Ciudad de México.- El vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Sandro García-Rojas Castillo, reveló que la institución recibe cada año más de 200 mil solicitudes de atención de diversas autoridades, con la intención de agilizar indagatorias sobre posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero.
“La Comisión recibe el requerimiento de solicitud de las autoridades hacendarias, fiscalizadoras, judiciales, de procuración de justicia y también de instituciones electorales que realizan actividades de fiscalización, y en donde participa activamente para velar la garantía del secreto bancario”, precisó.
Luego de participar en el IV Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos, dijo que la atención a dichas solicitudes recibidas no necesariamente tienen una perspectiva de lavado de dinero, “pues esa no es la materia”.
Y es que, aseguró, cada vez es más complicado lavar dinero en México ante el fortalecimiento del régimen regulatorio, “sin embargo, estamos tratando de cuidar que todos los mecanismos que pudieran estar abiertos estén cerrados lo antes posible”.
García-Rojas Castillo destacó que México está a la par de Dinamarca, Canadá, Bélgica, Estados Unidos y de otros países con los se mantienen lazos comerciales en el tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sin embargo, admitió que a pesar de lo anterior, es una área aún por fortalecer ante la rapidez con que operan los mecanismos financieros.
Recordó que si bien en la reciente evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México fue reconocido por el trabajo llevado a cabo en materia de prevención y supervisión respecto al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, recibió también la recomendación de ampliar el fortalecimiento en ambas líneas.
Incluso, dijo, “la invitación para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realice más y mejores supervisiones en actividades que pueden ser más vulnerables”.
