Gobierno de AMLO debe crear ambiente de negocios atractivo y seguro: CEESP

El organismo insistió en que se debe aprovechar el contexto que hace a México atractivo para el nearshoring

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Ciudad de México.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe crear un ambiente de negocios atractivo y seguro para los inversionistas y emprendedores, considera el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

El organismo dirigido por Carlos Hurtado López recordó que el ambiente de negocios debe estar apoyado reglas claras, un sólido estado de derecho, en donde prevalezca una reducida corrupción e impunidad, regulación eficiente y sobre todo niveles de seguridad suficientes.

Según la institución encargada de elaborar el análisis e investigación de la coyuntura económica, la inversión es la principal fuente de crecimiento, el principal generador de acervo de capital y la principal fuente de empleo formal de calidad.

“En algún momento se señaló que para que la economía creciera de manera sostenida por arriba del 4 por ciento, era necesario un acervo de inversión equivalente al 25 por ciento del PIB”, comentó el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial.

En dos ocasiones se ha observado una inversión de 25 por ciento, “en 1981 cuando representó el 26.1 por ciento y en 2012 cuando fue de 25.03 por ciento”, señaló.

En 2023, el dato ubica a la inversión en 24.9 por ciento del PIB, tras un sorpresivo repunte en la primera parte del año, precisó el centro de investigación económica del sector privado.

El CEESP aseguró que la inversión extranjera directa, a pesar de su histórico resultado en 2023 cuando sumó poco más de 36 mil millones de dólares, solo representó el 2.1 por ciento del PIB, su menor porcentaje en los últimos 11 años.

En 2023, México se situó en el lugar 116 de un universo de 142 países, lo que significó la pérdida de 24 lugares en lo que va del sexenio, de acuerdo con el más reciente resultado del Índice de Estado de Derecho elaborado por el WJP.

“Preocupa que, en temas como corrupción y orden y seguridad, el país haya perdido 34 posiciones en el mismo lapso. En materia regulatoria, que es un tema vital para la inversión se perdieron 16 lugares”, aseveró.

“Eventos mundiales como fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2016, la política estadounidense ‘Make America Great Again’ que a través de incentivos fiscales fomentaba el regreso de empresas ubicadas en Asia, así como los efectos de la pandemia por covid-19, llevaron a los países a considerar el tema de relocalización o nearshoring como la mejor alternativa para enfrentar los problemas ocasionados por los eventos mencionados”, apuntó el CEESP.

Detalló que reducir los costos de transporte, limitar los cortes de suministro de insumos, los menores costos de producción y la cercanía con el mercado más grande del mundo pusieron a México en una situación privilegiada como uno de los países objetivo para dirigir la inversión.

El organismo privado sostiene que la coyuntura ha puesto al país en una situación invaluable, una en la que en pocas ocasiones se puede acceder sin mayores esfuerzos que estar ahí.

“Los beneficios que se aprecian del nearshoring por sí mismo, han contribuido a compensar significativamente la percepción sobre los efectos negativos de los factores que señalamos previamente. Esto es excepcional puesto que las empresas que intentan relocalizarse podrían estar considerando que tan solo el hecho de instalarse en el país sería mucho más rentable que enfrentar los costos de la inseguridad o la violencia, que no son temas menores”.

“Posiblemente la percepción generada tan solo por los beneficios que ofrece el proceso de relocalización haya sido suficiente para que en 2023 México regresara al ranking de los 25 países más atractivos para invertir”, puntualizó el CEESP.

Concluyó que si bien esto marca un entorno favorable para el país, al mismo tiempo podría ser contraproducente, toda vez que esta percepción podría relajar el actuar de las autoridades o retardar, en un contexto de contienda electoral y un próximo nuevo gobierno, el consolidar un entorno de negocios acorde con las necesidades de un sólido estado de derecho y menor corrupción, inseguridad e impunidad.