Ciudad de México.- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que inició una investigación por denuncia, a fin de determinar la probable existencia de una concentración ilícita en el mercado de la comercialización, distribución y expendio al público de gasolinas y diésel.
La autoridad reguladora apuntó que este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet el aviso del inicio de la averiguación.
Explicó que se considera conducta anticompetitiva cuando las operaciones logran conferir o aumentar el poder sustancial de uno o varios agentes económicos, desplazar a otros agentes económicos o establecer barreras a la entrada que impidan a terceros el acceso al mercado o a insumos esenciales, y facilitar la ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.
De comprobarse una concentración ilícita, el Pleno de la Cofece puede imponer sanciones como: demandar la corrección o supresión de la práctica ilegal; ordenar la desconcentración parcial o total; decretar la terminación del control o la supresión de los actos, así como multas hasta del 8.0 por ciento de los ingresos del agente económico.
Señaló que a partir de la reforma energética, los expendedores de gasolina y diésel buscan esquemas para lograr economías de escala por lo que, podrían haberse llevado a cabo procesos de consolidación de expendedores mediante adquisiciones, fusiones, consorcios o “alianzas comerciales”.
Aclaró que estas operaciones, en donde el objetivo es reducir costos, mejorar la proveeduría de insumos, de logística o ampliar la oferta de estos combustibles, no necesariamente son concentraciones ilícitas.
Por ello, el organismo recomendó a los agentes económicos de este sector notificar de forma preventiva cualquier proyecto de asociación o concentración, con el objeto de ponderar su posible impacto en las condiciones de competencia que prevalecen en los mercados de estos combustibles.
Los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por cinco años y multados hasta con 200 mil Unidades de Medida y Actualización, entre otras sanciones, detalló.
Recordó que este procedimiento de investigación, que inició el 6 de septiembre de 2017, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, debido a que no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica.
La Autoridad Investigadora apuntó que, de conformidad con Ley Federal de Competencia Económica, el o los agentes económicos investigados pueden acogerse, por una sola ocasión, al beneficio de dispensa o reducción del importe de las multas.
