- Objetivo electoral, la prioridad
- Asistencialismo y pobreza, de la mano
- La realidad de los datos duros
Agustín Vargas *
Conforme pasan los días el análisis del paquete de 20 reformas (18 de ellas constitucionales y dos legales) enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el ocaso de su gobierno, avanza y cada vez más sorprende el nivel de ligereza e ignorancia con las que fueron redactadas, pero revela también y es quizá lo más grave, la serie de falacias con las que el tabasqueño pretende perpetuarse en el poder.
Los datos están a la vista. En 2018, el presidente prometió combatir la corrupción y la impunidad como su prioridad número uno. Transparencia Internacional reporta a inicios de 2024 que México sigue estancado en el lugar 126 de 180 entre los países más corruptos del mundo y con una calificación de 31/100, en dónde 100 es altamente íntegro y 0 es altamente corrupto.
Paradógicamente, la propuesta de reformas de AMLO socava las instituciones que debieran combatir la corrupción que el propio mandatario prometió erradicar: Pretende desmantelar al Poder Judicial de la Federación, desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Las reformas que propongo –dijo el mandatario el pasado 5 de febrero– buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional”.
Nada más falaz y demagógico en estos tiempos en que la sociedad se encuentra totalmente polarizada. Hablar de humanismo no es claro cuando los niveles de salud y educación son ineficientes e insuficientes y la pobreza extrema se ha agudizado. La justicia, por su parte, enfrenta claramente graves problemas de impunidad, la honestidad no coincide con los elevados niveles de corrupción y la austeridad se contrapone con los históricos niveles de gasto público.
No hay duda de que los temas que abordan las reformas son considerablemente sensibles y pueden influir significativamente en la percepción de buena parte de la población, e incluso de algunos partidos políticos que podrían ver mellada su posición política durante el periodo electoral al verse obligados a apoyar en algún momento algunos de estos proyectos.
Estas reformas, que tienen un objetivo electoral, incidirán significativamente en la opinión de la población durante las elecciones próximas, sobre todo en aquella que se beneficia ya de los programas sociales del gobierno, pero también podría influir entre quienes están en busca de apoyos adicionales del gobierno.
Debido al entorno electoral, es un hecho que el análisis y las acciones que deberán tomar los partidos de oposición serán mucho más complejas, toda vez que no será tan fácil ir en contra de propuestas que son claramente populistas, en el sentido que contarán con un elevado apoyo de la población y no contemplan sus implicaciones, especialmente desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal.
Asistencialismo y pobreza
El objetivo que parece buscar la 4T implicaría seguir el camino que se ha recorrido hasta ahora, como adoptar medidas que pueden perpetuar la pobreza mediante los programas asistenciales del gobierno, mantener el bajo nivel educativo, un sistema de salud poco eficiente y que ha dejado a un importante número de personas fuera de la atención médica, así como agudizar aún más los problemas de inseguridad, violencia e impunidad.
De acuerdo con datos del Coneval, si bien los niveles de pobreza disminuyeron entre 2018 y 2022, aún hay 46.8 millones de personas en esta situación y el número de personas en pobreza externa subió en 400 mil. Además, 50.4 millones de personas carecen de servicios de salud.
Por su parte, la OCDE señaló que en la evaluación Pisa 2022, México ocupó el lugar 35 de los 37 países miembros. De acuerdo con el ranking sobre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, que elabora el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, las ciudades más violentas del mundo se ubican en México. Adicionalmente, en el índice sobre la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México se mantuvo en el lugar 126 de un universo de 180 países.
Un ambiente como este puede generar incertidumbre y deteriorar el interés por invertir en México. En principio el Gobierno Federal debe priorizar acciones para elevar la percepción de un mejor ambiente de negocios para invertir aquí, pero sobre todo devolverle a la población la tranquilidad de vivir en un país libre de violencia, impunidad y corrupción; con buenos servicios de salud, educación y empleos de calidad, entre muchos otros aspectos socioeconómicos, que le den a México la posición internacional de excelencia que se merece.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
