Violencia y crimen organizado en el campo mexicano
Guillermo Correa
Por estos días las secretarías de Gobernación y de Agricultura deben rendir un informe sobre la violencia que se padece en el campo mexicano. Así lo dictaminó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 11 de enero pasado. El asunto es preocupante porque el sector agropecuario es el que más crecimiento económico ha registrado en la actual administración, más que el petróleo y el turismo. Riqueza que ya se disputa el crimen organizado, atraído por la plusvalía que reciben los grandes agricultores y las compañías trasnacionales de alimentos, porque los campesinos e indígenas –mano de obra barata— siguen tan pobres como siempre. Pero también son víctimas y como prueba están los 35 mil desplazados por conflictos de tierras, despojos y miedo a los narcotraficantes.
La violencia en el campo es el motivo de que los legisladores hayan dado diez días hábiles de plazo a las dependencias mencionadas para que digan cuál es la realidad. La iniciativa fue del senador David Monreal Ávila. Busca reforzar las acciones de combate a la delincuencia organizada a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores del agro.
El Consejo Nacional Agropecuario, que representa a las grandes empresas del ramo, asegura que cada año el quebranto supera los 2 mil 220 millones de pesos en granos, maquinaria, equipos, fertilizantes, camiones y otros insumos, pérdidas que significan el 0.5 por ciento de la producción nacional, aunque no existen cifras exactas de los robos. Se estima que es muchísimo más.
El senador zacatecano, que pertenece al Partido del Trabajo (PT), nos dice que históricamente el campo mexicano ha sido el sustento de millones de familias y una de las actividades fundamentales para la economía nacional. Es de los sectores más importantes del país, herencia milenaria de las culturas prehispánicas, cultura e identidad nacional.
Basado en la SAGARPA destaca que la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto (PIB) es de 4 por ciento, aunque su incidencia es mayor. Fácil supera el 9 por ciento. Refiere que en el país hay más de 5.5 millones de trabajadores agrícolas. La mitad son realmente productores, el resto peones o jornaleros que se distribuyen en todo el territorio nacional. Su escolaridad promedio es la primaria. Sus salarios son miserables y de ellos depende su salud, la comida y la sobrevivencia de sus familias. Ahora con los gobiernos neoliberales de los últimos 40 años a sus penas han debido sumar la falta de seguridad en sus regiones, pueblos y rancherías. Son víctimas de la extorsión, el secuestro y el robo del crimen organizado. Miles sólo cultivan para el autoconsumo y aun así está en riesgo su vida.
David Monreal afirma en su exposición que los grupos criminales han impuesto el pago de cuotas, controlado el precio de diversos productos, el pago de cosechas y hasta manipulan la comercialización. Los jornaleros llevan años entregando el 25 por ciento de su salario diario. Los que tienen tierra 120 pesos mensuales por cada hectárea de cultivo –los que se dedican al aguacate y otros productos de exportación entregan mayor cantidad–; mil pesos por hectárea de maíz y los encargados de las bodegas no menos de 100 pesos por cada tonelada de grano. Cuenta Monreal que esto sucede en toda la República, al grado de que comunidades enteras se están desbaratando por la violencia. Sostiene que es una realidad que está afectando quizá todavía más que los desastres naturales en términos de su impacto a largo plazo. Lamentablemente, expresa, la falta de instrumentos confiables impide conocer la situación real de la afectación del crimen organizado al campo mexicano. La situación de los campesinos en sí misma es difícil en razón de la falta de apoyos gubernamentales para la producción y comercialización de sus productos.
Una vez el obispo –ahora emérito- de Tehuantepec, Oaxaca, Arturo Lona Reyes dijo al ser entrevistado para PROCESO que la violencia indígena es legítima defensa. Hoy, lo primero se ha ensañado contra los nativos ya que el crimen mayor, el de las trasnacionales, ha vuelto sus ojos hacia los grandes y ricos recursos naturales del país, alentadas por las llamadas reformas estructurales. Van con todo y por todo, principalmente contra los defensores del territorio nacional, hartos de los saqueos de minerales, de bosques, de los energéticos del subsuelo, porque también se roban el viento, el aire que alimenta a sus empresas eólicas. En consecuencia se han multiplicado las muertes de dirigentes y autoridades de las más de 60 etnias que existen en el país con millones de hablantes de lenguas originales. De ello da cuenta con frecuencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Como se observa, la violencia de la delincuencia organizada pasa cada vez más del ámbito urbano al rural o tal vez siempre ha sido así y hasta ahora nos damos cuenta. Una crónica ilustradora narra que en determinada ocasión “Los delincuentes no pretendían robarse la traqueteada camioneta de redilas porque la abandonaron cinco kilómetros adelante. Querían la ‘mercancía´ que iba en la parte trasera, cuyo valor fue estimado por su dueño en 70 mil pesos. Iban por los tres becerros y el borrego que su criador cuidó y engordó durante dos años y medio. Carlos es ganadero desde su adolescencia, cuando su abuelo le heredó el negocio familiar de cría y venta de becerros. ´Pero ser ganadero ya no deja nada bueno. Uno la piensa porque ahora te cuesta la vida´”.
En todos los estados ha repuntado el abigeato clásico de las películas de vaqueros. Sólo que en la actualidad el robo de caballos, vacas, borregos y becerros –entre otros— se ha modernizado. Se estima que el delito ha crecido hasta en un 50 por ciento porque también ha aumentado el valor de los animales. Lo practican grandes bandas como delincuentes comunes y ocasionales que, según los ganaderos, se aprovechan del clima de inseguridad que hay en el país. Muchos caen y rápido salen libres. Los dueños no denuncian por temor a ser secuestrados. Al parecer ninguna autoridad lleva registro de los robos y lo que antes se hacía de noche ahora se ejecuta en pleno día: con armas de fuego, se amordaza a los dueños o cuidadores y se les amenaza o mata si se oponen. La crónica establece que el producto de los robos se comercializa en rastros clandestinos y también en negocios legales. El delito se comete en las carreteras principales, pero también en los caminos serranos poco transitados. Si antes se robaban una o dos cabezas, ahora son 20 o 30. Bandas bien organizadas asaltan los ranchos a punta de pistola y apoyados con camiones o tráileres se llevan vacas, toros y borregos y la mayoría de ellos son animales de engorda, listos para ser sacrificados y vendidos en las carnicerías o rastros. De cada tres asaltos, dos no son denunciados.
Tan lucrativo es el negocio que, de acuerdo con Reforma, el ex Gobernador del PRI de Chihuahua, César Duarte Jáquez, también resultó cuatrero. Al menos 900 reses que fueron compradas para apoyar a pequeños productores afectados por la sequía, terminaron en ranchos del cenecista y de funcionarios de su Gobierno, como el ex titular de la Comisión de Vivienda Raúl Javalera o de familiares del ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que a mediados de 2014, el gobernador norteño implementó un programa especial de «repoblamiento de cría» al cruzar reses extranjeras con locales. El plan fue importar mil 48 cabezas de ganado Hereford y Angus, por las que se pagaron 700 mil dólares.
El barco proveniente de Nueva Zelanda, que llegó en junio de 2015 a Mazatlán, era un edificio flotante de ocho pisos, cargado de vacas y borregos. Los borregos se fueron al Estado de México. Las reses se dividieron entre Hidalgo y Chihuahua. Sólo 145 animales llegaron a productores de esa entidad, por lo que muchos más se quedaron sin vacas. Además, perdieron una parte de los 20 mil pesos que tenían que pagar por cada res. En documentos oficiales consta que el valor total de los animales superó los 700 mil dólares, unos 11 millones de pesos, según el tipo de cambio vigente entonces. Las vaquillas llegaron a México como «vientres», es decir eran hembras y venían cargadas, así que la esperanza para los pequeños productores era mayor: obtenían la vaca y una cría de las razas Hereford y Angus, destinadas a la producción de carne. Pero casi 900 de esos animales fueron a parar a ranchos a nombre del político prófugo.
Mención obligada en el tema es el del ferrocarril. Como se sabe sus años de gloria de este transporte se dieron durante el porfiriato y la época revolucionaria. Su importancia se mantuvo hasta que otro presidente neoliberal, Ernesto Zedillo Ponce de Léon, acabó con la transportación de pasajeros sobre rieles. Únicamente respeto el traslado de grandes volúmenes de mercancías a costos bajos. Y si en 1980 se compendió a 60 millones de toneladas, la cifra actual casi se ha duplicado. Su crecimiento anual ha sido del 4.3 por ciento en los últimos 30 años ya que este medio es vital para el comercio interno y el que va al extranjero.
Reportes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario indican que en los últimos tres meses de 2016 se registraron 508 robos. En el primer trimestre de 2017 se reportaron 125 asaltos más, principalmente en el Bajío que abarca los estados de Guanajuato, Querétaro y Jalisco. En el período siguiente el dato aportado es de 331 robos a ferrocarriles en territorio nacional. Los indicadores dicen que en el año que pasó fueron robadas más de 5, 900 toneladas de granos, 95 por ciento importadas de los Estados Unidos.
De regreso al exhorto del senador David Monreal Ávila que hicieron suyo los demás legisladores de la Comisión Permanente, se reconoce que la SAGARPA –Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación—se encuentra en uno de sus mejores momentos con una balanza comercial agroalimentaria de superávit, prueba de que el sector es uno de los motores principales del país. Crece al doble en comparación con la economía nacional y pronto México ocupará el onceavo lugar entre los países productores del mundo. Es claro, y esto no lo dicen los legisladores, que las ganancias de esta actividad no la ven los campesinos que obligados por la pobreza ceden la tierra y se convierten en peones y jornaleros de la misma.
Lo que sí dice parte del dictamen legislativo es que si la situación del campo y de los campesinos mexicanos por sí misma es complicada y si bien no existe la voluntad política para sacar de la pobreza a este sector de la economía, lo mínimo que el Gobierno Federal puede hacer es garantizarles las condiciones necesarias que les brinden seguridad y tranquilidad para que al menos puedan vivir en paz.
DESDE EL CENTRO
El plantón de esta semana en la SAGARPA fue de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA-MN)…Difícil se anuncia la nueva ronda de negociaciones para modernizar el TLCAN, esta vez en Montreal, Canadá…Sin freno la carestía de alimentos y gasolina…Expertos en cuestiones electorales renombraron la alianza conformada por el PRI, el Verde y el Panal como Todos Contra México. Al menos así lo llama ahora la ciudadanía opositora.
