Bruselas.– La Comisión Europea (CE) apuesta a una mayor cooperación administrativa entre los países de la Unión Europea para atajar el fraude transfronterizo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que les cuesta casi 50 mil millones de euros (59.2 mil millones de dólares) al año.
El objetivo, según explicó el comisario europeo de Asuntos Financieros, Pierre Moscovici, es aumentar la recaudación de los 28 Estados miembros de la UE a través del tributo.
Para ello, el Ejecutivo propone reforzar los poderes de Eurofisc, la red de servicios nacionales de investigación de fraudes relacionados principalmente con el comercio de automóviles, barcos y aviones.
El organismo se dotará de un sistema en línea para el intercambio automático de información y tendrá acceso a los datos de matriculación de vehículos en otros países miembros, con lo que todos los países europeos podrán tratar, analizar y auditar los datos sobre la actividad transfronteriza.
Eurofisc también podrá coordinar auditorías e investigaciones conjuntas entre dos o más países, particularmente importantes en casos relacionados al comercio por internet.
Bruselas sugiere, asimismo, crear nuevos canales de comunicación e intercambio de datos entre las autoridades fiscales nacionales y organismos europeos tranfronterizos, como Europol (la policía europea) o Olaf (la oficina europea de investigación del fraude).
“La cooperación con organismos europeos permitiría comparar las informaciones nacionales con archivos criminales, bases de datos y otras informaciones detenidas por Europol y Olaf, a fin de identificar los responsables de fraudes o sus redes”, señala la CE.
Para Moscovici, “hacer equipo” es la mejor manera que los socios europeos tienen de luchar contra el fraude transfronterizo, que suele financiar el crimen organizado y el terrorismo.
“Cuando se trata de luchar contra el fraude y el crimen organizado, la soberanía fiscal no debe tener lugar”, sostuvo.
A largo plazo, la idea de Bruselas incluye establecer régimen europeo de tipos de IVA. Una propuesta en ese sentido deberá estar lista en enero próximo.
Las propuestas presentadas este jueves deben recibir el aval del Parlamento y del Consejo Europeo antes de entrar en vigor.
De todos modos, el intercambio automático de informaciones recopiladas por las autoridades fiscales y de registros de vehículos no será posible hasta enero de 2020, dado que requiere el desarrollo de nuevas tecnologías.
