Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios, presentó una serie de acciones ejecutivas y legislativas para evitar la simulación de la competencia o la presencia de actos de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores.
Y es que, en el año 2017 el monto de recursos involucrados en las contrataciones de gobierno sumaron 585 mil millones de pesos, lo que representa un incentivo para que el diseño de las licitaciones se modifique a favor de la competencia.
En conferencia de prensa, la funcionaria dijo que las entidades tienen la obligación constitucional de adquirir bienes y servicios en procesos transparentes para obtener las mejores condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad.
No obstante, se han detectado métodos de excepción a la licitación mediante justificaciones ambiguas o subjetivas; se restringe la participación por medio de requisitos innecesarios, apuntó.
Asimismo, se dirigen los concursos otorgando ventajas a determinados agentes con ciertos perfiles comerciales o especificaciones técnicas; se dificulta la presentación de posturas agresivas, comentó.
Detalló que también se tolera la simulación de competencia; se usan las investigaciones de mercado, la subcontratación y las invitaciones restringidas para la coordinación de posturas de los licitantes, lo cual es colusión.
Para resolver esta situación, la comisionada presidenta del organismo presentó una agenda de competencia para un ejercicio íntegro de las contrataciones públicas.
En primer lugar, mencionó la emisión de un decreto presidencial que obligue la participación de la Cofece en licitaciones relevantes para garantizar condiciones de competencia.
Así como crear un mercado virtual y obligar, a través de un decreto, a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a realizar sus compras pequeñas de bienes homogéneos a través de este.
Obligar a las dependencias a requerir que los licitantes declaren cuando, en caso de ganar, planean subcontratar, a quién y por qué, y no se permita subcontratar a perdedores de la licitación; y cuando se acepte la participación conjunta, no permitir que las empresas concursen en grupo y de manera individual.
La propuesta también incluye incrementar los estándares para la aprobación de los convenios modificatorios como plazo, monto y cantidad y transparentar las modificaciones de concesiones, permisos y/o contratos, y citar a la discrecionalidad de las mismas.
Aplicar la inhabilitación, que ya está prevista en la Ley General de Responsabilidad Administrativa, a los agentes económicos sancionados por colusión, en términos de Ley de Competencia, para participar en concursos públicos subsecuentes.
Adicionalmente, propuso siete acciones que requieren modificación legislativa como obligar a realizar las investigaciones de mercado sólidas y transparentarlas, así como acortar los supuestos para contratar por procedimientos diferentes la licitación pública abierta.
También eliminar la excepción prevista para las contrataciones entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Permitir la participación de otros licitantes interesados en los procedimientos restringidos y restringir la participación simultánea de empresas de un mismo Grupo de Interés Económico para evitar simulación de competencia.
Propone también la transformación del mecanismo de puntos o porcentajes a uno de evaluación en dos etapas y crear una Ley General de Contratación Pública que se apegue a los estándares internacionales.
Alejandra Palacios señaló que cuando hay competencia por los contratos de gobierno, se restringen los sobreprecios, reducen los espacios para el favoritismo y el tráfico indebido de influencias y se dificulta la formación de acuerdos colutorios orientados a extraer ganancias ilícitas mediante relaciones de complicidad entre supuestos competidores, o entre un oferente y un servidor público
