Ciudad de México.- El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) envió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto al detectar riesgos que afectarían a los consumidores y a las empresas.
“El cambio de modelo afectaría a consumidores y empresas mexicanas por tarifas de electricidad más caras; también podría lastimar las finanzas públicas debido al uso ineficiente de recursos y a la aplicación de subsidios”, advirtió la Comisión.
El organismo regulador recomendó consolidar un modelo eléctrico competitivo que sea capaz de abastecer electricidad en las mejores condiciones y apoye el desarrollo del país.
También destacó que si se aprueba la iniciativa de AMLO, se va a eliminar la competencia en el sector eléctrico y los mecanismos de regulación que permiten su desarrollo eficiente.
“La Cofece advierte que la iniciativa renuncia de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro (comercialización) de electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado, el cual ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas”, indicó en un comunicado.
El organismo regulador añadió que en la propuesta no se integran mecanismos para asegurar que la electricidad generada y despachada tanto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por privados en el sistema sea la menos costosa.
“Un cambio como el que se propone retrasaría la salida del mercado de las centrales de generación más viejas, contaminantes e ineficientes; asimismo desincentivaría la instalación de nuevos proyectos que pudieran operar con tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente”, señaló la Cofece.
Además, agregó que la cancelación de todos los permisos de generación y contratos de compraventa de electricidad vigentes con el sector privado se traduciría en una restricción de la oferta, así como en una inutilización de activos y en mayores desincentivos a la inversión.
“El cambio de paradigma propuesto ocasionaría un aumento de costos a lo largo de la cadena de valor de la industria eléctrica, lo que provocaría un aumento de tarifas que lesionaría el bienestar de los consumidores y la posición competitiva de las empresas, o bien un desvío de recursos para subsidiar un servicio público ineficiente”, concluyó.
