Diputados avalan castigos más severos a delitos en carreteras

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, resaltó la importancia de la aprobación de esas modificaciones, ya que son las más importantes aportaciones para la seguridad de la nación

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Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 390 votos, el dictamen que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de sancionar los delitos carreteros.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, resaltó la importancia de la aprobación de esas modificaciones, ya que son las más importantes aportaciones para la seguridad de la nación y brindan certeza jurídica a quienes invierten en el país.

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece una pena de seis a 12 años de prisión a quien cometa robo contra personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, cuando el objeto del robo sean las mercancías.

También estipula una pena de dos a siete años de prisión cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros; la pena de prisión se aumentará en un tercio cuando exista apoderamiento del remolque o semirremolque y sea utilizado para cometer otro ilícito.

A su vez, la sanción de prisión será aumentada en una mitad cuando, a sabiendas de sus funciones, un servidor público cometa o participe en el robo y éste tenga o desempeñe labores de prevención, investigación, persecución del delito o ejecución de penas; para este caso, se le inhabilitará por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Al fundamentar el dictamen, el priista Álvaro Ibarra Hinojosa señaló que en los últimos años la industria de autotransporte se ha visto considerablemente afectada por el incremento de los robos cometido contra sus unidades y los pasajeros.

Refirió que en lo que va del año, «45 por ciento de las empresas sufrió al menos un robo en sus unidades, lo que ha generado pérdidas de por los menos mil 75 millones de pesos”.

Esta reforma, destacó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), busca proteger a los pasajeros y empresas de transporte, desarticulando a los grupos delictivos y contar con mayor información e instrumentos para una investigación más eficiente y evitar que se siga cometiendo este delito.

En tanto, el diputado Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, explicó que el dictamen pretende tipificar en el Código Penal Federal el robo del autotransporte de carga federal y se protege en todo momento a los empresarios, hombre-camión, conductores y mercancía que se transporta por todo el territorio nacional.

Por Morena, Jesús Emiliano Álvarez López refirió que a nivel nacional, el número de quejas presentadas ante agencias del Ministerio Público en 2017, por actos de robo en carreteras, asciende a tres mil 823. De ellos, los delitos cometidos con violencia suman tres mil 435, a camiones de carga dos mil 303, a vehículos particulares 280, y en otras modalidades, 723.

En su turno, el perredista Francisco Xavier Nava Palacios añadió que este delito ha causado grandes perjuicios, no solo al interior del sector, sino a sus propios clientes, a las aseguradoras, a las cadenas comerciales y de distribución, al comercio nacional e internacional, pero sobre todo a las víctimas directas, ya que los robos se han vuelto cada vez más violentos.

El legislador panista Jorge López Martín reiteró que el hecho de que las personas no se sientan seguras cuando viajan es una razón suficiente, de peso, para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno lleven a cabo acciones contundentes para frenar esos delitos en las carreteras y caminos del país.

Por último, el priista Alfredo Anaya Orozco mencionó que fortalecer la legislación contra el robo del transporte de carga en sus diferentes modalidades, garantizará caminos seguros y confiables, como lo establece la Constitución, a fin que toda persona pueda viajar libremente por el territorio nacional.