Como solución a la situación urbana de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno presentó en diciembre pasado un plan de regeneración urbana que ha levantado dudas en distintos sectores respecto a su proyección y su ejecución
José M Gijón Anaya
Hacia finales de 2019, la jefa de Gobierno de la Ciudad de Mèxico (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, concretó la presentación de su Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, el cual contempla la creación de 12 corredores urbanos dentro de la capital del país.
De acuerdo con la funcionaria, mediante la iniciativa de su administración se hace un cambio en el modelo de desarrollo de la ciudad, pasando de ser excluyente a incluyente. Un modelo que pasa de la opacidad a la transparencia y que ofrece derechos a las personas por encima de los automóviles.
El esquema de desarrollo urbano considera hasta la fecha la construcción de hasta 20,000 viviendas incluyentes en un periodo de 5 años dentro de zonas de la ciudad que ya cuentan con servicios básicos y que se encuentran próximas a centros de trabajo y servicios de transporte, con una inversión máxima de hasta 23,000 millones de pesos.
El Centro Histórico, Eje Central, Pino Suárez-Tlalpan, Hidalgo-México Tacuba, Ferrocarriles Nacionales-Xochimanca, Reforma Norte, Chapultepec, Insurgentes Norte, Atlampa, Vallejo I, Tacubaya y la Zona Rosa son los sitios donde se proyectan las edificaciones, puesto que se trata de lugares donde el tejido social y urbano está deteriorado.
De esta forma, los corredores planteados por la actual administración de la ciudad contarán con beneficios fiscales y facilidades en los trámites para el desarrollo de vivienda siempre y cuando haya un compromiso legal de destinar el 30% de las construcciones a la vivienda incluyente planteada por Sheinbaum Pardo.
Ante la iniciativa de la jefa de Gobierno se han destacado los beneficios que puede traer para la capital, pero también se han planteado serias dudas respecto a su viabilidad.
Según explica Pablo López Gallardo, director de investigación de mercados de la plataforma inmobiliaria Solili, entre los efectos positivos del proyecto de regeneración urbana se encuentra que potencializará la infraestructura industrial, lo que a la larga redundaría de forma holística en un beneficio para el sector.
Enfatizó que existe interés de nuevos desarrolladores inmobiliarios en detonar proyectos de naturaleza industrial, puesto que estos diversificarían la oferta actual, enfocada únicamente al impulso de actividades del sector de comercios y servicios.
Otro punto que destacó López Gallardo respecto al programa del gobierno de la CDMX es el plan Vallejo-I, que pretende reactivar la zona industrial caída en decadencia tras la falta de políticas públicas enfocadas a la atracción de capitales para la zona. Se realizará una inversión de más de 700 millones de pesos en el lugar, lo cual se suma a los 300 millones que le fueron destinados en 2019 para la reubicación de una planta de transferencia de basura y la edificación de una planta moderna de separación de residuos.
Por su parte, Héctor Magaña Rodríguez, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, señaló que el desarrollo de los corredores y la zona industrial son positivos, pues generan confianza entre el empresariado, distanciándose de la incertidumbre imperante durante el año pasado.
“Si estos proyectos cumplen con los recursos presupuestados y con las obligaciones estipuladas, tanto para la parte pública como para la privada, se incrementarán los niveles de confianza (…) resultará más común la puesta en marcha de futuros proyectos que incentiven la actividad económica de la entidad”, aseveró el investigador del CIEN.
Por otro lado, Javier Barrios Sánchez, director general de Grupo Mira, planteó la posibilidad de que el programa tienda a ser muy limitante por el tipo de zonas al cual se dirige. “No creo que se deba cerrar a la regeneración de zonas industriales (…) Esos son proyectos grandes, ella (la jefa de Gobierno) no los prefiere, yo creo que tienen que ser una mezcla”, afirmó.
Aunado a ello, Barrios Sánchez opinó que la política debería enfocarse a regenerar zonas céntricas que cuenten con infraestructura urbana y densificarlas, además de que se tienen que empezar a buscar otros modelos de menor escala que permitan seguir desarrollando.
No obstante, entre las críticas más severas que se han hecho al programa de Claudia Sheinbaum se encuentra el que el proyecto carece de estructura y que es similar a las propuestas realizadas en administraciones pasadas.
Entre las comparaciones se encuentra el polémico proyecto del Corredor Cultural Chapultepec propuesto por el anterior jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el cual estaba a cargo de la paraestatal ProCDMX, entonces dirigida por Simón Levy.
El parque lineal elevado, pensado para ir de la colonia Juárez hasta la Roma Norte y que se financiaría mediante la inversión privada de mil millones de pesos, fue considerado por los vecinos de la zona como una privatización del espacio público en pos de la creación de nuevos espacios comerciales a favor de particulares, lo que llevó a diversas manifestaciones y finalmente a su cancelación.
Para evitar una situación similar, la Alianza para la Regeneración Urbana (ARU) indicó que el gobierno de la ciudad debe realizar un trabajo comunitario intenso de por lo menos 12 meses para afianzar los lazos de cooperación con los vecinos y generar las condiciones adecuadas para garantizar la reestructura del tejido urbano y social en los corredores.
Según Louise David, directora de la ARU, tanto autoridades como expertos en regeneración urbana y participación social deben trabajar con los habitantes de las zonas para lograr “resultados que perduren en los corredores que serán intervenidos con proyectos inmobiliarios de vocación social”.
Para esto, señaló, se debe realizar un diagnóstico que permita conocer tanto a los vecinos como a la población flotante de cada polígono, además de iniciar diferentes procesos de consulta, de diagnóstico participativo, de diseño participativo y de información sobre las mejoras deseables en el barrio, espacio público, infraestructura o equipamiento. Todo de forma paralela a la construcción de los edificios.
“Esto tiene que comenzar ahora que se están planteando los polígonos, porque si no se crea de manera colectiva esa visión del futuro deseable de cada polígono, se corre el riesgo de que se perciba que sólo se está construyendo vivienda. Que es lo que los vecinos ya no quieren”, concluyó la especialista.
Por su parte, Mónica Tapia, miembro de la organización urbana Obra Chueca, destacó la falta de información en torno a las zonas que componen el proyecto de los corredores urbanos.
Afirmó que no se tiene “ni un catastro completo” para la planeación de la obra y que existen manejos opacos, pese a que legalmente se debe contar con un sistema de información abierto y un instituto de planeación, y calificó como “ocurrencia” al programa de Sheinbaum Pardo.
Como ejemplo referenció la Norma 26, que fue establecida en su momento para impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular en el suelo urbano pero que carecía de un mecanismo que vigilara que se construyeran y vendieran los edificios como ese tipo de vivienda, lo que llevó a su suspensión desde inicios del gobierno de Mancera.
“Lo que pasó es que vendieron esos departamentos como de lujo (…) les pasamos ese subsidio que se apropiaron de él y hoy no tenemos ningún mecanismo para evitar que vuelva a ocurrir”, insistió Tapia.
Aunado a esto se encuentra el tema de la Ley de Planeación y su respectivo instituto, los cuales fueron aprobados posteriormente al anuncio del programa pese a que su función es precisamente definir las políticas de desarrollo urbano de la ciudad.
“Deberían estar esos corredores sujetos a esa planeación (…) debe ser paso por paso, si no es ocurrencia, más que ya se le ocurrió a Ebrard y a Mancera. Seguimos con ocurrencias y sin planes a 20 años como dice la Constitución”, sentenció la activista.
