El sigiloso caso de Altán Redes
Norberto Vázquez
De acuerdo a la solicitud de información 0632000027419 Banobras, Nafin y Bancomext niegan los contratos de préstamos y rescate de la firma de Internet
Los gobiernos siguen siendo los mismos. Políticas públicas realizadas con los pies y el que paga las consecuencias son los contribuyentes. Carlos Salinas y Ernesto Zedillo comenzaron la ola privatizadora de decenas de empresas paraestatales, vendidas a juniors y empresarios inexpertos que en menos de cinco años las quebraron, y por su puesto, el gobierno tuvo que entrar al rescate.
Hoy, la historia de repite. Todo empezó como un rumor y la noticia del rescate se hizo presente con la confirmación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa.
En total serán 3 mil millones de pesos lo que se inyectará a Altán Redes para que pueda pagar a sus deudores y, a cambio, Altán Redes ahora será de participación mayoritaria del Estado.
“Esa empresa ya es de la nación, el estado mexicano es socio mayoritario y tiene la dirección de la empresa”, dijo AMLO.
Altán Redes lleva un tiempo con problemas financieros. Entre sus deudores está Megacable, cuyo director, Enrique Yaminu, dijo que Altán le debe 190 millones de pesos, sólo uno de mas de cien acreedores. En un intento por negociar sus deudas, Altán Redes ingresó a un concurso mercantil para proteger sus bienes mientras las negociaciones avanzaban.
La historia empresarial, cuenta que Altán Redes obtuvo la concesión para administrar la Red Compartida en 2016.
Su objetivo era llevar conectividad 4.5G a un 94% de la población en México para 2024. Nada se cumplió, solo generaron deuda.
A principios de agosto del presente año, se abrió un nuevo capítulo en la historia de Altán Redes. Tras presentar la lista definitiva de acreedores, compuesta por 119 integrantes, la justicia determinó cuántos de todos ellos son, efectivamente, deudores y cuánto deberá cobrar cada uno de ellos y en qué plazos.
Apenas conocido el término del juicio el Gobierno de México salió al rescate pues Nafin-Bancomext extendieron un rescate por 85.5 millones de dólares, 40 millones de parte del primero, y 44,5 millones de parte del segundo, con una partida adicional de Banobras, que aportaría otros 85 millones de dólares.
De acuerdo a la solicitud de información 0632000027419 Banobras, Nafin y Bancomext negaron los contratos de préstamos y rescate de la firma de Internet. Bajo un mar de alegatos legales, estos bancos de desarrollo confirmaron como “confidencial” la información sobre diversos detalles: contratos, montos de los préstamos, modalidades de pago y fechas de cobro de los empréstitos. En otras palabras, el Gobierno Federal no transparenta estas acciones de gobierno, y se confirma lo que analistas y expertos especulan: estos recursos públicos se van afondo perdido y no son recuperados.
Con este dinero inyectado por esta banca de desarrollo, se estima mantener la Red Compartida que asciende a unos 850 millones de dólares, el salvataje le permitiría mantener activa esta infraestructura de carácter social que, puesta en marcha en 2017 con el objetivo de llegar a las áreas remotas para brindarle conectividad a la ciudadanía establecida allí, todavía está lejos de alcanzar el objetivo. Y siendo sinceros, quién sabe si se cumpla el cometido del proyecto.
Altán Redes así podrá pagar a quienes debe incluyendo Huawei y Nokia para no irá a la bancarrota. La 4T se encargará del rescate de la antes empresa privada que administra esta Red Compartida, y que da servicios a la gran mayoría de operadores móviles virtuales que funcionan en México y cuyo crecimiento en los últimos meses es mayor al de Telcel, AT&T o Movistar.
A cambio, Altán Redes tendrá una dirección controlada desde el Estado mexicano. Poco después de la entrada del Gobierno al capital de la empresa, Carlos Lerma, ex jefe de la Oficina de Coordinación de la Oficina del titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue nombrado director general.
Pues veremos. La meta de cobertura del 92.2 % de la población, que debía cumplirse en 2024, fue pospuesta hasta 2028, luego de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le aceptara esa extensión.
En este país, el gobierno no sabe de negocios, vende todo lo que no le sirve, pero al final termina rescatando bancos, ingenios azucareros, carreteras y ahora empresas de Internet. Con dinero de todos los mexicanos.
