El Poder Judicial costoso, impune y con baja credibilidad
Mario Sandoval Chávez
El presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el año 2024, solicita un monto de 85 mil millones de pesos. El Poder Judicial está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal.
En información pública se revela que hay 12 fideicomisos que en conjunto tienen un saldo de 15,500 millones de pesos, se estima que el poder legislativo aplicará una reducción de al menos 10 mil millones de pesos, en específico al gasto de la judicatura y de la SCJN. Esa disminución se aplicaría en proyectos de infraestructura y en posible consulta popular para elegir mediante voto ciudadano a los jueces y ministros del poder judicial.
En ese presupuesto no está la FGR ni tampoco están los 32 Tribunales de Justicia de cada entidad y sus Fiscalías, los cuales en 2023 serán superiores en conjunto a los 350 mil millones de pesos. Destacando que hay entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, que superan 5 a 1 el presupuesto asignado a estados como Chiapas, Oaxaca, o Guerrero. Pero que no significa que este asociado a una percepción de justicia y estado de derecho en ninguna entidad.
¿El costo del poder judicial tanto federal como de los estados está relacionado con la justicia, expedita y gratuita?
¿La percepción de alta impunidad y equidad en impartición de justicia es menor para la ciudadanía?
¿La percepción de alta corrupción judicial es real o un mito para la ciudadanía?
¿Existe la rendición de cuentas publicas y abiertas al ciudadano común por los resultados judiciales que tienen el poder judicial federal y el de las 32 entidades del país?
¿El presupuesto los hace más autónomos e independientes de poderes políticos o económicos?
Es público también la SCJN, es dos veces más costosa que la Corte Suprema en USA, tres veces mayor que la de Canadá, Alemania, España y ya no se diga con Latinoamérica. Ese costo mayor tiene que ver con la infinidad de recursos de impugnación que se tramitan en México, así como los esplendidos sueldos y prestaciones que se les otorga en nuestro país, sin embargo, los resultados no son los esperados. Si una persona común asiste a los edificios del Poder Judicial de la Federación en cualquier estado del país, denotan por grandes espacios, ubicaciones privilegiadas, lujo y ese ambiente puritano y sabio que les gusta transmitir y que daría la impresión de justicia de primer mundo, la realidad es otra, no funciona así.
Los tiempos procesales en la corte, en la justicia federal y en los estados son excesivos y sin consecuencias para los responsables, sus Leyes Orgánicas no sancionan el incumplimiento en tiempos procesales, basta con que señalen causas de excesivas cargas de trabajo o demás argumentos evasivos o legaloides para no cumplir con lo establecido en los códigos de procedimientos ya sea civiles o penales. Una cosa es la autonomía y la independencia de poderes y otra que sus resultados y responsables tengan rendición de cuentas pública.
Esto es cuantos asuntos que se inician (civil, laboral, familiar, penal) por año, cuantos se resuelven con sentencia definitiva cada año, cuantos se ejecutan con sentencia cada año, cuantas sentencias son impugnadas (apelaciones, amparos), cuántas sentencias son revertidas cada año. Son métricas, estadísticas que hoy se ocultan, pues exhibiría la ineficacia judicial en el país y su alto costo económico.
Así mismo la filtración de datos confidenciales para ejecutar embargos y lanzamientos en asuntos concluidos, son otro elemento adicional, del cual el poder judicial en especial del fuero común, se podría decir que no tengo pruebas, pero no tengo duda que así sucede y todo litigante honesto lo sabe e identifica, la justicia mexicana es muy cuestionada en su estructura orgánica y sus procedimientos de control son mínimos. Son mas forma que fondo.
La carrera judicial en México, no exige ser litigante, por lo que haciendo carrera judicial interna en los juzgados, en la academia o en las consejerías jurídicas se puede aspira a las posiciones clave en nuestro país (Jueces, magistrados, Secretarios de Acuerdos). Adicional a ello la cercanía política con los titulares del ejecutivo federal o de los estados, les da amplias posibilidades sin haber litigado de manera activa. Luego entonces el proceso de filiación, los ha ido colocando en posiciones clave en la impartición de justicia tanto en el ámbito federal como del fuero común.
Si bien la teoría, la investigación, la argumentación teórica son relevantes, la practica hace al maestro ese elemento de litigar, de estar en la práctica del derecho activo, de promover las demandas, de contestarlas, de impugnarlas, de generar los emplazamientos, las ejecuciones es una sensación única, para identificar las buenas y las malas prácticas y eso no se aprende en las aulas y en el confort de las instalaciones del poder ejecutivo o judicial.
Otro tema relevante es que se ha generado una mafia nacional privada de coyotes litigantes, no solo en materia penal, sino en familiar, civil y mercantil, abogados que sin escrúpulos interponen todo tipo de recursos dilatorios o complicando los asuntos para que quien haya obtenido una sentencia a su favor no pueda ejecutarla, asociados con funcionarios y empleados del poder judicial local o federal, quienes admiten a trámite este tipo de recursos chicaneros y tramposos, que solo descalifican al gremio y promueven la cultura de no pago.
Este tipo de abogados corruptos y tramposos ha ido posicionado sin recato y con solo interés económico para afectar los procesos judiciales, en todos los estados del país hay este tipo de lacras porque no hay otra forma de llamarles, pero sin duda destacan por su volumen y malas mañas en los estados de Guanajuato, Jalisco, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.
Los datos de violencia en diferentes regiones, en específico en los estados mencionados, guardan correlación con el ajuste de cuentas por deudas no pagadas y que, al tener la impunidad del poder judicial en cada región, provoca que se tome justicia a través de terceros o por propia mano.
Esto se puede corroborar con inmuebles invadidos, demandados que se oponen a la entrega de inmuebles embargado so hipotecados, es decir es un ecosistema de corrupción e impunidad que solo ha provocado disminuir y encarecer la oferta de crédito productivo en México.
La oferta de crédito se concentra en créditos al consumo y estos en promedio son con tasas anuales superiores al 80% anual, es decir los buenos clientes subsidian a los malos clientes. Para el sector financiero privado, no hay capital y patrimonio que aguante los asuntos dilatados y las chicanas legales que son toleradas por ignorancia y corrupción.
Es fundamental actualizar en específico el cumplimiento de los términos y tiempos procesales establecidos en el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Penales, tanto locales como federal. De tal forma que los asuntos no se mantengan sin resolución en los términos que establece la ley. Esto ha provocado carpetas de investigación en materia penal abiertas indefinidamente y sin sentencia definitiva, lo mismo al incumplimiento de laudos laborales sin solución para el trabajador, o el desfase y retraso de ejecución de sentencias en materia civil ya con firmeza procesal.
Por ello la necesidad de métricas y estadística públicas, que midan el desempeño y responsabilidades de ministerios públicos, y personal judicial clave en diferentes materias de la justicia mexicana. Lo anterior ha afectado a la economía en diferentes ámbitos, en la inversión empresarial porque genera incertidumbre, toda vez que el cumplimento de obligaciones se vuelve un proceso largo e incierto, lo cual provoca menos impulso y oportunidades de desarrollo. Menor financiamiento a la cadena productiva y menor inversión en bienes de capital.
En el tema inmobiliario, que serían controversias de arrendamiento o juicios especiales hipotecarios, son asuntos que se resuelven a largo plazo que afectan la inversión para inmuebles para renta. Existen ejemplos claros, en California o Texas, el incumplimiento de la renta da margen para que al quinto día se desaloje forzadamente el inmueble, un juicio hipotecario se da un margen de 90 a 180 días y si se incumple se desaloja forzosamente al concluir el plazo. Este tipo de contrastes refleja lo que estamos dejando de hacer para otorgar seguridad jurídica, desde luego dar un margen racional de arreglo, pero no ir a los excesivos plazos que a la justicia mexicana se toma por ineptitud o corrupción para resolver los asuntos inmobiliarios.
En materia laboral, pese a la reforma laboral, esta sigue siendo una utopía, pues existen cientos de miles de laudos en el país sin ejecutar por falta de interés y saturación por los lentos procesos en materia laboral. Esto genera desanimo en las personas que no ven que sus asuntos laborales se resuelvan en tiempo, afectando su economía familiar e incluso sus estabilidad familiar y personal.
En materia familiar, el incumplimiento de pago de pensiones, es otro factor no resuelto no hay estadística al respecto y por lo tanto el incumplimiento se percibe más como violencia de género que dé cumplimiento de obligaciones económicas después de asuntos resueltos.
En materia penal, hay una población superior a 200 mil personas detenidas en reclusorios federales y del fuero común, el 50% no cuenta con sentencia definitiva, miles de asuntos sin sentencias por más de 5 años. Toda esa población tiene un costo promedio por detenido superior a los 30 mil pesos mensuales (instalaciones, personal, comida, seguridad, etc.). A excepción de políticos en desgracia de cada sexenio o personas vinculadas al narcotráfico o negocios que resultaron mal en el capitalismo de compadres, pero que cuentan con recursos económicos para impugnar y atender sus asuntos y salir en libertad por motivos de salud o por edad, sin embargo, hay miles de personas detenidas con las mismas condiciones, salvo que no cuentan con apoyo político y económico e incluso mediático.
El Poder Judicial, el Federal y el de las 32 entidades, deben ser factor para apoyar a la economía, que la percepción de impunidad y lentitud procesal, no sean elementos para inhibir la inversión privada y para generar oportunidades de empleo. El Estado de Derecho impulsa la formalidad laboral y la inversión productiva.
La SHCP, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo, deben impulsar al legislativo para modificar los Códigos respectivos, homologar procesos de colaboración interestatal más eficientes y oportunos con tecnología (exhortos, oficios) para exigir al Poder Judicial en general eficiencia, la trasparencia y rendición de cuentas con métricas de gestión judicial y estadística que deben ser incluidas con transparencia y claridad en el INEGI.
Hoy quienes tienen privilegios de ejecución cómo el SAT, IMSS o INFONAVIT, por lo que para el gobierno federal si aplican la ley y para los demás la ley a secas con todos sus defectos y sin consecuencias mayores para los que deberían impartir y garantizar el estado de derecho.
Son temas en los que se puede generar un amplio contenido, diferencias de opinión o incluso indiferencia, sin embargo se pretende la reflexión sin el uso del lenguaje técnico jurídico, sino del uso de elementos y datos que apoyen la reflexión objetiva, seguir como vamos con una apariencia de modernidad judicial y de tolerancia el nepotismo y a la corrupción, son elementos que no serán fácil modificar sin la participación de todos, al final el costo nos afecta en el ámbito económico empresarial y personal.
@MarioSanFisan
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
Ex Presidente Nacional AMFE
