Amarga Navidad y un futuro 2018 de incertidumbre
Guillermo Correa
Cifras oficiales aseguran que en este diciembre hay por lo menos en números redondos 53 millones 400 mil mexicanos –de una población total de 120 millones – en pobreza y que de esta cantidad existen en condición extrema más de 7 millones. Obviamente que con la inflación de este año y otros problemas económicos la cifra es mucho mayor y va en aumento.
Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos será hasta el 2043 cuando el minisalario alcance el máximo histórico que registró en 1972, esto es, que a valor presente son 253.6 pesos diarios muy lejanos a los 88.36 pesos que regirán el año entrante. Además, los comicios del primero de junio de 2018, cuando se elegirá a un nuevo Presidente de la República, tendrán un costo público –pagado con nuestros impuestos— de 18 mil 256 millones de pesos, a los que ya se suman 6 mil 700 millones destinados a los partidos políticos y sus campañas, cantidad que hace de estas las más costosas de la historia, lo cual es un gran despilfarro que pinta de negro el futuro del país.
Como establece la sabiduría popular nos espera una amarga Navidad y nada de prosperidad para los años venideros en lo que corresponde a la mayoría de la población. De acuerdo con Roberto Candela Ramírez –economista e investigador de la UNAM–, en un análisis publicado en junio pasado por la Cámara de Diputados, dos son los escenarios posibles que esperan a México con rumbo a las elecciones de 2018. Uno es el camino hacia un país colapsado; el otro, posible, es el cambio hacia un México en transición y con viabilidad. Sus consideraciones se dieron a conocer por el Centro de Estudios sobre la Opinión Pública, que no representan postura alguna del órgano legislativo, pero por su interés destacamos lo principal.
Dice: El país continúa sumido en un escenario de creciente conflictividad social, México continúa siendo uno de los países más violentos del mundo. El sistema político sigue adentrándose en un clima convulsionado y cada vez más extremo, pues no hay voluntad política para expandir los canales de democratización electoral y dar cauce cierto a la institucionalización democrática –al contrario, ejemplo de ello son las votaciones recientes en el Estado de México y Coahuila–. Los organismos electorales permanecen desfasados de la realidad electoral y no cumplen cabalmente con su función de actuar como árbitros imparciales.
En consecuencia –agrega– el desencanto por la democracia aumenta a la par que crece la propensión a impulsar, desde el poder, nuevas prácticas autoritarias. Los partidos políticos siguen inmersos en disputas internas intestinas; continúa en franco declive el ejercicio de sus funciones como órganos de representación política. El tejido social colapsa. Inseguridad y violencia se desbordan aún más, nuevas regiones del país se convierten en zonas de conflicto.
Para el otro escenario –cada vez más lejano– Candela Ramírez describe: La transición política se emprende bajo una agenda que plantea pasar de un viejo sistema a implantar uno nuevo, contempla la decisión de parte de la sociedad por asumir una nueva vocación de exigencia, participación, solidaridad y corresponsabilidad. El gobierno, por su parte, muestra vocación para garantizar permanentemente el ejercicio de una democracia basada en la pluralidad, la libertad, la paz social, la consolidación y vigencia de un estado de Derecho y el desarrollo pleno de una economía de mercado que promueve la libre iniciativa, la creación de empresas, la productividad, la competitividad internacional, la definición y defensa de los derechos de propiedad, así como la formación de una cultura empresarial que base su actuación en la responsabilidad social y una nueva cultura laboral que propugne y concilie los intereses de los factores de producción.
Pero el gobierno de Trump se afianza en el poder y decide unilateralmente la cancelación del TLCAN y este hecho se convierte en un factor perturbador más para México, puesto que los agentes económicos optan por asumir posiciones de cobertura frente a un mayor riesgo. El país continúa regido por una política económica conservadora que busca como prioridad, dar continuidad y consolidar los avances y metas, hasta ahora logrados, en el ámbito macroeconómico. Se asume que el camino hacia el desarrollo nacional sigue estribando en aprovechar las ventajas de ser una de las economías más abiertas del mundo privilegiando “el crecimiento hacia afuera”; en contraparte, se evita instrumentar políticas explicitas y deliberadas para inducir las transformaciones que el país requiere para fortalecer el “crecimiento hacia adentro”, esto genera limitaciones severas en la calidad de vida, como consecuencia de la caída en los niveles el ingreso personal disponible.
El investigador asienta en su análisis que la corrupción reinante en diversas esferas de la vida pública nacional alcanzó en 2015 la cifra de 32 millones 921 mil actos corruptos –INEGI– lo que traducido en costos equivale al 8 por ciento del PIB y sigue con su escenario de que no existe un marco institucional que permita abatir este mal, por lo que la aceptación hacia el gobierno toca fondo. El clamor social por un cambio de régimen se generaliza. No se logra consolidar el pleno desarrollo de un estado de Derecho; se prolonga la vigencia de un período de inseguridad colectiva; permanece débil el aparato de impartición de justicia lo que pospone el anhelo de contar con un modo de vida sustentado en la equidad y la inclusión social.
Por lo que respecta a los temas de la transición menciona que la sociedad mexicana se activa para exigir a las autoridades aplicar y sumar voluntades a fin de hacer un cambio político efectivo y profundo. Efectivo, explica, en tanto que conduzca a la conformación de un gobierno plural e incluyente en el que tenga cabida la participación ciudadana. Profundo, al grado de que arribará en un cambio de régimen político y promoverá una reforma integral del aparato estatal.
En el plano de la conducción económica, la diversificación de las fuentes de ingreso presupuestales del gobierno rinde buenos frutos. Los ingresos fiscales ya no mantienen una dependencia excesiva de los ingresos provenientes de las exportaciones de la mezcla mexicana de petróleo. El gobierno fundamenta su gestión fiscal en la eficacia de sus fuentes de recaudación de impuestos y de ingresos no tributarios, así como en el mantenimiento permanente de una restricción racional en el gasto público.
Ello contribuye a que la transición de poderes federales de 2018, coexista en un clima de estabilidad macroeconómica. Desde la esfera política se definen nuevas rutas económicas sustentadas en un acuerdo social amplio; se pone el énfasis en aplicar un programa económico para el desarrollo social que reconozca la diversidad de ideas, cultura, tradiciones y preferencias política de la población. Así, en el período 2017-2018, el país se posiciona en el umbral de la transición política deseada y ésta logra avances sustantivos, porque desde el poder se tiene interés y voluntad política para lograr los acuerdos y consensos necesarios en todos y cada uno de los frentes de la agenda por renovar el régimen político y la forma de gobierno.
Tales son los escenarios de cara a las elecciones de 2018, a los que cada quien podrá agregar o quitar conforme a una realidad que, en opinión propia, se encamina más hacia lo peor.
DESDE EL CENTRO
Rumbo al 2018 se observa un candidato presidencial del PRI –José Antonio Meade Kuribreña– que por más esfuerzos de sus impulsores no muestra lo que se esperaba; otro del PAN constituido en Frente con el PRD –Ricardo Anaya— que a nadie engaña; y el de MORENA que provoca polémica con sus declaraciones, pero sigue arriba en las encuestas perversas de los profesionales de la mentira… A los que buscan la candidatura independiente se les ve con desconfianza y sólo Marichuy, representante indígena, sigue con la dignidad triunfante… Insuficientes los 13 candidatos indígenas “amarrados” a una posición legislativa… Sin la real ayuda ofrecida por el gobierno federal y los estatales – incluye a la CDMX— miles de damnificados por los sismos de septiembre esperan con tristeza la llegada del año nuevo… Hoy, Héctor Padilla Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco y presidente de la AMSDA –Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario— firmará a nombre del gobierno que representa un convenio con la Asociación Rainforest Alliance, que es una organización no gubernamental internacional que trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenible. En este acuerdo figura también la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate jalisciense, reconocido en el mundo por su calidad.
