Ciudad de México.- Al comparecer con motivo del Quinto Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, afirmó que el porcentaje de la población en pobreza del país está en su nivel más bajo desde 2010, e indicó que a pesar de que desde 2012 hay 5.3 millones más de mexicanos, la pobreza no creció en la misma proporción.
En esta administración federal, agregó, 2.2 millones de personas dejaron atrás la pobreza extrema; se redujo en 1.9 millones de personas, la pobreza extrema alimentaria, objetivo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y 4.5 millones de mexicanos ya no son pobres y tampoco son vulnerables.
Se pronunció por garantizar que los recursos de los programas sociales lleguen íntegros a los beneficiarios, y que, “por ningún motivo, se usen con fines electorales. El blindaje electoral que implementamos busca garantizar que los programas sociales no incidan sobre el voto, lo que asegura contiendas imparciales, así como equidad en la competencia entre partidos y candidatos”.
Miranda Nava resaltó que se cuenta con una contraloría social integrada por más de 500 mil personas, que vigilan desde sus propias comunidades la correcta aplicación de los programas. “Estos mecanismos han probado ser eficientes, no obstante, la mejor manera de blindarlos es empoderando a los ciudadanos”.
Dijo que se está frente a la posibilidad de consolidar una política social de Estado, que vaya más allá de ciclos electorales y de gobierno, y ayude a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
Ante las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social, expresó que una política social de Estado cercana a la gente, que sume voluntades y que sea transparente, se traducirá en más justicia social, en una democracia vibrante y en mayor prosperidad.
Al analizar las últimas dos mediciones del Inegi y del Coneval, es decir, 2014 y 2016, por primera vez, se redujeron al mismo tiempo la pobreza moderada y la extrema. Con ello, tan sólo en dos años, 1.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Además, la reducción de carencias, destaca que 2.7 millones de personas más tienen acceso a servicios de salud y 1.8 millones a servicios básicos de la vivienda.
Luis Enrique Miranda argumentó que el reciente incremento al salario mínimo de 80.04 a 88.36 pesos, es producto del consenso de los sectores obrero y patronal. Con ello, este indicador se recuperó 20 por ciento en términos reales en lo que va de la actual administración, lo cual no había ocurrido hace más de 30 años.
No obstante, dijo, falta camino para que los mexicanos vivan como la Constitución lo mandata. “Mientras haya una sola persona en pobreza, no podemos bajar la guardia. México enfrenta importantes desafíos, que sólo podremos superar si trabajamos juntos, Ejecutivo y Legislativo. Tenemos que afianzar y dar continuidad a los esfuerzos colectivos de los tres órdenes de gobierno, que convergen de manera exitosa en la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI)”.
Agradeció que se aprobara un presupuesto con visión social que protege los apoyos a los beneficiarios para el próximo año. “Tengo claro que los contrapesos que genera el Poder Legislativo fortalecen la democracia, de ahí la importancia de seguir estrechando vínculos entre la Sedesol y la Cámara de Diputados”.
El funcionario mencionó que la política social que se hace en los estados y municipios, es fundamental, pero no se trata de tener más programas, sino de ir juntos y establecer metas claras entre los tres órdenes de gobierno.
Con la Estrategia Nacional de Inclusión, abundó, se ha avanzado, hacia la cobertura universal de salud entre las familias con Prospera y los beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores; más de dos millones de personas que no habían podido concluir la primaria o secundaria obtuvieron su certificado; las niñas y niños que asisten a estancias y guarderías del gobierno federal, reciben ahora una formación reconocida por la Secretaría de Educación Pública como equivalente al preescolar.
A partir de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de 2013 y a los lineamientos que emite la Sedesol, en los últimos dos años, 7 de cada 10 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se han destinado a acciones que abaten directamente las carencias.
Subrayó que la pobreza que más duele es la de aquellas familias que no pueden llevar alimentos a su mesa, por lo que, abatir esta carencia es una prioridad de la política social. Relató que hace un año once estados no tenían Comedores Comunitarios y hoy, “más de 5 mil 400 comedores se encuentran en todas las entidades federativas”.
También, por la fortaleza financiera de Diconsa y Liconsa, se amplió el número de tiendas de abasto rural y fue posible ofrecer leche fortificada a un peso el litro en los 300 municipios de menor desarrollo. En enero se sumarán otros 100 ayuntamientos.
En apoyo a las personas adultas mayores, se eliminó la prueba de supervivencia presencial que tenían que realizar cada seis meses para continuar en el programa. Con sus acciones, la Sedesol apoya a casi siete millones de personas de 65 años y más.
Además, uno de cada cuatro pesos del presupuesto de la Sedesol se destina a población indígena, a través de 11 programas sociales, entre los que destaca Prospera, que atiende a 1.5 millones de familias de localidades indígenas. Tres de cada 10 beneficiarios de los programas de la Secretaría son jóvenes de 12 a 29 años.
Para que los jóvenes de Prospera accedan a estudios de educación superior, se creó la beca “Inicia tu Carrera SEP-Prospera”; se procura que los programas estén al alcance de las personas con discapacidad que requieran apoyos; en las Estancias Infantiles se cuidan a casi 5 mil niñas y niños con algún tipo de discapacidad.
Con el INAES, se han apoyado este año a más de 4 mil organismos del sector social de la economía, y en lo que va de la administración, Opciones Productivas ha apoyado a casi 76 mil personas con más de 14 mil proyectos.
Respecto a los recientes fenómenos naturales y a pesar de la magnitud de la emergencia, apuntó que ningún programa social se vio interrumpido; todo lo contrario, se “hicieron esfuerzos extraordinarios con los mismos recursos. Se emitió una circular para que los municipios afectados agilicen y reorienten los recursos del FAIS a la reconstrucción”.
Adicionalmente, con Diconsa y Liconsa se han distribuido más de 3 mil 500 toneladas de víveres, cerca de un millón de litros de agua y más de 88 mil litros de leche en los estados afectados; se instalaron 120 Comedores Comunitarios emergentes; se adelantaron los pagos de Prospera y se activó el Programa de Empleo Temporal (PET).
Sostuvo que la Sedesol continuará, de manera permanente y comprometida, apoyando a todos aquellos que resultaron afectados. “Los mexicanos deben saber que no están solos, que los escuchamos y que atendemos sus demandas. No podemos permitir que los fenómenos naturales nos lleven a retrocesos en el abatimiento de las carencias, justo cuando más hemos avanzado”.
El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes (PES) señaló que prevalecen la visión y acción paternalista y el crecimiento en los padrones, evidencia que no saca a la gente de su condición de pobreza, no tiene la suficiente actuación y coordinación para ello; consideró que se deben cambiar paradigmas que han regido la política económica en este país.
La política social debe contar con auténticos instrumentos de fomento productivo, ya que en las zonas más rezagadas del país no hay únicamente pobreza sino grandes recursos naturales y mexicanos emprendedores que quieren salir adelante con sus propias manos y esfuerzo. Cuestionó qué avances reporta la inclusión productiva del programa Prospera y si realmente este eje está logrando una consolidación.
Por su parte, el diputado Ángel García Yáñez (NA) indicó que a pesar del apoyo a más de 6 millones de niños y jóvenes estudiantes de niveles básico y medio superior, mediante becas para que no abandonen sus estudios, persisten altos niveles de deserción escolar, principalmente en zonas rurales y semiurbanas, donde se concentra la mayor cantidad de población beneficiada.
Ante ello, preguntó cuáles son las acciones que la Sedesol impulsará para que el programa de Inclusión Social tenga mejores resultados en el ámbito educativo.
Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada de MC, lamentó que el cooperativismo sea poco difundido y pidió continuar los programas de incentivos en las comunidades que más necesitan los apoyos de trabajo. Estimó que los 231 mil 400 hombres y mujeres que se han beneficiado con el programa PET, se podrían duplicar e impulsar hacia otro desarrollo.
Impulsar el cooperativismo con más esmero y ahínco, sería la manera de poder ayudar a todas las personas que sufren por las calamidades de esos sismos. Inquirió qué le hace falta a Sedesol para que detone e impulse el cooperativismo como un modelo de desarrollo económico y social en este país.
Del PVEM, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza expresó su preocupación de que Liconsa pague la leche a los productores nacionales a un precio que no les permite cubrir sus costos, poniendo en riesgo la fuente de sustento de muchos pequeños y medianos productores. “No es posible que una empresa que se dice tener sentido social castigue de esta manera a un sector productivo. Liconsa, por el volumen lácteo que compra, fija precios y lo hace por debajo del costo”.
Pidió aclarar la situación actual del costo que se le paga a los productores, qué se pudiera hacer y cómo resolver esta situación para no trabajar a costillas de los productores en un programa social tan beneficioso a las familias pobres.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena) señaló que no es un secreto que el sector social de la economía se encuentra relegado principalmente por la falta de políticas en la materia y asignación recursos presupuestales. Por ello, el Instituto Nacional de la Economía Social se ve imposibilitado para cumplir con las obligaciones que la ley le impone.
Estimó que existe una falta de corresponsabilidad del gobierno porque en la economía social aporta el uno por ciento del PIB y la Federación sólo le asigna el 0.05 por ciento del presupuesto. Solicitó al funcionario convertirse en un operador político y comprometerse con el sector social de la economía. “Comprométase a la adecuación de políticas públicas y que se participe en la reforma de la legislación que tanta falta nos hace, que propicie el reconocimiento de la importancia de la economía social y sus beneficios”.
La diputada del PRD, María Castelán Mondragón, reconoció la labor de la Sedesol, pero estimó que se deben redoblar esfuerzos para que los programas sociales realmente mitiguen la pobreza. “Sabemos que tienen fines nobles y funcionales pero no una correcta aplicación, ya que son utilizados con tintes electorales y condicionan votos a cambio de apoyos”.
De igual forma, preguntó si las Reglas de Operación para acceder a los beneficios van en contra de su propio espíritu, pues para obtenerlos hay que cumplir “trámites tortuosos”.
El diputado del PAN, Miguel Ángel Huepa Pérez, comentó que la Cartilla Social más que coadyuvar a la transparencia, genera polémica porque su mal puede llevar a la manipulación de la información que reporta a las personas que reciben apoyos del gobierno al Inegi.
Manifestó su preocupación sobre las decisiones de la Sedesol, pues minan la confianza en las instituciones; en tal sentido, cuestionó qué acciones se implementan para evitar la manipulación de datos en esa cartilla y qué se hace ante la crisis de confianza en las entidades del Estado.
Del PRI, la diputada Verónica Muñoz Parra, habló sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), un instrumento de política social y herramienta para que los gobiernos estatales y municipales inviertan en sus comunidades y en su gente.
Precisó que los recursos del FAIS en 2018 serán equivalentes al 68 por ciento del presupuesto de la Sedesol, por lo que preguntó qué cambios se han logrado a partir de las modificaciones normativas que le dieron la rectoría del FAIS a la Sedesol, y qué más se podría hacer para mejorar la efectividad de esa importante bolsa de recursos destinados a la infraestructura social.
