Ciudad de México.- Para el sector patronal de la Ciudad de México, el comercio informal sigue siendo una asignatura pendiente de resolver por las autoridades, ya que es una competencia desleal que genera inseguridad y contaminación.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local, Jesús Padilla Zenteno, se pronunció en favor de la regulación en la materia, pues aseguró que ello pondría el piso parejo para el sector formal del comercio.
Dijo que además de reglamentar la práctica del comercio callejero, fomentaría el respeto por los transeúntes y automovilistas en las calles de la Ciudad de México y se conciliaría el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes con el derecho al transitar del resto de los ciudadanos.
“Nosotros preferimos que el comercio sea legal y a la vez formal y así como asumimos el respeto de quienes realizan actividad comercial en la vía pública, estas personas están obligadas a respetar a los transeúntes, automovilistas y comercio establecido”, subrayó.
Padilla Zenteno sostuvo que la Coparmex a escalas local y nacional ha sido punta de lanza en el combate a la corrupción y la impunidad y en el comercio informal perviven ambas, pues “no existe un solo comerciante en la vía pública que no aporte una cuota al dirigente, al líder o al inspector de vía pública”.
Sobre la reciente presentación del documento “El trabajo informal en el espacio público de la Ciudad de México. Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos”, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos local, el dirigente dijo que una reglamentación del comercio en la vía pública no se contrapondría con esos derechos.
“Creemos que la regulación excesiva, la exigencia de pagos elevados, cuotas, multas o extorsiones, el renovar permisos y licencias, los altos costos derivados de la generación de empleos formales y las complicaciones de los emprendedores para echar a andar micros, pequeñas y medianas empresas, afectan a estos trabajadores y los motivan a trabajar por su cuenta”, contextualizó.
Padilla urgió la participación del gobierno local y los sectores productivos para generar propuestas y políticas públicas que permitan reconocer legal y socialmente la actividad de comerciar o prestar sus servicios en los espacios públicos.
Advirtió también la imperante necesidad de no criminalizar la actividad del trabajo informal, sino crear mecanismos para ordenarla y así lograr un equilibrio entre sus derechos como trabajadores y el derecho a la ciudad que todos.
“Si bien es cierto que no se debe criminalizar la actividad, lo es también que generan competencia desleal, anarquía, inseguridad, contaminación visual y auditiva, basura, conflictos vecinales, obstrucciones de la vía pública”, enfatizó.
