Juan Barrera Barrera
Conforme avanza el escándalo de corrupción de Odebrecht, también se va visualizando que la empresa brasileña desde un inicio armó toda una estrategia en varios países latinoamericanos y del Caribe en donde tenía altas posibilidades de sobornar a los gobernantes o a candidatos que podían ganar las elecciones en sus
respectivos países.
De esta forma, Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, extendió su poder económico desde Brasil, centro de operaciones de la transnacional latinoamericana, a Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, México y República Dominicana, entre otros.
En varios de ellos, las investigaciones avanzaron, a tal grado que ex mandatarios se encuentran en la cárcel, como Ollanta Humala de Perú y Alejandro Toledo, su antecesor, se encuentra prófugo. El presidente en funciones de Colombia, Juan Manuel Santos también ha sido requerido por la justicia.
Por el contrario, en México las pesquisas sobre el caso que involucra al ex director de la paraestatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que es el principal sospechoso de haber recibido dinero de parte de Odebrecht, no avanzan o las bloquean deliberadamente. Ante las interrogantes y cuestionamientos de la opinión pública, la respuesta oficial ha sido el silencio.
¿Odebrecht en la campaña de EPN?
Se ha cuestionado la tardanza de las autoridades de la PGR en dar a conocer avances claros y reales de la investigación, por lo que se presume que desde lo más alto del poder están tratando de bloquear las indagaciones, pues en realidad hay un asunto muy, muy enorme como delicado detrás de este espinoso asunto y que pondría en riesgo no sólo la elección del 2018 para el PRI, sino hasta su propio registro, si es que se comprueba que recibió financiamiento ilegal en la campaña del 2012.
El escándalo internacional estalló hace diez meses, en diciembre, y desde entonces lo que ha habido de parte de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido el silencio, la opacidad, cero resultados de las indagatorias llevadas por la cuestionada PGR.
El escándalo de dimensiones internacionales en el que está en medio Emilio Lozoya, que era el coordinador del área internacional de la campaña presidencial del PRI en 2012, ha afectado directamente la imagen personal de Peña Nieto.
A pesar de las evidencias que han aportado directamente los directivos de la empresa Odebrecht, quienes han afirmado que negociaron con Lozoya la entrega de recursos destinados al financiamiento oculto de la campaña presidencial del PRI en 2012 y después durante la actual administración a cambio de proyectos de obras en el sector energético, no ha pasado nada, lo que refuerza la percepción, interna y externa de ausencia de un sistema de justicia autónomo capaz de combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país, comparativamente con otros países que padecieron la misma experiencia pero que actuaron con celeridad y responsabilidad para castigar a los responsables.
Este lunes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer nuevos documentos acerca de una conversación de Carlos Fadigas, ex director de Braskem, una filial petroquímica de Odebrecht en México, según la cual durante la campaña presidencial de Peña Nieto la empresa realizó tres transferencias por un millón 500 mil dólares a la empresa Latin America Asia, vinculada a Lozoya, en las Islas Vírgenes.
La información de la ONG, publicada por el diario Reforma, establece que en 2013, Fadigas aseguró a un grupo de inversionistas que “Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI, y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No sólo de él, sino también de su equipo”. Esto que significa. En concreto nada, pero abre más la puerta a las sospechas sobre uno de los hombres de mayor confianza de Peña Nieto.
En una carta el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, este lunes tras la publicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, expuso que “Entre 2010 y 2013, periodo aludido en la nota, el Lic. Enrique Peña Nieto, se reunió con múltiples empresarios nacionales y extranjeros con inversiones en México, entre ellos los directivos de Odebrecht y sus filiales, que en aquellos años era la séptima empresa más grande en Latinoamérica, y que inició operaciones en México en 1992”, pero, aclaró, ninguno de ellos dio recursos a su campaña electoral en 2012.
En agosto, un grupo de periodistas independientes de la organización El Quinto Elemento Lab, difundió que tres ex directivos de Odebrecht aseguraron, bajo juramento, que Lozoya recibió sobornos por 10 millones de dólares entre 2012 y 2016 a cambio de contratos. Hay otras cifras que saltan por ahí.
El ex fiscal Santiago Nieto
El fin de semana el escándalo de los presuntos vínculos de corrupción entre Lozoya y Odebrecht dio un nuevo giro, cuando el viernes el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, destituyó al responsable de la Fiscalia Especializada para Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, por violar el código de ética de la procuraduría y por disposiciones de carácter lega.
El ex fiscal llevaba las investigaciones del caso Odebrecht-Lozoya y otros más. La forma en que fue cesado ha generado una crisis política, pues el funcionario se había convertido en un contrapeso real al poder y gozaba de buena reputación entre los partidos de oposición.
Las razones legales que esgrime Alberto Elías para destituirlo realmente son confusas, pero independientemente de eso a estas alturas no hay ninguna duda de que la renuncia de Nieto tiene un trasfondo político y que fue decidido desde Los Pinos y ahora la suerte de Nieto está echada en un Senado dividido.
Pero al mismo tiempo el ex fiscal contribuyó a su remoción, ya que había asumido un protagonismo mediático un tanto irresponsable, concretamente por aquella entrevista al diario Reforma, en la que habló de haber sufrido presiones de Lozoya para exonerarlo, pero ahora asegura que no dijo lo que publicó el diario el miércoles de la semana pasada.
Nieto Castillo tardó mucho tiempo en desmentirlo. Dejo correr una mentira ¿a propósito? Ahora ha entregado a medios de comunicación la grabación de la entrevista. El miércoles en el programa de Carlos Loret de Mola, dijo que no desmintió a Reforma por no limitar la libertad de expresión del reportero ¿en serio?
El ex fiscal acaso entró en un juego perverso ¿con causa de conocimiento? Como parte de un escenario muy bien montado que estaría encaminado a exonerar a Emilio Lozoya de presuntos delitos electorales muy graves para la endeble estructura de las instituciones democráticas y ante la cercanía de las elecciones presidenciales del 2018.
Estamos ante un caso muy parecido al del ex priísta Humberto Moreira, quien fue detenido en España en donde se le investigaba y que todo el aparato legal de la administración de Peña Nieto (PGR y Relaciones Exteriores) se volcó en su defensa en un hecho inusitado, que confirmaba la gravedad de la violación de las leyes para beneficiar a un personaje muy ligado al régimen peñanietista.
El caso Odebrecht-Lozoya-Nieto, apesta. El ex fiscal venía realizando un trabajo aceptable para la sociedad, pues se había convertido en un contrapeso real al poder desmedido de la presidencia de la República. La destitución de Santiago Castillo (“haiga sido como haiga sido”) no deja de ser un mensaje ominoso para los mexicanos, que día con día confirman la terrible ausencia de un Estado de derecho que ha sido desplazado por y la capacidad de reproducción de la corrupción y la impunidad.
El presidente Enrique Peña Nieto ha sido perseguido por los escándalos de corrupción y de esa misma manera está cerrando su administración ¿qué más falta?
