sociedad mexicana, emplea a este tipo de instrumentos y medidas que propician un embute de violaciones y atropellos de las garantías individuales en manos de las propias autoridades. Y al final no se resuelve nada. Así está operando legalmente la 4T.
El orden jurídico privilegia la reserva y el resguardo de las actuaciones de la investigación, así como de los elementos probatorios bajo el discurso de ser imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación.
Estas excepciones, propician condiciones que vulneran y ponen en riesgo los derechos del inculpado.
El proceso penal y judicial que priva en México se encuentra plagado de errores y abusos.
México es uno los países con mayores niveles de errores judiciales en el impulso y procesamiento de causas penales, solamente superado por Irak, Afganistán, Pakistán y Nigeria.
De igual forma, las autoridades en materia de investigación y persecución de los delitos tienen en su historial innumerables abusos contra los Derechos Humanos.
Los testigos protegidos son una institución jurídica insólita en el Derecho mexicano copiada de la cultura jurídica de los Estados Unidos. Pero en México se hace con los pies.
El reciente informe del cazo Ayotzinapa ha levantado una polvareda, cuando un testigo protegido identificado como “Juan” (Bernardo Cano Muñozcano, entonces secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal) asume un cónclave para llevar a la conclusión de la “verdad histórica”.
Uno de los involucrados: Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país.
“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”, reviró el jefe policiaco de la CDMX ante estas acusaciones.
Que decir de la extradición de Emilio Lozoya, personaje clave de la administración de Enrique Peña Nieto, que ha puesto en el centro del debate público la figura del testigo colaborador a la que se acogió, esta herramienta usada de manera habitual en distintos ordenamientos jurídicos en el mundo
Se trata, para decirlo rápido, de otorgar beneficios penales a un acusado o sentenciado a cambio de que delate a sus cómplices.
En mayo de 2001, los testigos protegidos que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en el caso del narcotraficante, Héctor El Güero Palma, para demostrar que era integrante del cártel de Sinaloa y fincarle delitos de delincuencia organizada en su hipótesis de delitos contra la salud, no acudieron a ratificar sus declaraciones ante el juez, lo que fue clave para que el capo obtuviera su libertad.
Según la sentencia firmada por Víctor Chávez, secretario del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de Jalisco, esto fue clave para absolver a Palma del delito de delincuencia organizada que le imputaba el ministerio público federal.
Otra más. La palabra de un testigo protegido que se desempeñó como alto funcionario en la Secretaría de Hacienda durante la administración de César Duarte Jáquez, en Chihuahua, fue clave en la vinculación a proceso judicial por el delito de cohecho de María Eugenia Campos Galván.
Este testigo protegido, confesó a la Fiscalía de la Función Pública que él personalmente entregó a Maru Campos cada mes paquetes con el dinero en efectivo durante 2014 y 2015, cuando era diputada local. Primero en la oficina del Secretario de Hacienda, después en su propia oficina y al final en el estacionamiento subterráneo de la institución.
El Juez del Control, Samuel Mendoza, validó el testimonio y lo expuso con todo detalle a la hora de hacer la conclusión para vincular a proceso judicial a quien ahora es gobernadora de Chihuahua por el PAN y el PRD. El testigo protegido precisó que el dinero en efectivo que le entregó mensualmente a Maru Campos durante dos años salió de la “nómina secreta” que creó el exgobernador César Duarte.
Es claro que la figura del testigo, inculpado, procesado o sentenciado, que la Constitución permite y previa obtención de un beneficio, es un instrumento que durante mucho tiempo ha sido utilizado, no para la procuración de justicia, sino para cobro de cuentas pendientes.
Basta ver que de 2006 a 2012, según una petición de información a la FGR registró a 379 personas que se acogieron a la figura de testigo protegido; 43 en 2006; 50 en 2007; 57 en 2008; 61 en 2009; 43 en 2010; 60 en 2011 y 65 en 2012.
El Ministerio Público con tal de facilitar una investigación penal, utiliza este recurso para acortar un esfuerzo y así facilitar la tarea. Resulta muy cómodo obtener aparentemente, a cualquier precio, que una persona, en este caso un procesado o un condenado, acepte declarar contra otra que está siendo investigada, inculpándola de un cargo que el acusador público no está en la posibilidad real de demostrar.
Es pocas palabras, no hay cultura de la investigación. A los ministerios públicos, les cuesta mucho demostrar con pruebas por el poco ingenio para resolver casos. Buscan una salida falsa al legitimar a testigos que aprovechan la oportunidad para, a su vez, obtener un beneficio personal: dinero, otra identidad, reducción de penas e incluso la libertad. Aunque ello represente falsear o manipular la verdad de un proceso penal. De este gobierno no podemos ya esperar nada en ese sentido. Nada serio, porque no saben indagar. Puro show.
