Ciudad de México.- El establecer precios máximos al gas LP pone en riesgo a decenas de empresas que pueden irse a la quiebra al enfrentar dificultades para operar con esta medida del gobierno federal, alerta la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Luego del paro de comisionistas del gas LP, el organismo empresarial encabezado por José Medina Mora mostró su preocupación por la intervención del Estado para establecer un tope en los precios.
“Esta decisión podría fomentar el mercado negro, generar desabasto y provocar alteraciones. La medida, que impactaría positivamente al consumidor, pone en riesgo de quiebra a docenas de empresas”, indicó.
Aunque la Coparmex reconoce la necesidad de dar una solución definitiva a los constantes incrementos en el precio del gas, a su vez considera que las decisiones tomadas por el ejecutivo federal no abonan a la competitividad que necesita el país, esto en referencia a la creación de la empresa Gas Bienestar y los precios máximos fijados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Agrega que con base en la experiencia negativa que se tuvo en México con los precios fijados por la autoridad de manera arbitraria en los años 70 y principios de los 80.
“Consideramos que una de las vías factibles para la resolución de esta problemática es la de fomentar la participación público-privada en la extracción y explotación del gas, además de que se utilicen los elementos contemplados en la ley para focalizar el subsidio”, propone la Coparmex.
Explicó que las fijaciones artificiales de precios provocan que empresas salgan del mercado, por lo que el gobierno debe rectificar la medida implementada, ante un riesgo latente de desabasto como el que se vivió el martes y parte del miércoles con el paro de comisionistas, que afectará al comercio, la industria y los hogares mexicanos teniendo como resultado un grave impacto económico para el país.
“Tal como lo consignamos en la #AlertaRegulatoria especial emitida esta semana, el proyecto presentado por la CRE aprobado fast track por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y publicado el mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), debió someterse a una consulta pública, pues implica afectaciones directas a la competitividad”, reiteró.
