A más de un siglo de la Revolución, no acaban juicios agrarios
Norberto Vázquez
Al 31 de diciembre de 2022 quedaron en trámite 48 mil juicios agrarios en todo territorio nacional
Poco más de la mitad de las tierras de México se hayan en posesión de ejidos y comunidades agrarias. Esto significa que la mayoría de los montes, bosques, selvas, matorrales, superficie de labor, minas, bancos de materiales, cuerpos de agua y litorales son de propiedad social.
En los casi 32 mil ejidos y comunidades, más de 5.6 millones de ejidatarios, comuneros y posesionarios ofertan al país y en algunos casos al mercado externo, alimentos, ganado, materias primas y forrajes, materiales de construcción, artesanías y servicios turísticos, además, brindan invaluables servicios ambientales, de conservación de la biodiversidad, captura de carbono y recarga de acuíferos.
Aun con la dimensión de los recursos que poseen, la significativa proporción de habitantes del medio rural que vive en los núcleos agrarios y la importancia de la producción que generan existe un limitado conocimiento de sus integrantes, su conformación y localización, sus particularidades organizativas, y sobre todo: de propiedad. Parece el México posrevolucionario.
Habrá que preguntarles a miembros de la comunidad wixárika sobre la petición que le hicieron al presidente Andrés Manuel López Obrador a principio de año, que se ejecuten los 13 fallos judiciales que ordenan la restitución de parte de sus tierras, unas mil hectáreas de las más de once mil que reclaman como propias.
Pero para dimensionar el problema de propiedad, vayamos al informe que presentó hace unos días la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Maribel Méndez de Lara, en el que expuso las acciones realizadas durante el periodo de 2022 en los Tribunales Agrarios.
Por ejemplo, resaltó que la justicia agraria en México atiende de forma abrumadora a personas en situación de vulnerabilidad por pobreza, por ser adultas mayores, por ser población indígena —muchas veces monolingüe— por capacidades diferentes o por género.
Ello obliga a que la impartición de justicia agraria —en el proceso, en la sentencia y en su ejecución— busque maximizar los derechos con el marco jurídico convencional y el orden jurídico nacional, con una justicia ágil, respetuosa del debido proceso y completa.
Los datos duros. La magistrada señaló que en los Tribunales Agrarios laboran mil 480 personas y se ejerció un presupuesto en 2022 de 920 millones de pesos.
En asuntos recibidos y concluidos en 2022 en los Tribunales Unitarios Agrarios iniciaron con 45 mil 434 juicios agrarios en trámite, se recibieron 53 mil 762 asuntos y se concluyeron 52 mil 447, lo que significó 3% más que en 2019.
Pero la cifra del espanto: al 31 de diciembre de 2022 quedaron en trámite 48 mil juicios agrarios.
Incluso, por estas causas la Magistratura Agraria suscribió la Declaratoria compromiso para dar el máximo impulso procesal a los juicios agrarios de mayor antigüedad, partiendo de los que hubieren iniciado en 2019 y años anteriores, respetando los principios de debido proceso, celeridad y completitud.
Al inicio del programa los juicios de mayor antigüedad representaban en promedio el 55% del total en trámite. Se logró invertir la proporción: hoy representan, en promedio, el 29%, es decir, el 71% de los juicios agrarios en trámite, son recientes.
Sin ninguna excusa eso es lo que requiere: resolver este enorme dilema de propiedad agraria. No obstante, a principio de año el presidente Andrés Manuel López Obrador devolvió al Congreso de la Unión y pidió desechar en su totalidad, una reforma a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que incluye como requisito para ser magistrado, comprobar experiencia profesional de cinco años en materia agraria y obliga al Ejecutivo a justificar la idoneidad de candidatos a magistrados.
Veremos si esto avanza, este ha sido un reclamo histórico de infinidad de comunidades, pero como en otros casos, el presidente simplemente se ha lavado las manos. Y los juicios agrarios, continúan.
