- Programa antiinflacionario, acuerdo sesgado
- Preocupación por la base electoral
- Copia del pasado, afirman especialistas
Agustín Vargas *
De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado que realizó Banxico durante abril, se anticipa que la inflación general y subyacente alcancen un nivel de 6.75% y 6.0%, respectivamente, al cierre del año, lo que implica incrementos de 95 y 53 puntos base respecto a la encuesta del mes anterior.
Igualmente, para el 2023, se elevaron las expectativas inflacionarias a 4.13% y 4.00%, respectivamente. Con relación a la actividad económica, los especialistas ahora estiman un crecimiento de 1.7% para 2022, menor que el de 1.8% esperado hace un mes. Para 2023 la expectativa de crecimiento permaneció en 2.0%.
La problemática de la economía efectivamente se ha complicado aún más con el repunte de la inflación. Para la primera quincena de abril, la inflación anual -es decir el incremento porcentual del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) respecto a igual quincena del 2021- alcanzó 7.72%, tasa no vista desde hace 20 años.
Esto, por supuesto, revive múltiples preocupaciones relacionadas con lo ocurrido en las últimas décadas del siglo pasado, cuando a menudo la inflación parecía no tener remedio y la economía estaba totalmente asfixiada.
El presidente López Obrador parece estar preocupado por el brote de la inflación, debido, particularmente, por el efecto que pueda tener en el poder de compra y el ánimo de su base electoral, entre otras razones. En ese contexto, anunció que se trabaja en un programa de combate a la inflación y a la carestía, cuya presentación está prevista para este miércoles 4 de mayo.
Para su elaboración, se convocó a un grupo de empresas distribuidoras de alimentos y a otro de productores. La idea es una especie de pacto negociado que buscará efectos durante 6 meses para reducir o contener la presión sobre los precios de 24 productos. En las primeras reuniones las autoridades de Economía y Hacienda aseguraron que no se busca un control de precios con topes.
Cuando se cuestionó al presidente sobre si esto implica un control de precios, respondió: “Sí. No control de precio, vamos a garantizar Precios de Garantía, vamos a garantizar precios justos, para no hablar con redundancia, en los básicos. Precio de Garantía, que es otro instrumento importante, en maíz, en frijol, en arroz, en leche, es parte del plan”. Aunque no dio más detalles que lo que esto significa.
En las reuniones se consideraron varios temas que pueden aligerar la presión sobre los precios, como evitar incrementos del costo de los combustibles, medidas para impulsar la producción de granos, seguridad en las carreteras, exención de la carta porte, control de las tarifas de peaje, eliminaciones de cupos de importación y reducciones de aranceles, entre otros.
El pacto se concentra explícitamente en 24 productos. 14 de ellos pertenecen a rubros genéricos de canasta básica en el INPC y la mayoría son alimentos (22).
Copia del pasado
Aunque falta ver como se concreta con detalle, para muchos el acuerdo es un instrumento similar al Pacto de Solidaridad Económica (PSE) que se usó a fines de los años 80s y principios de los 90s para combatir la inflación en México, de manera más o menos parecida a otros programas “heterodoxos” de la época como los planes Real y Austral de Brasil y Argentina, respectivamente.
Pero este programa tendrá que diferir mucho del PSE de los 80s y 90s. El PSE utilizaba “anclas” macroeconómicas para enfriar la inercia inflacionaria. Era tripartita y cada parte aportaba algo concreto y poderoso: el gobierno se comprometía a un ajuste fiscal sustancial y a mantener una cierta trayectoria del tipo de cambio a futuro; los sindicatos moderaban sus aspiraciones salariales basándose en la inflación “esperada” o programada hacia adelante en vez de la pasada; y el gobierno negociaba ampliamente con el sector privado organizado una contención de precios.
Las negociaciones eran largas y detalladas. A menudo a nivel de ramas y hasta productos muy específicos (como el bolillo, por ejemplo). Se lograron acuerdos que hoy se ven difíciles de alcanzar simplemente por citar a algunas empresas a grupos de trabajo. Y no hay que olvidar que, a diferencia de los tiempos del Pacto, hoy los acuerdos de precios están en principio prohibidos por la ley de competencia económica.
Es posible que el interés del presidente sea simplemente afirmar en el futuro, en unos seis meses, que la canasta a la que se refiere no aumenta de precios. No sería la primera vez en la que en su discurso descalificara la validez de indicadores generales y robustos como es el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Bastaría con que su retórica subrayara que su genial programa asegura la estabilidad de la canasta básica “del pueblo” y que el resto del aumento del INPC afecta a otros productos, los que consumen los “fifís”, “neoliberales”, “conservadores” y, en general, sus “adversarios”. Ya se verá.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
