París.- La OCDE revisó al alza su previsión de recaudación mundial por los beneficios de las multinacionales más rentables gracias al futuro mecanismo internacional para redistribuir entre los países los derechos de imposición que ahora se alojan en jurisdicciones que actúan como paraísos fiscales.
Sobre la base de los alrededor de 200,000 millones de dólares en derechos de imposición que deberían ser repartidos cada año en beneficio de los países donde esas multinacionales tienen realmente su actividad, el aumento de recaudación fiscal global estaría entre 17,000 y 32,000 millones a partir de los datos de 2021.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer este miércoles esas cifras coincidiendo con la publicación del texto de la convención multilateral que debe regular ese mecanismo, que no se abre todavía a la firma y sobre el que han emitido reservas Brasil, Colombia e India.
Si se tomara un periodo más amplio de 2017 a 2021 y no sólo ese último año, la recaudación adicional media se habría situado entre 9,800 y 22,600, de acuerdo con las proyecciones de los expertos de la OCDE.
La principal razón de ese incremento es que las multinacionales tendrían que pagar impuestos por una parte de los beneficios ya no en las jurisdicciones en las que han decidido domiciliar muchas de sus entidades precisamente porque los tipos impositivos son extremadamente bajos, que actúan como paraísos fiscales, sino en los países en los que efectivamente tienen actividad.
La organización hace hincapié en uno de sus documentos de información en que el primer objetivo de este futuro mecanismo, sobre el que hubo un acuerdo de principio de 135 países y jurisdicciones en octubre de 2021, nunca había sido aumentar los impuestos ni el dinero que se exige a esas empresas.
La meta era responder a los desafíos de la digitalización de la economía, que en la práctica permite a muchas compañías hacer negocios en diferentes países sin prácticamente disponer allí de presencia física y desde el punto de vista legal establecer sus sedes en jurisdicciones de conveniencia para no pagar apenas impuestos.
Como contrapartida, los países que se sumen al sistema deberán suprimir los impuestos específicos que han proliferado, sobre todo en Europa, para gravar a los gigantes digitales, como la conocida como tasa Google en España.
Una forma de dar certidumbre al mundo de los negocios, evitar dobles imposiciones y garantizar un tratamiento fiscal más equitativo entre los competidores de la economía digital.
La OCDE se esfuerza en subrayar que los países pobres y en desarrollo serán, al menos en términos relativos, los que más saldrán ganando con la redistribución de los derechos de imposición a las multinacionales.
Pero las reservas de Brasil, Colombia e India, que son tres de las 138 jurisdicciones actualmente implicadas en el llamado marco inclusivo de la OCDE, tienen que ver precisamente con la metodología de atribución de los derechos de imposición a las multinacionales en favor de los países en vías de desarrollo.
En cualquier caso, las discusiones siguen con esos tres países, que están de acuerdo con el grueso del texto de la convención multilateral que se conoce ahora, y que todavía no va a estar abierta a la firma.
Una vez que se abra a la firma para su entrada en vigor será necesario que la ratifiquen al menos 30 países que representen al menos el 60% de las entidades matrices de las multinacionales afectadas por el dispositivo.
Según los cálculos retrospectivos de la OCDE, en el periodo de 2017 a 2021, el número de esas multinacionales (las que tengan una facturación superior a los 20.000 millones de euros con un beneficio superior al 10% del volumen de negocios) se movió en una horquilla de entre 74 y 106.
