El recuento preliminar de las autoridades de la CDMX revela que son 3,480 edificios afectados por el terremoto del 19 de septiembre; de éstos, al menos 300 deberán ser demolidos, muchas de ellos construidos no hace más de 10 años, en la euforia del boom inmobiliario
«Los terremotos son los inspectores de la honestidad arquitectónica… Los mexicanos tenemos un sismógrafo en el alma, al menos los que sobrevivimos al terremoto de 1985 en el Distrito Federal. Si una lámpara se mueve, nos refugiamos en el quicio de una puerta”: Juan Villoro
Agustín Vargas
Treinta y dos años después, la pesadilla que genera un terremoto volvió a sacudir a la Ciudad de México, pero ahora con fuerza suficiente para afectar a seis entidades más (Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz y Estado de México). Tras el sismo, la tragedia.
El terremoto del 19 de septiembre de 2017 evidenció la fragilidad de la infraestructura habitacional de la Ciudad de México, pero también el legado de corrupción gubernamental de las autoridades locales que han permitido de manera sistemática desde hace más de una década la edificación de inmuebles, cuyas características no cumplieron los mínimos requeridos en los reglamentos de desarrollo urbano y construcción.
El sismo de 7.1 grados Richter azotó el centro de la República Mexicana. El epicentro fue localizado a 12 kilómetros del poblado de Axochipian, Morelos, en los límites con Puebla. Ese punto está ubicado a 120 km de la Ciudad de México y lo sintieron al menos 12 millones de personas. En la capital del país se derrumbaron al menos 38 edificios.
Si bien los terremotos son fenómenos naturales imposibles de predecir y menos la magnitud y gravedad de los daños que ocasionaría, lo que sí se puede prever es que las edificaciones nuevas se alineen a los estándares de seguridad que deben tener las construcción, con materiales de buena calidad, considerando que la mayor parte de la capital del país es de alto riesgo por ser zona sísmica.
De acuerdo con el recuento preliminar de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) sobre los inmuebles dañados por el terremoto, son 3,480 edificios afectados; de éstos, al menos 300 deberán ser demolidos, muchas de ellas construidos no hace más de 10 años, en la euforia del boom inmobiliario.
Hasta el pasado 24 de septiembre, peritos en construcción coordinados por el GCDMX habían revisado 7,649 inmuebles; 321 edificios han sido clasificados como inhabitables. Del total de revisados, 688 están en condición amarilla, es decir, que son habitables, pero los familiares no necesariamente podrán regresar a sus viviendas de inmediato.
Sobre el particular, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la CDMX, comentó que las personas que todas las personas que perdieron su casa o departamento a causa del temblor, serán atendidos. Para ello, afirmó, la administración local está en coordinación con áreas financieras del Gobierno Federal y los gobiernos delegacionales.
Respecto a las viviendas que sufrieron colapsos y que son relativamente nuevas, indico que la Procuraduría General de Justicia de la CDMX recibirá todas las denuncias ciudadanas y a partir de ello la dependencia realizará una investigación formal de la antigüedad de los inmuebles para hacer valer la garantía.
“Hasta ahora los que tenemos colapsados, los que tenemos con derrumbe digamos que la gran mayoría son inmuebles que corresponden a épocas anteriores al 85, pero se está detallando a fin de poder detectar o encontrar algunos que pudieran ser de construcciones recientes”, dijo el funcionario.
La corrupción en la edificación de muchas de esas construcciones es tan evidente, que ahora la propia Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex) delegación Ciudad de México, exige generar un programa de reconstrucción de la capital del país “basada en una reforma a la ley que permita un desarrollo urbano controlado, que no dé pie al otorgamiento de permisos de construcción con base en la corrupción, ni con materiales de baja calidad que no estén verificados y autorizados por las autoridades correspondientes”.
Es decir, el propio gremio empresarial exige tanto a los empresarios y autoridades dejar de lado las prácticas deshonestas y ya no construir de manera irregular.
Añejas denuncias: nunca se atendieron
En agosto del 2015, Hábitat Mx documentó que al menos desde dos años atrás las construcciones irregulares en la capital del país habían proliferado de manera exponencial, así como las denuncias ante el gobierno capitalino, sin que se haya dado una solución a dicha problemática.
Debido a ello en el Senado de la República se presentó un punto de acuerdo exhortando al gobierno de Miguel Angel Mancera Espinosa a que rindiera un informe pormenorizado sobre las denuncias presentadas por irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la CDMX.
De igual forma solicitaron a Mancera Espinosa, dar cuenta de las acciones que estaba llevando a cabo para prevenir y sancionar estos hechos.
Los senadores sustentaron en su exhorto que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, señalaba que durante el 2013 había recibido más de 3,000 denuncias por diversas irregularidades.
De 2002 a 2014, las categorías más denunciadas fueron la violación al uso de suelo urbano con un 32%; el ruido y las vibraciones, con 19%; y las afectaciones a áreas verdes en suelo urbano.
Ante ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 12/2014 la cual indica que en las delegaciones Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, se violentaron los derechos de los habitantes pues las demarcaciones permitieron construcciones irregulares.
Por supuesto, la petición y el exhorto legislativo no fue atendido y curiosamente, la mayoría de los inmuebles afectados por el terremoto se ubican en alguna de estas delegaciones.
Vecinos afectados por las construcciones irregulares, desde aquel entonces, comentaron que Mancera Espinosa y su equipo tene un tema que se ha constituido en un verdadero cáncer en toda la capital del país que, de enfrentarlo aplicando la ley, puede ayudar a resarcir su imagen y reconocimiento entre la ciudadanía.
Exigían a las autoridades capitalinas meter en orden a la construcción irregular de inmuebles para vivienda, que incumple con los reglamentos de la ciudad y castigar a los constructores ilegales, se clausuren las obras irregulares y se mande demoler los inmuebles que han violado las normas de construcción. Nada de eso ocurrió.
Por el contrario, el negocio inmobiliario en la CDMX ha sido uno de los más redituables desde hace poco más de una década cuando se decidió que la capital debería crecer de manera vertical y no horizontal. A partir de ahí comenzaron a construirse edificios en zonas de alto riesgo sin importar el peligro que representaba para quienes lo habitaban.
La revista Proceso citó recientemente que la organización ciudadana Suma Urbana, desde hace un par de años denunció que hay alrededor de 4,000 edificios ilegales construidos en distintos puntos de la Ciudad de México con los beneficios de la norma 26, que favorece a las viviendas de interés social y que generó 200,000 millones de pesos para los desarrolladores de vivienda.
El portal de noticias HuffPost México publicó una entrevista con el abogado Salvador Mejía, de la firma especializada en prevención de lavado de dinero Asimetrics, quien afirmó estar documentando los casos de edificios nuevos derrumbados en los que murieron decenas de personas y que pueden estar involucrados en casos de corrupción.
Mejía, especialista en temas anticorrupción, junto con otros abogados está reuniendo información y documentos de los edificios en que los rescatistas han encontrado irregularidades en las normas mínimas de construcción, indica.
«No puedo entender cómo es que en la colonia Portales, una de las más afectadas, se cayeran edificios con menos de cinco años de vida útil y, a un lado, está un edificio con 20 o 25 años de antigüedad. Traducción: el edificio viejo está bien hecho y los nuevos bajo el esquema de la corrupción», explicó el abogado.
Dijo que hay delegaciones en las que ya había un antecedente de quejas vecinales por inmobiliarias y constructoras que no seguían las normas establecidas para construir viviendas, como en la Benito Juárez, una de las zonas más afectadas por el sismo.
«La corrupción no se puede entender sino como un binomio entre la iniciativa privada y la administración pública en cualquier nivel. Las autoridades también lo tiene que hacer, comenzar a darle un seguimiento al por qué se cayeron los edificios nuevos», comentó en entrevista con el HuffPost México.
Interés propio, ante todo
En 2012, Miguel Ángel Mancera prometió guardar y hacer guardar las leyes y se comprometió a administrar una ciudad en la que diariamente conviven más de 13 millones de personas.
Sin embargo, para los vecinos de la capital la gestión del Jefe de Gobierno ha sido una muestra de la prevalencia de los intereses particulares y del “amiguismo” sobre la planeación, el bien común y los intereses de la ciudadanía. Una actuación dominada por el desorden urbano, el caos y la corrupción en los cambios de uso de suelo arbitrarios en la Ciudad de México.
Todo esto frente a la inacción de las autoridades que permiten ilegalidades urbanas a lo largo y ancho de la ciudad; un incumplimiento sistemático de la Ley de Desarrollo Urbano que beneficia los intereses particulares de unos pocos y agrava los problemas de congestión vehicular, contaminación, deficiencia en los servicios públicos e inseguridad que afectan a la capital del país.
Cabe recordar que esta inconformidad fue una más de las que se manifestaron en las elecciones del 7 de junio de 2015, en las que el Partido de la Revolución Democrática perdió la mitad de las delegaciones que tenía bajo su control.
