Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este jueves al presidente Joe Biden a poner fin al programa Quédate en México, introducido por Donald Trump y bajo el cual se envía de vuelta a solicitantes de asilo para que esperen la resolución de sus casos al otro lado de la frontera.
Por una estrecha mayoría de cinco contra cuatro, los jueces dictaminaron que poner fin a esta política no viola la ley de inmigración.
El fallo judicial es una excelente noticia para la política migratoria de Biden, que se encontraba contra las cuerdas, y un balón de oxígeno después de varios reveses políticos por las últimas sentencias de la Corte Suprema sobre el aborto, el porte de armas o la lucha contra el cambio climático.
El gobierno estadounidense pedía a la Corte que revisara el fallo judicial emitido en diciembre por un tribunal de apelaciones que le ordenaba mantener los Protocolos de Protección al Migrante (conocidos como «Quédate en México» o MPP) introducidos por su predecesor, el republicano Donald Trump, en 2019.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, junto con el conservador Brett Kavanaugh y los tres jueces liberales dictaminaron que la ley federal de inmigración otorga discrecionalidad al poder ejecutivo, es decir que puede expulsar a solicitantes de asilo o no.
Roberts, autor de la opinión mayoritaria, argumentó que la normativa establece que «en el caso de que un extranjero» llegue desde un territorio contiguo a Estados Unidos se le «puede devolver» mientras espera que se resuelva su procedimiento migratorio.
Esto «confiere claramente una autoridad discrecional», señala, insistiendo en que la corte «ha observado en reiteradas ocasiones» que «la palabra «puede» claramente connota discrecionalidad».
En cuanto llegó a la Casa Blanca, Biden suspendió el plan migratorio Quédate en México pero un juez de un tribunal del estado de Texas ordenó que se restableciera «de buena fe».
El 6 de diciembre, Estados Unidos reactivó parcialmente el programa, tras haberlo consultado con México, para cumplir con esa orden, mientras seguía adelante con un recurso interpuesto ante el tribunal de apelación, que dio la razón a la corte de distrito.
La Casa Blanca considera que el programa Quédate en México es «ineficaz e inhumano».
Sus detractores, entre ellos las asociaciones de defensa de los migrantes, estiman que Quédate en México expone a los solicitantes de asilo a situaciones peligrosas en la frontera y a condiciones precarias.
El flujo de migrantes por México, en su mayoría centroamericanos, ha aumentado bajo la presidencia de Biden debido a sus promesas de una política migratoria «justa y humana».
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en mayo se batió un nuevo récord en el número de encuentros con migrantes irregulares en la frontera sur de EU (239,416), es decir cada vez que uno de ellos llega y se entrega a una autoridad o cuando trata de cruzar y es detenido.
Desde la implementación de la política en enero de 2019 hasta su suspensión bajo Biden, casi 70,000 personas fueron enviadas de vuelta a México, según el American Immigration Council.
Durante el mandato de Biden, cada mes más de 200,000 personas que intentaron entrar en el país fueron enviadas de vuelta, invocando el MPP o una norma de salud pública aplicada desde la pandemia que bloquea a las personas en la frontera.
Los cruces fronterizos de migrantes irregulares son peligrosos, tanto por las condiciones inhóspitas de la región como por la presencia de traficantes de personas.
Esta semana al menos 53 personas murieron al viajar hacinadas en un tráiler sin ventilación en San Antonio, Texas.
Los republicanos criticaron el fallo judicial del Supremo.
«Solo envalentonará las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden» que debería «restablecer y hacer cumplir completamente» Quédate en México «para garantizar la seguridad en la frontera porque es lo único humano que se puede hacer», consideró el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) elogió, por el contrario, el fallo de la Corte. «Está en lo correcto al rechazar el argumento espurio de que esta política cruel es obligatoria por ley», opinó Judy Rabinovitz, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
