Ciudad de México.- Con el objetivo de aclarar los parámetros usados para la entrega de apoyos del Fonden a damnificados del sismo del 19 de septiembre en la CDMX, la Comisión de la Ciudad de México, que encabeza la diputada Cecilia Soto González (PRD), se reunió en mesa de trabajo con los secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México.
Soto González indicó que el presupuesto del próximo año para la Ciudad de México, “deberá reflejar las necesidades de la urbe antes las situaciones extraordinarias por los sismos del 7 y el 19 de septiembre”.
Pidió a los funcionarios comentar qué posibilidad hay de invertir en pozos profundos que cuenten con sensores para conocer sobre la deformación del subsuelo de la urbe, y si es posible contar con instrumentos para conocer la forma en cómo se comporta el suelo.
El diputado del PVEM, Samuel Rodríguez Torres, preguntó a los funcionarios qué prevalece en los casos de los inmuebles que se vieron afectados indirectamente -situados a los costados de construcciones severamente dañadas-, cómo se están evaluando, y la forma en que se aplicará los 166 millones pesos en conjunto con Sedatu y los 100 millones del FAES.
Del PAN, el diputado Héctor Barrera Marmolejo interrogó sobre los inmuebles pendientes por demolición y si habrá variantes en la totalidad de edificios; además, si hay una cifra exacta del dinero obtenido mediante donaciones, ya sea por parte de fundaciones, organizaciones sociales, actores o iniciativa privada.
Respecto de los recursos del Fonden, dijo que debe apoyarse a las delegaciones afectadas, independientemente de las reglas de aplicación, de forma transparente y honesta. “No hay capitalinos de primera o de segunda, debemos apoyarlos por igual”.
El diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) solicitó a los secretarios explicar si mediante las observaciones y estudios que han realizado puede deducirse el cumplimiento de la norma para construcciones seguras. ¿Se tienen edificios con problemas de 1985 para acá, qué tanto el incumplimiento de la norma influyó en la destrucción de inmuebles?
Lamentó que en algunos casos, los ingenieros enviados para la revisión de casas y edificios, quieran cobrar hasta 150 mil pesos por emitir un dictamen.
El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) señaló que existe desconocimiento por parte de los ciudadanos en edificios que fueron revisados, y que presentaron daños menores, pero no estructurales, ya que no se les otorga el dictamen.
Sobre la Ley de Reconstrucción, dijo que este proyecto carece de precisión sobre cómo ayudar a la gente que era dueña, mediante sucesión o herencia, de un inmueble destruido, pero que carece de un título de propiedad. Propuso revisar la reserva territorial de la ciudad que pudieran integrarse a la metrópoli.
La diputada Ariadna Montiel Reyes, de Morena, aseguró que la principal queja de personas que sufrieron daño en sus viviendas es que los especialistas o Director Responsable de Obra (DRO) les piden de 80 a 100 mil pesos por realizar un dictamen. “Hoy tenemos un conjunto de personas que no han podido dictaminar su casa porque carecen de los recursos”.
Pidió esclarecer el mecanismo para la dictaminación, así como que brinden un informe de cuántos inmuebles han sido revisados por delegación.
La diputada Nora Liliana Oropeza Olguin (PRI) requirió a los titulares informen cuántos inmuebles se han identificado como afectados, y cuántos faltan por ser revisados.
Al dar respuesta, el titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, explicó que los recursos del Fonden se darán de forma directa a los damnificados mediante tarjetas para la compra de material y asesoría técnica para la reconstrucción, y sólo será en ocho delegaciones en las que se presentaron daños por el movimiento telúrico.
Sobre el número de inmuebles a demoler, precisó que hasta el momento se han identificado 50, de los cuales 24 ya están dictaminados. Indicó que muchos de los daños de edificaciones aledañas a las afectadas fue por no respetar los límites de colindancia, ni la altura.
Agregó que de los más de 15 mil inmuebles evaluados, 94 por ciento son construcciones anteriores al 85, además de que los dictámenes fueron realizados de manera gratuita, a través de un Procedimiento de Cédula de Evaluación Postsísimica, los cuales fueron realizados por alrededor de 4 mil 500 brigadistas, que iban desde DRO, estructuristas e ingenieros, entre otros.
“Siguen pendientes mil 500 solicitudes de dictaminación, más otras para edificios afectados que sus dueños no presentaron la solicitud”.
Destacó que el mayor daño (80 por ciento) fue en edificios de hasta 6 niveles, mientras que otro 14 por ciento se registró en inmuebles de hasta 10 niveles.
En cuanto a las donaciones, puntualizó que el gobierno de la Ciudad de México no ha recibido ninguna de forma directa, sino que fueron a través de fundaciones que se coordinan con afectados para la reconstrucción de viviendas.
En lo que refiere al uso de la reserva territorial, dijo que el proceso depende de diferentes factores. Sobre la posibilidad de pozos para conocer el movimiento de las capas de la tierra, dijo que “no es un tema sencillo”.
El secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, Edgar Tungüí Rodríguez, consideró que la normatividad de construcción ha sido suficiente, incluso sufrió modificaciones en 1994, pero es revisada de forma constante para conocer si se puede modificar para mantenerla actualizada.
Sobre las demoliciones, dijo que para esta etapa se han dispuesto 260 millones de pesos; sin embargo, se requerirán para este fin y remover el escombro por lo menos 800 millones de pesos más, especialmente porque se espera que lleguen a 100 las construcciones que deban ser derribadas.
“Se permite a los damnificados la recuperación de sus pertenencias, siempre y cuando la entrada al inmueble no represente un riesgo para la integrad de las personas o un riesgo de colapso”, expuso.
Dijo que vale la pena instrumentar algunos edificios, para conocer cuál es su comportamiento en futuros eventos, lo cual ayudaría a recabar datos para mejorar los procesos de construcción.
