Ciudad de México.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador manda señales negativas a los inversionistas con la compra de 13 plantas eléctricas a Iberdrola.
“(La adquisición de las 13 plantas) es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente a Iberdrola sin ninguna prueba objetiva”, declaró el organismo dirigido por Carlos Hurtado López.
Según el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial, la operación de compra se registra en un momento cuando México necesita concretar la atracción de inversiones en la gran oportunidad, que representa el movimiento de relocalización o nearshoring, comentó.
“Pero la preferencia revelada del gobierno es más bien por objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral”, manifestó la institución encargada de elaborar el análisis e investigación de la coyuntura económica para el sector empresarial.
También es una mala señal para la inversión y el presupuesto, porque implica presiones fiscales a futuro y usa recursos que serían mejor utilizados para generar las mejores condiciones a fin de aprovechar todo el potencial de la relocalización o nearshoring, apuntó el CEESP.
El 4 de abril de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a la compañía española Iberdrola, con quien se ha enfrentado a lo largo de su administración.
“La voluntad de llegar a un acuerdo, hemos tenido algunas discrepancias pero el diálogo lo puede todo, el diálogo y la buena voluntad. De esas diferencias surge esto que es algo extraordinario, es algo histórico”, dijo el mandatario.
La energética española Iberdrola alcanzó un acuerdo para vender un total de 8 mil 534 megavatios (MW) en México al mayor administrador de fondos del país, Mexico Infrastructure Partners (MIP), por cerca de 6 mil millones de dólares.
“Si desde el punto de vista financiero o fiscal esta operación representa deuda pública o no, es secundario en este momento”, expresó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
El centro recordó que los recursos para la compra —casi 6 mil millones de dólares— provienen en principio del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin): “Ello reduce la posición neta de activos financieros verdaderos del sector público”.
“Independientemente de que el Fonadin está fuera del presupuesto, son recursos públicos de todas formas y por ello tienen usos alternativos”, comentó el CEESP.
Se puede argumentar que dicha reducción de activos financieros netos se compensa con una adquisición de activos físicos (las plantas), por ello bajo un criterio de contabilidad patrimonial, el efecto sería neutral en la deuda pública neta, añadió.
“En México la contabilidad pública es de flujos, no patrimonial y por ello la compra implica una deuda, aun cuando esté oculta mediante el uso de vehículos para ello”, expuso el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
“Si bien las generadoras son productivas y probablemente eficientes, su adquisición conlleva gastos de mantenimiento a futuro, que serán difíciles de solventar”.
En México, como en todo el mundo, los gobiernos enfrentan problemas de suficiencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura, ya que compiten con otras prioridades que a menudo son más urgentes, acotó.
“Hoy sería importante que la política pública estuviese concentrada en crear todas las facilidades posibles a fin de sacar el mayor provecho de la relocalización o nearshoring”, dijo.
“Ello implica la inclusión de sectores y regiones que no han sido beneficiadas por el comercio exterior y la inversión que implica. Para incluir mayor valor agregado nacional en la producción y exportación de la inversión motivada por la relocalización hay que trabajar en varios frentes, entre ellos: mejorar y ampliar la infraestructura pública y la logística y asegurar que la electricidad se transmite y distribuye suficientemente a lo largo de todo el país”, añadió.
Precisó que la inversión en líneas de transmisión y distribución, que es monopolio de la CFE, ha sido insuficiente: “Dichas inversiones han estado significativamente por debajo de lo planeado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) desde el 2019”.
“Sería preferible destinar los recursos públicos a este fin, entre otros críticos, en lugar de utilizarlos para adquisiciones que no contribuyen a lo prioritario en este momento para el país”, concluyó el CEESP.
