Cuidad de México.- En 2016, los costos monetarios del cumplimiento de las regulaciones en empresas se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, que representan 0.56 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
El costo por actos de corrupción ascendió a mil 600 millones de pesos, con un pago promedio por unidad económica de 12 mil 243 pesos, y de ello da cuenta que al menos 64.6 por ciento de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), se indicó que del total de las unidades económicas, 20.2 por ciento señaló que el marco regulatorio, es decir aquellas normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos según su actividad, representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.
La encuesta se llevó a cabo del 31 de octubre al 15 de diciembre de 2016, a un total de 34 mil 681 unidades económicas a nivel nacional y por entidad federativa en los sectores de minería, manufacturas, construcción, electricidad, servicios, transportes, comercio y comunicaciones, pertenecientes al sector privado y 42 municipios y delegaciones estratégicos.
Se dijo que en promedio, en cada unidad económica del sector privado se gastaron 48 mil 871 pesos por cargas administrativas y en la mitad de las unidades económicas, 50.9 por ciento se consideró que las cargas a las que estuvieron sujetas en 2016 fueron mayores o iguales de pesadas en relación con las de 2015.
Según el INEGI, durante el año pasado se efectuaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales, lo que implica un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica.
Mientras que los trámites por los que tuvieron la necesidad de acudir a instalaciones de gobierno ya fuera por inicio o seguimiento de averiguaciones previas (96.8 por ciento), conexión al sistema de aguas local (95.7) y apertura de establecimiento (94.9 por ciento de los casos).
Se dijo que en 64.6 por ciento de las unidades económicas se considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites; en 39.4 por ciento se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7 por ciento se originan por la obtención de licencias o permisos.
Así, en 2016, los costos para las empresas por actos de corrupción ascendió a mil 600 millones de pesos, con un pago promedio por unidad económica de 12 mil 243 pesos.
El INEGI señaló que quienes más recienten este tipo de actos son las medianas empresas, y que los estados de Quintana Roo, Tlaxcala y Morelos concentran 20 por ciento de las empresas víctimas de actos de corrupción.
El secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, dijo que la encuesta del INEGI seguramente servirá para corregir los obstáculos en todos los niveles de gobierno, con el fin de apoyar el desarrollo y productividad de las empresas.
“La encuesta va a contribuir a afinar la puntería en todos los niveles de gobierno, en las diferentes áreas gubernamentales. Nos permitirá comparar la eficiencia de las diferentes entidades municipales, como receptores de inversión y receptores económico, no solo en el sector de regulación y tramitología, también en infraestructura productiva, servicios y seguridad”, dijo.
Señaló que debe considerarse la ley secundaria de Mejora Regulatoria en el próximo periodo de sesiones del Congreso, principalmente para construir el catálogo nacional de trámites y regulaciones, mejores prácticas y participación ciudadana.
Y si bien reconoció que esta encuesta es más amplia, ello no implica que el Gobierno no tenga instrumentos para definir las estrategias en la materia.
