Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) siempre ha defendido el principio de legalidad y la plena aplicación del Estado de Derecho en nuestro país.
Cambiar leyes y reglamentos, como pretexto para poder combatir hechos delictivos, es un procedimiento innecesario que impide la sana competencia y afecta a todos quienes invirtieron de buena fe en nuestro país.
La economía cuenta con un marco jurídico. Por eso, estamos convencidos que la autoridad tiene todos los instrumentos para combatir la ilegalidad y su obligación es aplicar la ley.
Los inversionistas nacionales e internacionales están convencidos de la necesidad de unir esfuerzos con el gobierno para promover el desarrollo de México e impulsar el crecimiento de la economía, a través de la creación de empleos.
Por eso el CCE expresa su profunda preocupación sobre los cambios administrativos que vulneran diversos principios constitucionales y de tratados internacionales sobre la libertad de trabajo, competencia económica, libre comercio y trato no discriminatorio.
El pasado 11 de junio se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, la cual dispone que la autorización para el despacho en Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para las mercancías de hidrocarburos, petrolíferos, minerales y algunos precursores químicos, sólo podrán tenerla las Empresas Productivas del Estado.
El despacho en LDAs es un mecanismo que han utilizado participantes públicos y privados del mercado para la importación y exportación de mercancías que, por su volumen o características especiales, requieren de instalaciones específicas. Éstos cumplen todas las obligaciones fiscales y aduaneras que marca la ley.
Los LDAs permiten agilizar las dinámicas del comercio exterior y aumentar las capacidades de la economía mexicana. Restringir su uso únicamente a las Empresas Productivas del Estado desplaza artificialmente a competidores del sector privado en áreas estratégicas como el suministro de energéticos, la industria química y petroquímica y a la minería nacional.
Con esta medida, México corre el riesgo de no contar con mercancías indispensables para el sector industrial y para los hogares mexicanos. La falta de suministro de productos como gasolina o materiales para procesos industriales podrían frenar la recuperación económica del país, con sus correspondientes efectos inflacionarios.
Con la medida anunciada, se estima que la afectación potencial a mediano plazo sería de 25% hasta 48% de las importaciones de petrolíferos. Se pondría en riesgo la seguridad energética de México y el abasto de combustibles.
El Consejo Coordinador Empresarial reitera su pleno respaldo a las autoridades para combatir toda ilegalidad en la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, con el marco legal y regulatorio vigente, mediante estrategias que reactiven la economía mexicana por la vía del respeto al Estado de Derecho.
