Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad y con mayoría calificada con 360 votos a favor y cero en contra eliminar el pase automático del procurador general de la República a fiscal general.
Los legisladores dieron luz verde el dictamen que modifica el artículo Decimosexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero 2014, que se turnó al Senado para sus efectos constitucionales.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Guadalupe Acosta Naranjo, explicó que éste busca evitar el pase automático del procurador a fiscal general.
Se pronunció por un ejercicio de parlamento abierto en la designación del fiscal y planteó que en la ley secundaria se incorporen requisitos adicionales, tales como que los aspirantes no militen en un partido político por lo menos cuatro años antes.
Con esta modificación “se garantiza que el Senado de la Republica tendrá que votar en dos terceras partes este nombramiento, dos terceras partes que no tiene ningún grupo parlamentario ni coalición”.
“Deberá reunir la legitimidad que le dan los distintos grupos parlamentarios conforme a una mayoría calificada”, afirmó.
Acosta Naranjo exhortó al Senado de la República a que avale el dictamen lo antes posible, para que se turne a los congresos estatales y entre en vigor.
Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Ramírez Nieto, reconoció la responsabilidad política del Congreso y la necesidad de crear una fiscalía general autónoma e independiente. Aseguró que la reforma fortaleció la voluntad popular y es parte del legado político del presidente Enrique Peña Nieto.
En su turno, el Partido Acción Nacional (PAN), a través de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, consideró que uno de los principales problemas del país es la inseguridad y esto es derivado del alto índice de impunidad, lo que ha provocado el rechazo ciudadano y la organización de colectivos que han realizado propuestas para garantizar la autonomía de la Fiscalía General.
El Partido Revolucionario Democrática (PRD), en voz del legislador Arturo Santana Alfaro, señaló la importancia del dictamen que elimina el pase automático y que dará vida plena al Artículo 102 constitucional.
A su vez, la diputada Lorena Corona Valdés, del Partido Verde, advirtió que la reforma no ataca de fondo del problema , toda vez que se debe garantizar la independencia y la autonomía de los fiscales generales de las entidades federativas, por lo que urgió a dictaminar en ese sentido.
Por Nueva Alianza, la legisladora Mirna Isabel Saldivar Paz, reconoció la participación de la sociedad civil y reiteró la importancia de la designación del titular de la fiscalía, a fin de que cumpla los requisitos de probidad e independencia necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el legislador Rodrigo Abdala Dartigues, reprochó que se hayan tardado tres meses en dictaminar la reforma y casi un año desde que el presidente Enrique Peña Nieto presentara la iniciativa y adelantó que su bancada votará a favor.
Durante el debate, la diputada de Morena Ernestina Godoy Ramos consideró que la reforma es insuficiente, pues se mantiene el mismo modelo de fiscalía, sin que se modifique de fondo.
El dictamen aprobado señala que una vez realizada la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, el Senado iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado A del Artículo 102 constitucional para la designación del fiscal general de la República.
Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la convocará de manera inmediata a sesión extraordinaria.
También aprueba que el procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria en comento continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al fiscal general de la República.
