Ciudad de México.- José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana(Coparmex), pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador aplazar la entrada en vigor de los cambios de la ley subcontratación, ya que de no hacerlo quedarán en el limbo e indefensión unos 3 millones 100 mil trabajadores.
“Les solicitamos que la ampliación planteada sea tal que se homologue el plazo al 1 de enero de 2022, con la finalidad de que tanto el sector público como el sector privado podamos cumplir cabalmente con las medidas contenidas en la reforma aprobada”, dijo el empresario.
El líder del organismo empresarial pidió al Poder Legislativo y al Ejecutivo para que los artículos transitorios de la reforma sean ajustados.
“Ésta podría ser la población trabajadora que aún está vinculada a empresas a las cuales brindan servicios y que no han logrado concluir la sustitución patronal o el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)”, manifestó el representante del sindicato patronal.
La justicia social debe tener como uno de sus pilares la posibilidad de acceder a empleos formales, dignos y bien remunerados que hoy ante el difícil contexto por la pandemia son tan necesarios, expresó.
“Ampliar y homologar los plazos concedidos en los transitorios de la reforma permitirá contar con la flexibilidad suficiente para que desde el sector empresarial sigamos poniendo nuestro granito de arena para salir adelante”, comentó el presidente de Coparmex.
Mora Icaza agregó que están “conscientes que el objetivo primordial de esta reforma es eliminar las malas prácticas ante las cuales muchas empresas se valían del uso de la figura de subcontratación para eludir sus responsabilidades laborales, fiscales y sociales“.
De igual forma, dijo, entienden que la intención es buscar que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores quienes ante tal abuso habían sufrido un detrimento en sus condiciones generales de trabajo.
“Las empresas han transitado con el ánimo de ajustarse a la reforma; sin embargo, el proceso de regularización ha resultado complejo ante los plazos tan reducidos que para tal efecto otorgó la autoridad al sector privado, donde claramente existe un trato discriminatorio en comparación a las entidades de gobierno a quienes se les dio como concesión un plazo al 1o de enero de 2022“, expuso.
