Hacia la construcción de un programa de gobierno
Fauzi Hamdan Amad (*)
En víspera del inicio del año electoral para el 2018 (8 de septiembre) los Partidos han anunciado que primero tendrían su proyecto, programa o plataforma de Gobierno y después el Candidato. Ningún Partido individualmente, puede alcanzar la Presidencia, inexorablemente necesitan ir en alianza con otro u otros Partidos y así formar un Gobierno de Coalición, cuya Reforma Constitucional entra en vigor precisamente en 2018.
En un Gobierno de Coalición todos los Secretarios de Estado (excepto los Secretarios de Marina y Defensa Nacional), deben ser ratificados por el Senado de la República; el Secretario de Gobernación se convierte en Jefe de Gabinete.
No hay duda que el proyecto o programa de Gobierno parte del principio de realizar y hacer efectivo los derechos constitucionales en materia de educación, salud, vivienda, seguridad, etc. Resulta un anacronismo hablar hoy en día de geometrías políticas: izquierda, centro o derecha.
Sin embargo, el cómo hacer efectivos tales derechos implica inexorablemente atender por su causa los problemas que se presentan.
Existiendo un Gobierno de Coalición es más factible que pretendan integrar un Programa de Gobierno innovando y buscando resolverlos de fondo y no como actualmente los Partidos en lo individual insisten en atenderlos sin abordarlos en su total profundidad.
Me refiero básicamente a los temas de la actitud prohibicionista del trasiego y consumo de los estupefacientes; a la materia educativa; a la materia de los servicios de salud: a la materia laboral y, por último, la materia fiscal.
A) PROHIBICIÓN DEL TRASIEGO Y CONSUMO DE LOS ESTUPEFACIENTES
Hoy en día nuestro país es más violento, más inhóspito, más corrupto, más sangriento y más bárbaro. Por una condición de necesidad ineludible so pena de una desgracia colectiva de proporciones impredecibles, hoy más que nunca tiene la oportunidad el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión de plantear la despenalización de la marihuana, de la heroína, de la cocaína y de la amapola, como lo han venido haciendo muchos países europeos y particularmente nuestro vecino del norte.
De manera que se controle desde la producción, comercialización y consumo, creando políticas preventivas y centros de rehabilitación para los consumidores. Estamos frente a un problema de salud y, por lo tanto, debe atenderse el problema de fondo y gradualmente, debiendo crearse políticas preventivas y centros de rehabilitación para los consumidores.
Con toda certeza se iría reduciendo la violencia asociada con la producción de dichos estupefacientes.
Si no se adopta su despenalización, cualquier acción preventiva o su combate no serían efectivas; seguiría la corrupción, las ejecuciones violentas y sangrientas y las organizaciones criminales apoderándose cada vez más de territorios en donde a los particulares se les exige el pago de derecho de piso para darles protección, perdiendo inexorablemente el Estado la gobernanza en dichos lugares.
La OMS ha recomendado que los países deben desarrollar políticas y leyes que descriminalicen el uso de drogas y por lo tanto reducir la detención carcelaria. Reitero, este es un problema de salud y no de conducta delictiva.
B) SERVICIO DE SALUD
Asociado con el tema de salud en general, nadie pone en duda que los servicios del sector público de salud son insuficientes, deficientes e inoportunos en la atención al público usuario, la causa es que el Estado con su burocracia es el que presta tales servicios, cuando en la mayoría de los países del mundo lo son el sector salud privado el que los presta a los derechohabientes.
Fundamentalmente, las instituciones de seguridad social son normativas pagando, conforme a un tabulador previamente determinado por el propio Estado, los servicios que el sector salud privado facture.
Las ventajas son innegables: El derechohabiente escoge la clínica o médico de su confianza, la atención es personalizada y oportuna y prácticamente el sector salud privado prestaría los servicios a la sociedad, eso se llama nacionalizar la materia de salud (subrogación). Desde luego, no significa que en esos países no haya instituciones públicas de salud emblemáticas, en donde se desarrollan ampliamente investigaciones con el apoyo gubernamental.
En nuestro país, por cierto, de reconocimiento internacional tenemos instituciones de salud pública de gran prestigio como lo son el Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de Siquiatría, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Oncología, Instituto Nacional de Neurología, etc.
Por cierto, desde su campaña el Presidente Peña, aludió al sistema universal de salud cuya propuesta básicamente se basó en el libro del Dr. Santiago Levy, (Ex Director General del IMSS), quien hace un balance crítico de la política social en México y propone una solución viable y objetiva, pero sobre todo justa integralmente, que sería financiada íntegramente por el Impuesto al Valor Agregado.
Nuestra política social no protege por igual a los trabajadores asalariados y no asalariados. La protección de los trabajadores asalariados inscritos en el Seguro Social se financia en gran medida con las cuotas obrero-patronales.
Sin embargo, recibe subsidio adicional del Estado, y aun así, está en déficit severo sobre todo en la materia de pensiones; en tanto que los trabajadores informales se financian con recursos del fisco (Seguro Popular). Conforme al estudio del Dr. Levy, que sigue vigente, en la actual política social todos salen perdedores. Su propuesta es un seguro universal a todos los trabajadores que incluya pensión, salud, seguro de vida, seguro de invalidez y seguro de desempleo.
Señala que el costo bruto aproximadamente sería de alrededor del 5% del PIB en tanto que su costo neto no rebasaría el 3% del PIB, proponiendo para ello la homologación de la tasa del Impuesto al Valor Agregado al 15% de todos los bienes y servicios. En virtud de que la Reforma Fiscal fue un desastre pero se está ya en una situación que no hay salida, el esquema actualmente planteado pasa por una contrarreforma fiscal y dada la ausencia de infraestructura en el sector salud para prestar los servicios, incluyendo el cuerpo médico y de enfermeras, ciertos programas de salud irlos subrogando gradualmente al sector privado.
C) REFORMA EDUCATIVA
Es innegable que en materia de educación se ha hecho una profunda reforma educativa, a partir de que entró como Secretario de Educación Pública el Lic. Aurelio Nuño. En este tema, en mi opinión, todavía falta atender el problema de fondo y proponer de una vez por todas propuestas que revierta la educación en general. La educación en general se divide en dos grandes sectores: la educación que imparte el Estado y la educación que imparten las instituciones priva- das; la primera representa el 65% y la segunda el 35%. El cambio sustancial sería el siguiente:
A) El que debe recibir los beneficios de la educación es el educando, a través de un sistema de becas que se otorgarían en función de la condición socio-económica del educando; b) El Estado, de manera progresiva, dejaría de prestar el servicio educativo con una burocracia gigante (más de un millón y medio de maestros), que por su propia magnitud hace ineficiente y deficiente el servicio educativo; c) El grueso de las instituciones educativas, hoy llamadas públicas, se convertirían en instituciones educativas de interés público organizadas como asociaciones civiles colectivas; d) Desde luego, como sucede en casi todos los países del mundo, se mantendrían universidades públicas emblemáticas; e) En esas condiciones sería el Estado básicamente normativo y otorgaría las becas a los educandos que sería de 100%, en otros 80%, 70% y así sucesivamente, según su condición socio-económica; y f) Las escuelas primarias y secundarias serían de 8 horas diarias, que incluirían desayunos y comidas para los alumnos.
Cierto que ahora con la reforma educativa tengo entendido que más de 30 mil establecimientos tienen su horario de tiempo completo, incluidos desde luego dichos alimentos. Con tales cambios de paradigma naturalmente que los maestros y alumnos se verían obligados a la excelencia académica, que desde luego no implica perfección, pero si una actitud de mejora sustancial en el desempeño de los propios maestros y también de los alumnos.
La gratuidad del servicio educativo conlleva en su propio esquema la abulia, la ociosidad y el relajamiento del propósito que anima en su esencia a cualquier sistema educativo que es precisamente la calidad. Un enfoque y un cambio como el propuesto implican el rompimiento de sistemas organizativos y funcionales anquilosados, perniciosos y perversos, sobre todo injustos.
En automático las instituciones de educación privada por la competencia que generaría el nuevo esquema, de entrada se verían obligadas a reducir significativamente las cuotas que cobran a sus alumnos. Actualmente dichas cuotas son muy altas que no se justifica en relación con el costo-beneficio que para el alumno representa. Finalmente, un enfoque como el propuesto es ver a la educación como el pilar y la columna vertebral del desarrollo de un país.
D) REFORMA LABORAL
Ciertamente es muy positivo que el salario mínimo se haya liberado del fardo y ancla con que estuvo siempre sujeto contra la inflación y como unidad de medida para operaciones financieras, multas, sistema de pensiones, entre otros casos. Actualmente, el salario mínimo ya está sujeto en todo caso a un mecanismo de mercado que logre lo que los economistas denominan “precio óptimo”.
Lo desastroso pretender aumentarlo por decreto con criterios políticos. El salario, como los demás precios, debería ser fijado por la oferta y la demanda pero como la demanda de trabajo es muchísimo mayor que la oferta el mercado juega en contra de los trabajadores. Prueba está que los salarios de los que se encuentran en la alta esfera de los llamados ejecutivos son muchísimo más alto que los salarios del resto de los trabajadores, incluso de los trabajadores calificados, especialistas y hasta los profesionales.
La solución a tal situación, como la tiene Alemania y otros países europeos es que en cada aumento de salarios dentro de las empresa la mitad se distribuya entre todos los trabajadores de la empresa por partes iguales (pari passu), en tanto que la otra mitad en proporción a su salario.
De esta manera la diferencia de los sueldos que se encuentran en la posición jerárquica superior en relación con los que se encuentran en la base de la organización de las empresas se iría reduciendo gradualmente y, por ende, sus sueldos irían creciendo. Para lograr lo anterior, se tendría que hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo, muy simple y sencilla. Creo que sobre esta base no hay nadie que en su sano juicio pudiera oponerse.
Todos ganarían. Los salarios con ese mecanismo aumentarían pues si las empresas aumentan los sueldos de todos sus trabajadores aun cuando sólo sea sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor, quiere decir que la empresa lo hace en función de la productividad. No obstante ello es imperativo fijar como lo exige la Constitución, un salario mínimo digno, entendido por tal el que satisface sus necesidades vitales incluyendo el de recreación y excluyendo aquellos servicios de contenido social que el Estado otorga como son la educación, la salud y vivienda, que desde luego no pueden considerarse en la fijación del salario mínimo, éste debe fijarse con criterio de ponderación productiva diferenciado por sector (primario, secundario y terciario).
E) CONTRARREFORMA FISCAL
Por último, ante la situación económica interna que está viviendo el país con un crecimiento magro, deuda pública que ya rebasa más del 50% del PIB, aumento de la pobreza y un descontento generalizado de la población en cuanto a la materia económica se refiere, el Grupo Parlamentario del PAN y del PRD en el Senado presentaron una contrarreforma fiscal, proponiendo un régimen alternativo a tasa única (Flat Tax) sobre los ingresos netos, cuya determinación sería simple y sencilla aplicable a las micros, pequeñas y medianas empresas, cuya recaudación tributaria aumentaría de manera considerable (Principio de Arthur Laffer), reduciendo significativamente la economía informal y estimulando el crecimiento de la economía interna (el único sector que crece y de manera importante es el sector exportador). También presentaron reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para establecer una tasa genérica de 10%, tasa en alimentos y medicinas de 3%, exención de ciertos alimentos naturales, eliminando la tasa cero que como todos sabemos se les devuelve anualmente a las grandes empresas cantidades significativas. En 2016, se les devolvió aproximadamente $290 Mil Millones de Pesos y, por último, una tasa de hasta 5% de impuesto al consumo, que sería administrado y recaudado por las entidades federativas.
(*) Socio de Hamdan, Manzanero y Asociados S. C.
