Ciudad de México.- El director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), de la Cámara de Diputados, Sadot Sánchez Carreño, urgió a mantener una vigilancia permanente, para evitar el uso nocivo de las redes sociales en Internet, ante el incremento de delitos como pornografía infantil, trata de personas, robo de identidad y los ciberdelitos financieros.
Dijo que según datos de la Asociación Mexicana de Internet, el 50 por ciento de la población mundial y consecuentemente del país, son internautas que tienen acceso a redes sociales, es decir, más de 3 mil 750 millones de habitantes a nivel global y 65 millones de internautas en México.
Indicó que la presencia de las nuevas tecnologías de la información, es hoy un fenómeno que se ha hecho imprescindible en la vida cotidiana, pues su poder es visible en todos los ámbitos del quehacer a nivel, estatal, regional y mundial.
La presión de las redes sociales y del Internet ha trasformado la difusión del conocimiento, y su impacto en personas, organizaciones y países vuelve de vital importancia el desafío que representa su protección.
Recordó que México se ha comprometido a desarrollar iniciativas y aprobar ordenamientos para evitar la utilización nociva de estas herramientas tan importantes en la época actual. Prueba de ello, es la expedición de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 julio de 2010, así como la inclusión en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el capítulo correspondiente al “Acceso Ilícito a sistemas y equipos de información”, expedido en marzo de 2014.
Sin embargo, abundó Sánchez Carreño, “debemos reconocer que su utilización es más frecuente y peligrosa por la delincuencia. Tenemos casos como la pornografía infantil, en donde desafortunadamente el país ocupa un importante lugar en la producción y distribución de este material”.
Además, existen elementos en donde ha servido como medio de comisión, como es en los delitos más graves que atacan de manera integral y cruel los derechos humanos: la trata de personas. “Hoy se da cuenta de un caso en Europa, de una modelo británica que la delincuencia organizada pretendían subastar a través de estos medios tecnológicos”, explicó.
También, están el robo de identidad y los ciberdelitos financieros, “desafíos y retos a los que nos enfrentamos por el uso progresivo que se les está dando”.
El titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, Alejandro Romero Gudiño, expresó que la aparición de nuevas tecnologías ha abierto nuevas oportunidades para la actual y las futuras generaciones; desafortunadamente, estos recursos “abren coyunturas para los criminales”.
Los cibercriminales, dijo, “son una especie de raffles del Siglo XXI, capaces de desvalijarnos también sin que alberguemos la menor sospecha. La importancia del ciberdelito justifica ampliamente que los legisladores aborden este tema y se tomen acciones adecuadas para prevenir y contrarrestar su impacto”.
En 2015, México concentró el 0.58 por ciento de las amenazas globales, y para 2016, la proporción ascendió a 2.09 por ciento. El 65 por ciento de los correos electrónicos son spam y de este porcentaje el 8 por ciento contiene archivos maliciosos.
Según una empresa de ciberseguridad, en el país uno de cada 506 correos electrónicos contiene malware y a nivel global uno de cada 131. El Índice de Ciberseguridad Global para 2017, posiciona a México en el lugar 28 de 164. A nivel mundial, los costos financieros del cibercrimen ascendieron a 5 mil 500 millones de dólares en México.
Romero Gudiño precisó que parte de los nuevos retos tiene que ver con el uso de ingeniera social de los cibercriminales para hacerse pasar por bancos, asesores e incluso de entidades gubernamentales para cometer estafas. Además, “los correos electrónicos maliciosos han evolucionado para sacar provecho de los descuidados cibernautas y de las organizaciones”.
Mencionó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), emitió en 2015 directrices para la seguridad en sistemas y redes de información, entre las que destaca: establecer nuevas políticas, prácticas, medidas, procedimientos o modificar los existentes; desarrollar esfuerzos para coordinar y cooperar a nivel nacional e internacional; dar a conocer dichas directrices para promover una cultura de seguridad y hacer que las partes involucradas asuman su responsabilidad y adopten medidas oportunas para ejercitarlas en la medida de sus posibilidades.
Expertos de ciberseguridad de las empresas afirman que se destinan menos recursos a la seguridad informática que a la física, a pesar de los riesgos que pueden ser mayores. Muchas entidades financieras están mudando sus operaciones exclusivamente a dispositivos electrónicos, pero pensionados y las personas de edad avanzada o que tienen alguna discapacidad sufren al tratar de usar un cajero automático o realizar transacciones online.
Por ello, afirmó, el Estado debe garantizar su acceso a los servicios y no imponerles alguna barrera adicional. Las autoridades enfrentan un nivel bajo de denuncias de los delitos e incidentes cibernéticos, pues desde 2012 a la fecha la División Científica de la Policía Federal ha atendido más de 175 mil incidentes y su titular ha recomendado crear un Consejo Nacional de Ciberseguridad que sirva para construir y homologar las políticas cibernéticas en todo el país.
Tal situación, subrayó, se vuelve urgente pues “hay antecedentes de ataques perpetrados por grupos criminales que buscan desestabilizar a los países y detrás de esto puede existir el patrimonio de inteligencia de actores estatales extranjeros”.
