Ciudad de México.- El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) recomendó dejar sin efecto el Protocolo para la Inspección y Análisis de la Calidad e Inocuidad de la Leche del estado de Chihuahua, publicado en mayo de 2017, ya que discrimina a los productores de leche de otros estados, a la vez que otorga ventajas exclusivas a favor de los productores o comercializadores locales.
En un contexto de sobreproducción del lácteo que derivó en protestas públicas por parte de los productores, en diciembre de 2016, el Gobierno estatal y la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua plantearon que frenarían la introducción de leche procedente de otras entidades federativas como una medida sanitaria, para proteger la economía de los productores chihuahuenses y combatir una situación de excedentes.
Ante este escenario, el Ejecutivo definió una serie de acciones entre las que destacan la emisión de un protocolo de sanidad, así como la integración de un Consejo Estatal de la Leche y ajustes al Sistema Estatal de Compras Públicas para que el producto que adquieran las dependencias estatales provenga de los productores locales.
Aunque el Protocolo pretende establecer especificaciones, procedimientos y métodos para “garantizar la salud pública, la inocuidad y la calidad de la leche” y su aplicación es a productos lácteos en general, su contenido se refiere a mecanismos para verificar e inspeccionar los productos que provienen de otros estados, como: la documentación requerida para permitir su ingreso; los supuestos para que no entre el producto a la entidad, y la localización de las casetas ganaderas y zoosanitarias como puntos de inspección. Por ejemplo, identifica un solo punto de inspección, localizado en el municipio de Jiménez, justamente sobre la principal vía de acceso carretero y la única por donde pueden circular los camiones de esa capacidad de carga, desde Durango y Coahuila a las ciudades más grandes de Chihuahua. En este sentido, el Protocolo restringe la oferta y protege a los productores locales en perjuicio de los consumidores.
Por otro lado, existe un marco regulatorio federal de aplicación obligatoria -en particular diversas normas oficiales mexicanas para la leche y sus derivados- y con el Protocolo el Gobierno del Estado se estaría duplicando o imponiendo mayores requisitos, lo que implica costos adicionales y distorsiones a las cadenas productivas que derivan de la leche.
