El imperio de la ley
Mario Sandoval Chávez
En las últimas semanas las diferencias entre el ex ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar y la actual ministra presidente Norma Lucia Piña, el primero renunciando a la corte para integrarse de manera activa a la campaña de la candidata oficialista y que en las últimas semanas se ha revelado diversos conflictos de interés e influencia en decisión a petición del más alto nivel en el país, lo cual limita la credibilidad de por si cuestionada en el poder judicial en el país. Existe ya un procedimiento en la judicatura y el contragolpe y argumentación diversa no se ha hecho esperar políticamente, el Presidente López Obrador apoyando a Zaldívar que es hoy un incondicional promotor a su gobierno y cuestionando al poder judicial un día sí y otro también.
La SCJN es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Es el poder judicial, un poder autónomo al ejecutivo y al legislativo. Para los gobiernos en nuestro país, la percepción que tiene la sociedad, ha sido una percepción general la sumisión del poder al ejecutivo por parte del judicial, el legislativo y de todo el aparato burocrático, atendiendo más a temas ideológicos o de intereses de grupo políticos o económicos para imponerse en nuevas leyes o modificaciones a estas, aprovechando mayoría de legisladores afines en las cámaras.
El estado mexicano ha sido eminentemente centralizado en su estructura y funcionamiento. A lo largo de su historia, se ha caracterizado por una organización administrativa basada en un sistema federal, lo que significa que el país está dividido en tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. La centralización en la administración pública tiene la ventaja de facilitar la rendición de cuentas. Al concentrar la toma de decisiones y la responsabilidad en un nivel superior, se simplifica el proceso de supervisión y control de las acciones gubernamentales. Esto permitiría una mayor transparencia y rendición de cuentas, ya que es más sencillo identificar quiénes son responsables de las políticas y programas implementados. Por diversas razones lo que describe la ley en papel, tiene otra percepción en la realidad, pues la opacidad y la no rendición de cuentas en una percepción general en una sociedad más informada y critica.
Todo régimen democrático, debe tener como principal característica el Imperio de la Ley, significa que todos los ciudadanos, así como las entidades del sector público y privado, sin excepción deben estar sometidos a las mismas reglas y leyes, reflejándose los valores contenidos en la Constitución Mexicana. El imperio de la ley requiere de claridad, precisión y congruencia en leyes claramente jerarquizadas, que sean aplicadas por un poder judicial independiente, bien preparado y con una sólida cultura de respeto a las instituciones judiciales. Ello genera la seguridad jurídica y el que se tenga claro que habrá consecuencias por acciones u omisiones que deben ser aplicadas con el debido proceso legal. Los cambios e imposición que ha generado el ejecutivo con el apoyo del legislativo, solo han tenido contrapeso en el judicial, lo que ha generado una atonía de la inversión privada, pues se genera desconfianza, es un hecho que debe regularse el desequilibrio que un sector pretenda aprovechar en su beneficio, pero debe ser con claridad y oportunidad.
La SCJN está conformada por once ministros, uno de los cuales se designa como su presidente, quien es responsable de la dirección de la SCJN y su representante ante los otros poderes Legislativo y Ejecutivo. Sin duda la autonomía de los poderes es el elemento clave en una democracia participativa, sin embargo, la opinión pública en nuestro país, por décadas ha generado dudas y en ocasiones confirmadas del alineamiento de las instrucciones del Poder Ejecutivo. Situación compleja históricamente y que a nuestro país ha costado en credibilidad la autonomía de las instituciones.
De los once ministros actuales, cuatro fueron propuestos por el ex presidente Calderón, dos por el ex presidente Peña Nieto y cinco por el presidente López Obrador. No hay duda que, al ser propuestos por el presidente en turno, la alineación y orientación política será con quien lo propuso, eso sí investida de neutralidad, honestidad y legalidad que será apoyada o criticada por los partidos políticos según su conveniencia. Ahora bien, si esto sucede en la SCJN, como se plantea en los tribunales del fuero común esto en cada entidad y la Ciudad de México, sucede lo mismo. El presidente del Tribunal de cada entidad es apoyado por el gobernante en turno, por lo que la afinidad y cercanía política es el principal requisito no escrito. Precisamente por ello la autonomía del poder Judicial se pone en duda y hay razones cualitativas y cuantitativas para ello.
Tanto a nivel federal como a nivel local, los requisitos que destacan para ser ministros, magistrados o jueces son en general; Ser ciudadano mexicano, mínimo 35 años para los ministros y 30 años en los jueces, contar con título de licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años para los ministros y cinco años para los jueces, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito, haber residido dos años anteriores a la designación. En el caso de los ministros de la SCJN no haber sido Secretario de Estado, Fiscal, Senador, Diputado, Titular del Poder Ejecutivo (gobernador) durante el año previo a su nombramiento y finalmente se establece que deberán distinguirse por su probidad y capacidad en la impartición de justicia. En los Juzgados federales y del fuero común son actores clave los Secretarios de Acuerdos y los Actuarios, aplican criterios similares con la salvedad de experiencia de tres años. Lo anterior de manera general establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Estados.
Lo anterior ha generado que si bien pueden ser académicos y funcionarios públicos con alto grado especialización en diversas leyes y jurisprudencia. También es un hecho que no está en los requisitos la experiencia práctica en el litigio y sus resultados, esto es cuantos años de experiencia judicial puede tener un juez si las sentencia o laudo en firme en México son de cinco años y para ejecutar sentencias o laudos son de 7 a 10 años. Que experiencia en materia de litigios en primera instancia, apelación y amparo tienen como litigantes, en mi opinión deben tener mínimo 10 años como litigantes y con resultados probados antes de ser postulados a jueces o magistrados o ministros y en el caso de secretarios y actuarios mínimo de 5 años como litigantes. La experiencia práctica hace al maestro.
Hoy el nepotismo y el influyentísimo político y económico siguen siendo la base de elección, por lo que encontraremos que hay familiares en primer y segundo grado trabajando en tribunales, incluso en los mismos juzgados, el requisito de experiencia probada como litigante no es exigida y entonces la improvisación y la imposición son factor. Hoy se le da tema a la equidad de género, pero no a la capacidad y resultados. Se toman acciones ante comportamiento obvios y groseros de enriquecimiento inexplicable o de revanchismo interno.
No hay sanción publica por la inejecución de sentencias de jueces ineptos, por lo que la percepción de justicia en México es negativa tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Siendo un país con Leyes acordes y que han sido actualizadas incluyendo el uso de medios electrónicos, sin embargo, la dilación procesal excesiva y la falta de rendición de cuentas, más allá del discurso, no ha sido aplicado en la realidad. Hago mi énfasis en materias CIVIL y MERCANTIL, en donde los asuntos comerciales se ventilan y deberían resolver para dar seguridad a los negocios y en consecuencia a la inversión y el empleo en México.
El sector financiero tiene diferentes etapas en la recuperación de crédito, el de la promoción, que impulsa el negocio y si algo sale mal, culpa a su área de crédito por autorizar sus propuestas, luego se turna a jurídico, donde estos contratan a abogados externos en especial en los asuntos más complejos, luego los asuntos se dilatan por años, primero cambiando administración interna las entidades financieras y el problema sigue ahí pendiente, con la salvedad que lo convierten en castigos y reservas que financieramente s compensan con comisiones y tasas altas a los clientes que si pagan.
Los financieros deben estudiar y actualizarse más sobre temas jurídicos financieros para que comprendan el tema de riesgo de liquidez y capital y sus efectos legales, que puedan valorar lo derechos litigiosos comercialmente, para eso se necesita practica y salir del tema de la planeación especulativa y los conceptos Fintech que son una evolución si de la tecnología, pero con riesgos de modelos ponzi digitalizados. Los recientes casos de fraudes financieros en Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y los ya conocidos den CDMX y Puebla, son parte de esa problemática sin atención efectiva a la fecha.
No hay duda que tenemos leyes de avanzada, que hemos actualizado el Código de Comercio y los Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles, este último se aplicara a partir de 2027, a efecto de que todas las entidades estuvieran preparadas en su implementación y ejecución. Sin embargo, aún hay grandes distancias en la aplicación de herramientas digitales, si bien el poder judicial de la federación ya opera en línea para consultar, promover y notificar digitalmente, a excepción de la CDMX o Nuevo León, en otras entidades, salvo asuntos en materia de apelación, los procesos siguen siendo presenciales o limitados a asuntos que necesariamente requieren de corresponsalía legal en sus entidades. El Consejo de la Judicatura Federal, los Supremos Tribunales de los Estados, el TSJ CDMX, deberían coordinarse para comprometerse a digitalizar los procesos en todo el país, de tal manera que despachos, exhortos y promociones sean vía electrónica, se bajen costos y se reduzcan los tiempos procesales al 50% de los que hoy se ejecutan, eso sin duda bajaría costos de dinero y de apertura al crédito productivo. Es decir, generar CONFIANZA y que prevalezca el Imperio de la Ley.
X: @MarioSanFisan
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
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