Ciudad de México.– De 2013 a 2020, el gasto público en infraestructura ha decrecido 40%, en términos reales, mientras que el crecimiento del país se ubicó en 2% y las tasas de pobreza superaron 40%, en promedio, durante el periodo. Esta caída en el gasto impacta en el desarrollo económico y humano de la población, a través de carencias energéticas, sanitarias, educativas y de vivienda.
De acuerdo con el documento Infraestructura en México: prioridades y deficiencias del gasto público, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A. C. (CIEP), la inversión privada ha complementado el desarrollo en infraestructura, principalmente en el sector energético y de comunicaciones. Sin embargo, la inversión total no ha sido suficiente y/o utilizada de manera eficiente para que las entidades federativas más vulnerables del país crezcan y se mejore el bienestar de sus habitantes.
Número de camas disponibles para servicios de salud, se redujo a la mitad
En la última década, el número de camas disponibles para brindar servicios de salud se redujo a la mitad. México pasó de 1.8 camas por cada mil habitantes en 2010 a 0.9 en 2020, mientras que el gasto de inversión en salud se contrajo 57.2% en los mismos años. El mayor recorte se presenta en la Secretaría de Salud (Ssa), que cuenta con un total de 3 mil 635 camas fuera de operación.
La capacidad física es distinta entre instituciones de salud, reflejo de la fragmentación del sistema. El número de camas disponibles por institución difiere en más de 100% donde el mayor número de camas se da en Pemex y el menor en IMSS Bienestar. Además, en grupos de población vulnerable las deficiencias se acentúan, por ejemplo, las mujeres en reclusorios carecen de instalaciones adecuadas y son atendidas en servicios médicos destinados a varones.
Producción energética cae, aunque Energía recibe 47% de gasto en inversión
A pesar de que el sector de energía recibe el 47% de todo el gasto de inversión pública, de 2010 a 2018, la producción energética nacional disminuyó 30%. De 2010 a 2018, las tarifas eléctricas no han disminuido, y la participación porcentual de las energías renovables en la generación eléctrica total se mantiene por debajo del 18%. En la última década, 15% del gasto de inversión en energía se ha destinado a pagar pensiones y pasivos. De 2015 a 2018, el gasto en infraestructura del sector disminuyó 52% con respecto a 2014. Cabe destacar que, a partir de 2015, la oferta energética doméstica ha sido menor que la demanda.
Estados que reciben 35% de recursos para vivienda, presentan mayores carencias por calidad, espacios y servicios básicos de vivienda
La función vivienda, cuyos recursos financian el mantenimiento y mejoramiento de viviendas a través de la provisión de electrificación, extensiones de cuartos y mejora de cocina, entre otros, concentra 24% del gasto público total de inversión en 2020, del cual 98% se transfiere a las entidades y municipios.
Es el segundo sector con más recursos públicos de inversión y también costea obras de infraestructura relevantes al entorno inmediato de las viviendas; por ejemplo, drenaje, alcantarillado, agua potable, alumbrado público, calles y vialidades. Sin embargo, estos recursos son insuficientes para contribuir a mejorar las condiciones de vivienda en los estados más vulnerables del país. Aunque entre 2010 y 2020, Guerrero, Oaxaca y Chiapas concentraron 35% de los recursos para infraestructura en vivienda, son estos mismos estados los que presentan más carencias de vivienda entre 2010 y 2018.
Gasto en infraestructura educativa presenta recorte promedio anual de 16.3%
La disponibilidad y calidad de la infraestructura educativa es insuficiente para cubrir las necesidades del Sistema Educativo Nacional (SEN). Entre 2010 y 2020 el gasto de inversión en educación se redujo, en promedio, 4.8% real cada año. En particular, el gasto en infraestructura educativa tuvo un recorte promedio anual de 16.3% real, ya que el gasto de inversión se ha dirigido principalmente a gasto de capital diferente de obra pública y se ha delegado mayor responsabilidad a estados y municipios para la construcción y mantenimiento de escuelas.
El gasto realizado en infraestructura educativa ha perdido participación en términos porcentuales frente al gasto de inversión por medio de Participaciones y Aportaciones, lo que implica que la responsabilidad de construir y mantener infraestructura educativa recae en las entidades federativas y los municipios. Sin embargo, esto complica el seguimiento del uso final de estos recursos, ante las deficiencias en términos de transparencia y rendición de cuentas que presenta el gasto público subnacional.
Sector de comunicación y transporte en constante mejoría
En los últimos años, los indicadores en inversión de transporte se han mantenido constantes, mientras que, en comunicaciones, el acceso a telefonía celular y a internet ha mejorado, a pesar de la caída de la inversión pública desde 2015. La longitud de la red nacional de carretera ha incrementado 8% de 2012 a 2018, mientras que las vías férreas no han aumentado ningún kilómetro en el mismo periodo, salvo en 2016, cuando aumentaron 0.7%. El sector de comunicaciones cuenta con la mayor participación privada en su financiamiento, el cual asciende a 97% del total en 2020.
De acuerdo con la investigación del CIEP, el desarrollo de infraestructura tiene el potencial de generar beneficios a la sociedad en términos de desempeño económico, equidad y diversas dimensiones fundamentales para desarrollo humano. La provisión de infraestructura, a través de incrementos en la productividad y diversos mecanismos indirectos, es un determinante importante del crecimiento económico. De igual manera, afecta la distribución del ingreso y coadyuva al logro de los objetivos de desarrollo en materia de educación, salud y sustentabilidad. El acceso a infraestructura y servicios básicos también puede reducir algunas de las brechas entre hombres y mujeres, siempre y cuando el diseño de las intervenciones tenga una perspectiva de género.
