Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Venezuela a derogar la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, por considerar que puede conducir a una «grave afectación» del derecho a la libertad de expresión en el país.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH «considera de la mayor importancia que las autoridades dejen sin efecto la norma aprobada», indicó el ente.
Es necesario que se «rectifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela», apuntó, llamando a realizar una «discusión abierta y participativa» sobre el tema «a la luz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos».
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó por unanimidad el pasado miércoles la «Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia», propuesta por el presidente Nicolás Maduro.
El estatuto de 25 artículos castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por «incitación al odio», condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación, resaltó la SIP.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó su “grave preocupación” debido a las sanciones penales “exorbitantes” que contempla, y las facultades que da al Estado para censurar a medios tradicionales e internet, en contradicción con los estándares internacionales.
Recordó que antes de su aprobación, el presidente Nicolás Maduro declaró que el objetivo de la ley era contrarrestar la campaña de odio, terror y violencia que ha sido promovida “por los sectores extremistas de la oposición”.
La relatoría señaló que al instrumentar los principios del texto adoptado, la ley desconoce y suprime el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
Mediante «figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas, el Estado podrá castigar expresiones que pueden estar protegidas por el derecho a la libertad de expresión e incluso suprimir contenidos, al otorgarse al Estado la facultad de bloquear sitios en internet y revocar las licencias de los medios de comunicación”, agregó.
La legislación confiere también al gobierno la facultad de utilizar en forma gratuita los espacios de radio o televisión para imponer un mensaje oficial.
A juicio de la relatoría, “tales restricciones podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática”.
En su análisis, la relatoría destacó tres aspectos que consideró son motivo de preocupación debido a los alcances.
Se trata del uso de figuras vagas y sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés público; la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público, y el amplio margen otorgado al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la recién aprobada «Ley contra el odio» en Venezuela y afirmó que “criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia, la libertad de asociación y la libertad de expresión».
La institución con sede en Miami consideró la medida como “una nueva coartada del régimen de Nicolás Maduro, para acabar con la debilitada libertad de expresión”.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, advirtió que el régimen de Maduro «sigue así reglas que le posibilitan legitimar su autoritarismo».
En tanto, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que «la novedad peligrosa de esta ley es que permite al gobierno ensañarse contra los ciudadanos comunes que protestan o que se expresan en las redes sociales, siendo que hasta ahora su pelea estaba más enfocada contra la oposición política, los periodistas y medios independientes».
