- Acecha el fantasma del golpe de Estado en Guatemala
- El aparato judicial intenta socavar la democracia y evitar la transición
- López Obrador incrédulo: Bernardo Arévalo recibe apoyo internacional
Juan Barrera Barrera
Después de que las preferencias electorales no le daban posibilidad alguna ni siquiera pasar el escrutinio de la primera vuelta, Bernardo Arévalo sorprendió al quedar en segundo lugar, y luego terminó ganando la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta con el 60% de los votos en las elecciones generales de agosto. Desde entonces la extrema derecha del gobierno de Alejandro Giamatei ha hecho lo inverosímil para evitar que llegue al poder e investigue hechos graves de corrupción.
Las acciones para no reconocer el triunfo legítimo de Arévalo de León, líder del Movimiento Semilla, han ido escalando y para ese fin se han utilizado a las instituciones de impartición de justicia, especialmente la fiscalía general y jefa del Ministerio Público, y la Fiscalía anticorrupción, que han hecho todo lo posible por socavar la democracia y el Estado de derecho.
El aparato judicial alienta golpe de Estado
Desde la anulación de su partido el Movimiento Semilla presuntamente por firmas falsas, la escalada jurídica para anular las elecciones en el vecino país del sur no ha parado. El viernes, delegados del Ministerio Público, quienes en una nueva cruzada por entorpecer la transición democrática confiscaron las actas originales de los comicios del 20 de agosto en los que Arévalo León superó a Sandra Torres.
La Corte Suprema de Justicia se sumó este miércoles a las presiones del poder judicial en contra del sociólogo Arévalo, cuando la mayoría de magistrados, en pleno, denegó, este miércoles, un amparo interpuesto por el presidente electo. Sin embargo, las movilizaciones populares y la presión internacional han sido fundamentales para garantizar el triunfo legítimo del progresista Movimiento Semilla y la voluntad popular y democrática expresada en las urnas.
El viernes, el Ministerio Público, dependiente de la fiscal Consuelo Porras (la polémica funcionaria no puede entrar a Estados Unidos por estar acusada de actos graves de corrupción), y de la fiscalía anticorrupción a cargo de Rafael Curruchiche, realizaron cateos (es la cuarta ocasión) en la sede del Tribunal Supremo Electoral. Al día siguiente, Bernardo Arévalo visitaba al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, gira que debió suspender declarando que “estaba en proceso un golpe de Estado” en su país.
“Tuvimos que alterar el viaje dada la situación que se ha dado con este asalto descarado por parte del Ministerio Público, realmente un golpe de Estado en, proceso”, declaró el presidente electo, Bernardo Arévalo, luego de interrumpir su gira internacional que incluía una visita a Estados Unidos.
Poderosos sectores de extrema derecha manipulan instituciones
Hay un protagonismo excesivo de la Justicia guatemalteca por descarrilar el proceso democrático y anular el triunfo de Bernardo Arévalo, a pesar de que los resultados ya están debidamente oficializados, incluido el triunfo de Arévalo. “Ya están certificados y eso ya no se puede cambiar con una diligencia”, sostuvo Blanca Alfaro, magistrada del TSE. Hasta el momento la Corte Constitucional no se ha manifestado sobre el tema, levantando sospechas.
En Guatemala hay un fuerte sector de la sociedad opositor a una transición democrática por sus intereses en juego. Tienen capacidad de influir en las instituciones del Estado. Este sector con fuertes intereses políticos y económicos, es tan poderoso de tal suerte que utilizan al sistema judicial para violentar el orden legal, cuando éste debería ser el garante de la justicia.
Este sector de intereses pertenece al llamado “pacto de los corruptos” y están estirando demasiado la liga. Pero la población en general, ciudadanos, empresarios, campesinos, entre otros, están alerta de las presiones al presidente electo y a la vicepresidenta y han dicho que están dispuestos a defender la democracia.
AMLO hace mutis en el caso guatemalteco
La imparable ofensiva judicial contra Bernardo Arévalo y la vicepresidenta, Karin Herrera, que deberán tomar posesión el 14 de enero, ha sido condenada por EU, la UE, OEA, la ONU, Colombia, Chile y España, porque pone en riesgo la transición democrática en Guatemala.
Es de subrayar la posición pasiva del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha hecho mención a la situación que enfrenta la democracia en el país vecino. El lunes con motivo de los 53 años de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, el mandatario exoneró a los militares de su responsabilidad en los hechos, argumentando que sólo obedecieron órdenes del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Las posiciones del gobierno mexicano en el contexto latinoamericano han sido muy polémicas por defender a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua y abrir una discusión por la detención de Pedro Castillo y su eventual deposición del poder en una abierta posición injerencista.
