Ciudad de México.- La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de extender la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera invade el próximo mandato de Claudia Sheinbaum, advirtió la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
De acuerdo con el organismo, la extensión de la vigencia del decreto hasta el 30 de septiembre de 2026 es lamentable ya que el conocimiento técnico, la trayectoria profesional y el compromiso con el medio ambiente de la próxima presidenta generó la expectativa de que «se revirtiera una política gubernamental nociva para México».
El decreto publicado en enero de 2022 señaló como requisito para regularizar los vehículos que se encontraban en situación de contrabando, que acrediten haber sido introducidos al país sin las formalidades del procedimiento aduanero hasta el 19 de octubre de 2021.
Asimismo, se estableció que no podrían regularizarse los vehículos que por sus características o aspectos técnicos, esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México. Igualmente quedaron fuera de la autorización para regularizar los vehículos de lujo o deportivos.
De forma literal se estableció que tampoco serían regularizadas las unidades que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente.
El decreto también restringió la regularización de los vehículos con reporte de robo o aquellos relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal.
«Todos estos requisitos han sido letra muerta», señaló AMDA, ya que los funcionarios públicos han autorizado la regularización de millones de vehículos sobre los cuales existen evidencias de faltar a alguna de las especificaciones que el decreto estableció para regularizar el contrabando.
La Asociación recalcó que, lejos de contribuir a evitar el contrabando, la ilegalidad y la circulación de vehículos sin identificar, la regularización autorizada sin mayores mecanismos de control se convirtió en un estímulo al contrabando.
«Esto ha sucedido y la mejor evidencia es que día a día durante la vigencia del decreto ha continuado el flujo del contrabando automotor, cuando un requisito es que los vehículos debían estar en México al 19 de octubre de 2021. También se ha generalizado la corrupción de funcionarios públicos que permiten el ingreso al país del contrabando, toleran la venta en vías públicas, la circulación en las vías de comunicación y finalmente la regularización sin cumplir los requisitos», aseveró AMDA.
Otro punto que igualmente se ha confirmado es la participación de las bandas del crimen organizado en todo el proceso de contrabando y venta ilegal de vehículos. Estos grupos han sido los principales beneficiarios del decreto del Presidente López Obrador, enfatizó el organismo.
No menos grave es que prácticamente todos los vehículos regularizados son vehículos siniestrados con reporte de pérdida total en Estados Unidos, contribuyendo con ello a poner en riesgo a los mexicanos. Igualmente preocupa la contaminación ambiental y la saturación de las vialidades en las ciudades de mayor concentración de vehículos regularizados como son los estados del norte del país, advirtió.
«La afectación a la economía formal no escapa de este fenómeno: el estado que ocupa el lugar número uno en regularización de vehículos es Chihuahua, ya que mientras el mercado de vehículos nuevos a nivel nacional avanzó al mes de agosto 12.2% respecto a 2023, en esta entidad hay un retroceso del 5.6% en el mismo lapso de referencia. Lo mismo puede reportarse en Baja California, donde sólo existe un mínimo avance de 2.1 por ciento. Ambas entidades con dinamismo económico superior al promedio», enfatizó AMDA.
