Juan Barrera Barrera
En la crisis institucional que vive España lo que ha quedado de manifiesto es la incapacidad de los dirigentes políticos para llegar a la negociación entre Madrid y el gobierno catalán. Se llegó al extremo de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña y como respuesta, igual de extrema, la aplicación del temido artículo 155 de la constitución española de 1978, como salida al conflicto secesionista.
Durante varios años las élites políticas dejaron crecer la confrontación que hoy tiene dividida a España, pues nunca existió una verdadera iniciativa que diera confianza a las partes interesadas para por lo menos intentar resolver realmente el conflicto entre el gobierno central y el catalán mediante el diálogo.
El conflicto se salió de control y al día de hoy España se encuentra sumida en un gran problema que pone en riesgo su sistema democrático y la credibilidad de las instituciones. No solo Cataluña se encuentra dividida entre secesionistas y unionistas, el mismo ánimo lo comparten los españoles en su conjunto y podría tomar un camino más incierto dependiendo de la suerte inmediata de Carles Puigdemont y sus colaboradores.
Si la decisión del Senado español (en donde el gobernante Partido Popular tiene mayoría) y del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de aplicar el artículo 155 constitucional que permite la destitución de la Generalitat catalana, fue como tratar de apagar el fuego con gasolina, la orden de aprehensión en contra de su presidente y de todos sus consejeros, fue extender el siniestro a toda la pradera.
El gobierno derechista de Mariano Rajoy intenta terminar con el conflicto a través de golpes espectaculares basados en la represión directa. Primero con la violencia física contra los ciudadanos que el primero de octubre salieron a votar por la independencia de Cataluña y ahora por la vía constitucional de descabezar al gobierno de Puigdemont y llevarlos ante la justicia.
Puigdemont y sus socios de la causa independentista se encargaron de hacer su parte para llegar a esta situación de extrema gravedad en que se encuentran España por dejar crecer la crisis constitucional que tiene enfrentados a los españoles con los catalanes. El viernes 27 de octubre forzaron el escenario permitiendo que el Parlamento votara la resolución para declarar un “Estado independiente en forma de República” e iniciar un Congreso Constituyente en Cataluña.
La judicialización del caso catalán
La reacción del gobierno central español fue la aplicación inmediata del artículo 155 que permite la destitución del gobierno catalán y del Parlamento regional. La justicia española ordenó el encarcelamiento provisional de ocho miembros del destituido gobierno, incluyendo al vicepresidente, Oriol Junqueras.
El proceso independentista ha tenido un dramático desenlace judicial que incluye una orden de arresto europeo en contra del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y de cuatro de sus consejeros que se autoexiliaron en Bélgica acusados de rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación, todos muy graves pero muy exagerados, que alcanzarían hasta 30 años de cárcel.
Los cinco ya se entregaron voluntariamente a la fiscalía de ese país para evitar la imagen de su arresto por parte de la policía. Así estaba trazada la estrategia de los independentistas: internacionalizar el conflicto y que un tribunal extranjero decida su suerte, y dejar de esta manera en entredicho la imparcialidad, aseguran, de la justicia española, continuando con su posición desafiante y abonando, al mismo tiempo, al desprestigio del gobierno de Mariano Rajoy.
Puigdemont ha aceptado que pueden pisar la cárcel. Seguramente están preparados para ello, acaso como una suerte de convertirse en héroes y mártires, al ver que su objetivo de convertir a Cataluña en una República se frustró y con ello el sueño de muchos de sus seguidores.
Pero para su consuelo, no solo Puigdemont y su movimiento separatista han sido derrotados en esta larga crisis política. Toda la clase política española y catalana están en la lona, totalmente de bruces. Lo único que han demostrado a la sociedad española y al mundo es su falta de sensibilidad y falta de destreza en la utilización de la política para la negociación y solución de conflictos.
Los lazos de convivencia y tolerancia que mantenían unidos a españoles y catalanes y que giraban en torno a la constitución de 1978, se han roto y no hay forma de restituirlos a menos que se piense en serio en una reforma de gran calado, lo que implicaría necesariamente la revisión del estatuto de las regiones autonómicas.
El factor 21-D
A Rajoy tenemos que reconocerle el tino político, una de cal por quién sabe cuántas de arena, de anunciar elecciones para el 21 de diciembre, como lo establece la norma electoral, en las que se pueden presentar como candidatos los independentistas encarcelados, incluyendo, por supuesto, a Puigdemont que no logró integrar una lista única entre los partidos rupturistas. Aun así, el escenario electoral les favorece.
Ha trascendido que el Tribunal Supremo asumiría el control de todas las causas judiciales abiertas contra los ex miembros del gobierno de Cataluña y de la Mesa del Parlamento por las características propias de los delitos como el de rebelión.
La centralización de las causas judiciales puede tener resultados que beneficien a los acusados, ya que se ha dicho que el Supremo no comparte el haber encarcelado a los ocho integrantes del gobierno secesionista depuesto, decisión que no se descarta se revierta antes de los comicios del 21 de diciembre, como una medida política, pues con ello la tensión y el ánimo independentista disminuirían a escasas seis semanas de los comicios.
Es de esperarse que las elecciones sirvan para sentar las bases del diálogo entre las partes confrontadas, de lo contrario la polarización política podría escalar nuevos derroteros insospechados.
