Apunto de cumplirse un año desde el sismo del 19 de septiembre, la inconformidad y manifestaciones por parte de los damnificados van en aumento; Los recursos no alcanzarán, sería imposible, advierte Sheinbaum; Permisos y licencias a desarrolladores acelerarían reconstrucción: AMPI
Agustín Vargas
Prácticamente ha pasado un año desde aquel fatídico 19 de septiembre en el que la Ciudad de México revivió la herida del sismo de 1985. Desde el primer momento se hicieron paralelismos entre ambos eventos, como los malos manejos detrás de las construcciones, pero también se destacó la gran solidaridad de la ciudadanía.
Entonces se habló de apoyos económicos, comisiones y fideicomisos destinados a los afectados por los eventos naturales acontecidos en 2017. La realidad es que poco se ha avanzado y la inconformidad y desesperación de los damnificados van en aumento.
Para finales de mayo de este año, casi 8 meses después del siniestro, se dio a conocer que México carecía de censos o diagnósticos que permitieran saber qué tipo de daños sufrieron las viviendas de los damnificados, además de que la ley de presupuesto podría permitir un uso inadecuado de los recursos.
Hasta ese mes, según la información divulgada se habían demolido un total de 50 edificios distribuidos en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza, quedando pendientes otros cinco inmuebles. En el lugar de uno de ellos (Álvaro Obregón 286) se realizó un concurso para la construcción de un memorial, denunciado por la organización Ruta Cívica como opaco y ajeno a las necesidades de las víctimas.
La diputada priista Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, destacó que el 90% de los 298 millones de pesos contemplados para la reconstrucción se destinó a las delegaciones Álvaro Obregón y Benito Juárez, que cuentan con 14% de las construcciones afectadas. Sumado a esto, parte del dinero les fue entregado a vecinos de las zonas que no lo requerían, según citó el medio digital HuffPost.
La falta de una respuesta clara de las autoridades a las necesidades de la ciudadanía derivó en una serie de manifestaciones realizadas por los más de 37,000 afectados. El 30 de mayo, damnificados del multifamiliar Tlalpan cerraron carriles centrales de calzada de Tlalpan en busca de una solución definitiva por parte del jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez.
Posteriormente, grupos provenientes de Benito Juárez, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco realizaron protestas en distintos puntos de la ciudad, exigiendo celeridad en la reconstrucción de sus viviendas de forma directa y no mediante créditos del gobierno capitalino.
Hacia finales de julio pasado se dio a conocer que sólo ocho inmuebles cuentan con el aval para empezar la etapa de reconstrucción. Los edificios, ubicados en las colonias Doctores y Lomas Estrella, darían cabida a 54 y 16 familias respectivamente. Por los mismos días, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) comenzó con los trabajos de reconstrucción del multifamiliar de Tlalpan.
En ese mismo mes, es decir 10 meses después del sismo del 19 de septiembre, quedaron integrados los 2,500 millones de pesos del Fondo de Atención a los Desastres Naturales (Fonden) dentro del Fideicomiso para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional para la Ciudad de México, con lo que el gobierno de la ciudad quedó en posibilidad de ejercer más de 3,000 millones de pesos a favor de los damnificados.
Fue entonces cuando se conoció que el fideicomiso “Por los demás”, creado por militantes y simpatizantes de Morena, recibió aportaciones de origen desconocido por más de 40 millones de pesos en efectivo, con lo cual se violó tanto la ley electoral como las normas del contrato del Fideicomiso.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) el dinero, producto de triangulación de recursos procedentes de empresas y particulares, habría servido como un mecanismo de financiamiento opaco para el partido político, mientras que sus operadores viajarían por el país bajo la justificación de repartir “en mano” el dinero a los damnificados. Como consecuencia de ello, el INE impuso una multa por 197 millones de pesos a Morena por “intento de fraude” a las reglas electorales.
En los días posteriores, los miembros del fideicomiso negaron que se hubiera hecho una simulación y presentaron más de 50 cajas con supuesta documentación de los 27,288 apoyos entregado. Pese a que alegaron que la acusación del INE es falsa y declararon que interpondrían un recurso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), los morenistas rápidamente deslindaron al partido del fideicomiso.
A principios de agosto pasado, casi 11 meses desde los sismos, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México dio cuenta de un acuerdo mediante el cual se facultó al Instituto de Seguridad de las Construcciones (ISC) para que entregara el apoyo correspondiente a los proyectos de rehabilitación de los inmuebles dañados.
Recursos no alcanzarán: Sheinbaum
La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó desde su campaña electoral la estrategia con la que su gobierno abordará la reconstrucción.
Entre otros puntos, indicó que instalará una comisión encargada de la materia y que recorrería junto a su equipo las zonas afectadas para conocer la opinión de los afectados para observar que el diseño de la reconstrucción corresponda con las necesidades de la ciudadanía. Además, mencionó que otros temas fundamentales serán la planeación y la atención en caso de siniestro.
A mediados de agosto, Sheinbaum Pardo mantuvo una reunión con Amieva Gálvez, para abordar los trabajos de la reconstrucción. Se acordó la entrega de la información respecto al avance en los censos a los inmuebles y el apoyo a los damnificados, además de que se destinaría una parte del presupuesto de la transición para la elaboración de estudios en zonas agrietadas.
En la reunión también se discutió la reasignación de recursos del gobierno para el fideicomiso de la reconstrucción mediante una iniciativa de reforma al decreto de presupuesto de 2018, que deberá ser analizada y aprobada por la Asamblea Legislativa.
Días después de la reunión entre Sheinbaum y Amieva se dio a conocer que 1,750 millones de pesos, 28% de los recursos autorizados por la Comisión para la Reconstrucción, seguían sin ser liberados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Del resto de los recursos, 87 millones 379,742 pesos se ha ejercido 47%, es decir 375 millones 186,129 pesos.
Apenas el pasado 25 de agosto, durante una reunión con damnificados de la delegación Benito Juárez, congregados en la calle Rebsamen 249 uno de los sitios más dañados, Claudia Sheinbaum que un programa de reconstrucción no se puede hacer bajo la premisa de apoyar a todos por igual, sin saber el costo para el erario público, por lo que se hará un censo social y técnico a finales de septiembre, para hacer un cálculo del gasto para el gobierno y definir prioridades.
La jefa de gobierno electa aclaró que durante su gestión la reconstrucción se hará de manera justa, revisando caso por caso, pero no se edificarán “mansiones” sino vivienda digna y segura.
“La obligación del gobierno es otorgar una vivienda digna, si se cayó una mansión de ocho pisos; no es correcto que el gobierno pague una mansión de ocho pisos porque es injusto para los demás y sería imposible que los recursos alcanzaran”, acotó.
“A lo mejor no era lo que querían escuchar de mí, pero tengo que hablarles con la verdad y no quisiera que esto genere algún problema sino al revés, que viéramos hacia delante, de qué manera, entre todos, podemos resolver la problemática de los damnificados”, indicó.
Palabras mágicas: Kuri
Para Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), el rezago en la reconstrucción de la CDMX se puede solucionar en la medida que el nuevo gobierno de la capital del país esté dispuesto a trabajar de la mano con los desarrolladores y agentes inmobiliarios.
El desarrollo y crecimiento de la ciudad, dijo, no debe estar peleado con el desarrollo económico, con el dinero. La premisa aquí sería, que mientras los empresarios constructores cumplan con las reglas, el gobierno debería otorgar las permisos y licencias que sean necesarias.
Según Kuri, “solamente diciendo esas palabras mágicas (por parte de quien será la nueva jefa de gobierno) en una reunión con los desarrolladores y agentes inmobiliarios de la ciudad, se resuelve todo el rezago de los sismos”.
