Agustín Vargas *
Expertos del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elaboraron un mapa que permite conocer en dónde se ubican las principales fracturas que afectan la infraestructura de la Ciudad de México, información altamente valiosa, sobre todo ahora que han iniciado los trabajos de reconstrucción de la capital del país luego del sismo del pasado 19 de septiembre.
El trabajo inició a finales de 2016, como parte de un proyecto impulsado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la UNAM, indicó Dora Carreón Freyre, investigadora de la entidad universitaria y responsable académica del Centro de Evaluación de Riesgo Geológico (CERG) de la delegación Iztapalapa
El proyecto ha permitido identificar la vulnerabilidad física del suelo de la Ciudad de México (susceptible a fracturarse) y estimar la fragilidad social en zonas fracturadas, pues este problema afecta de diferente manera a la población, dependiendo del nivel socioeconómico.
Hay gente que dedica una parte importante de sus ingresos para levantar una barda o construir un cuarto, así que su resiliencia ante una contingencia es distinta a la de la población económicamente más estable, detalló la investigadora de la UNAM.
Carreón Freyre ha trabajado en estos temas en la Ciudad de México desde 2007, cuando una fractura que se abrió repentinamente en la delegación Iztapalapa llevó al establecimiento del CERG.
“Se realizó el mapa de fracturas en esa demarcación entre 2008 y 2012, años en los que se laboró con los delegados en turno para contribuir a disminuir el riesgo asociado para la población mediante una zonificación adecuada y el diseño de distintas medidas de mitigación”, explicó la universitaria.
Esto fue lo que llevó al Cenapred a buscar al equipo de Carreón Freyre, con el objetivo de ampliar la búsqueda y cartografía de dichas fracturas que, se encontró, afectan a 15 de las 16 delegaciones de la CDMX, aunque las que tienen mayor número son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.
“La distribución de las fracturas en la base de la ladera de la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, es muy similar del otro lado, en Tláhuac, y también en Xochimilco, en la base de la ladera de la Sierra Chichinautzin. Existe una relación directa entre la aparición de las fracturas y las áreas de contraste entre la zonas del lago y los edificios volcánicos”, detalló la responsable académica del CERG.
Al comparar los mapas de fracturas con los sitios dañados por los sismos de 1985 y 2017, se identificó que los edificios colapsados se sitúan en las zonas con más fracturas, especialmente en las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc. “Ambas se ubican en una especie de fosa delimitada por dos fallas, que atraviesan la ciudad de norte a sur”.
En el caso del área de gran afectación al sur de Iztapalapa, limitando con Tláhuac, señaló que se trata de fracturas que ya estaban reportadas y que en el último sismo se manifestaron como desplazamientos verticales del suelo, de casi un metro.
Sobre el origen de estas fracturas en nuestra metrópoli, la investigadora precisó que el principal motivo es el contraste entre los materiales volcánicos y los de relleno del lago.
“Se debe estudiar cada zona, porque los contactos litológicos son planos de debilidad, con una distribución distinta en las zonas de transición o de pie de monte, montañosas o lacustres. Por ello, además de conocer los efectos de los sismos en estos tipos de suelo, es importante saber qué tan susceptibles son de fracturarse”.
La extracción del agua es el factor que detona y pone en evidencia las debilidades que ya existían en el suelo, pues por el estrés hídrico el subsuelo se consolida y se compacta, y las irregularidades y discontinuidades que ya estaban comienzan a manifestarse o propagarse hacia la superficie, explicó.
La universitaria reconoció que el agua es un recurso indispensable, por lo que es fundamental mejorar la gestión del recurso subterráneo en zonas urbanas; además, resaltó, las fracturas no son aleatorias, se pueden cartografiar y predecir hacia dónde se propagarán, que es el objeto de este trabajo.
Asimismo, recordó que la Ciudad de México se hunde en promedio de 20 a 30 centímetros al año, por lo que esos desplazamientos deben ser considerados en un plan de reconstrucción a corto y mediano plazos.
Para este trabajo, además de los recorridos por la Ciudad de México, Carreón Freyre y su equipo buscaron material bibliográfico y los mapas de riesgo en cada una de las delegaciones políticas. Sin embargo, sólo cuatro demarcaciones cuentan con esta herramienta y ninguna está actualizada.
“Esta investigación fue hecha para la metrópoli y no sólo para un grupo reducido de personas. Lo ideal es que la información sea aprovechada como base para definir cualquier plan de desarrollo urbano encaminado a implementar sistemas de monitoreo y prevención, así como medidas de mitigación adecuadas para cada tipo de fracturas”, finalizó.
Reconstrucción con transparencia
El estudio de la UNAM cobra aún más importancia no sólo en la capital del país sino a nivel nacional, debido a que, de acuerdo con organizaciones sociales agrupadas ya en redes ciudadanas, si es posible realizar un auténtico atlas de riesgo que permita identificar y prever futuras tragedias producto de la edificación de inmuebles en zonas urbanas altamente fracturadas y por tanto peligrosas.
El pasado 19 de octubre, justo un mes de ocurrido el sismo de 7.1 grados que sacudió a la capital del país y estados circunvecinos, se presentó la plataforma digital #Ciudadanía19S, un colectivo de redes ciudadanas que busca reconstruir una ciudad con los fuertes cimientos de la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad del gobierno, al tiempo de conjuntar esfuerzos por mantener la coordinación y vigilancia de los capitalinos.
En el comunicado emitido por el colectivo que forman organizaciones como Suma Urbana, Obra Chueca, Horizontal o Bicitekas, hay ocho peticiones puntales mínimas para que los capitalinos tengan información que ayude a reconstruir la ciudad y entrar, por fin, en un proceso de resiliencia:
•El catastro vigente y las versiones históricas.
•Los estudios y escenarios de peligros y riesgos, incluyendo grietas, hundimientos, subsidencias, inundaciones, incendios, fallas, minas, cavernas, tipo de suelo y profundidad de cada suelo. No el incompleto atlas de riesgo que se presentó.
•La delimitación geohidrológica de acuíferos, así como sus flujos y volumen de agua.
•Las solicitudes de revisión de inmuebles, las revisiones postsismo y los dictámenes de seguridad estructural, incluyendo los nombres y números de cédulas de directores responsables de obra (DRO) y corresponsables de estructuras que los revisaron. Es nuestro derecho saber en manos de quién estamos dejando la seguridad de los techos que nos cubren.
•Los inmuebles que están en proceso de mayor revisión estructural, reforzamientos o demoliciones, para determinar si representan peligro a la integridad de dueños, usuarios y colindantes de los inmuebles.
•Los edificios y sus expedientes (planos, permisos, revisiones y autorizaciones) que tienen acciones legales, así como su estado en el proceso y pruebas periciales.
•Los folios reales del Registro Público de la Propiedad, relacionados con el número de catastro de los inmuebles, información que es pública y a la que tenemos derecho de acceder.
•De cada predio construido o remodelado posterior al año 2000, solicitan la razón social de la constructora, su responsable legal, su director responsable de obra (DRO), número y fecha de autorización, y número y fecha de terminación de obra.
Ley de reconstrucción: incentivos perversos
Es más, estos colectivos de la sociedad civil advierten desde ya de “incentivos perversos» en la Ley de Reconstrucción CDMX, propuesta por Miguel Angel Mancera Espinosa, jefe de gobierno, a la Asamblea Legislativa.
Josefina MacGregor, de Suma Urbana, una red ciudadana encargada de denunciar las irregularidades en materia de desarrollo urbano de la capital, acusó que hay deficiencias en la propuesta de ley del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, donde indica el daño que sufrieron instalaciones de Seduvi y del Archivo de Notarías.
«Es increíble que donde tenemos datos de catastro, fiscales y los de Seduvi sean los únicos tres que hayan caído y nada más le dedican un párrafo.
«Por qué digo que es un incentivo perverso: porque estamos viendo que ahora mucha gente que no tiene que demoler está levantando la mano para decir: ‘tírenlo’; gente que va a edificios en situación medida y ya hay desarrolladores atacando, ofreciendo comprar los predios», expresó MacGregor.
Adicionalmente, los desarrolladores que se adhieran al modelo propuesto por la Ley estarán exentos de cumplir con la mayoría de los requisitos necesarios para construir: no deben cumplir el Programa de Desarrollo ni presentar estudios de impacto urbano y ambiental.
«Si tuviéramos datos abiertos, brincaríamos todos y diríamos: un momento, ese edificio no estaba dañado. No tenemos datos suficientes para hacer una interpretación para saber cómo se comportó el edificio.
«Vemos que el incentivo es perverso porque ignora el riesgo, que es los que nos llevó a las pérdidas ahorita «, expuso Josefina Mac Gregor, historiadora y académica de la UNAM.
